Tom West es asesor de INRAV, Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos
Oficiales públicos han saqueado –y siguen saqueando– miles de millones de dólares (o euros, ¿qué le importa la divisa a un ladrón?) del pueblo venezolano durante el régimen Chávez-Maduro. Héctor Schamis, profesor de Georgetown University, dijo: “la palabra ‘corrupción’ no alcanza para describir el saqueo en Venezuela”.
La pregunta es: ¿los países donde se encuentran estos corruptos venezolanos, o los activos que han robado –o ambas cosas– procesarán a estos ladrones, y confiscarán sus fondos para eventualmente devolvérselos a una Venezuela democrática? ¿El Banco Mundial con las Naciones Unidas actuarán para ayudar al pueblo venezolano a recuperar estos activos que precisará para la reconstrucción de su país?
Esa es la meta de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos, o INRAV, fundada en Florida, Estados Unidos, en el año 2019 por un grupo de venezolanos-americanos. INRAV, una organización sin fines de lucro, autónoma e independiente de intereses de partidos políticos, instituciones religiosas, organizaciones internacionales o gobierno alguno, espera movilizar a Estados, instituciones internacionales y ciudadanos para lograr la recuperación de los activos producto de actos de corrupción cometidos en Venezuela. Además, INRAV busca poner estos fondos a disposición del escrutinio público mediante mecanismos de transparencia, participación, colaboración e innovación social. Este proceso se realizará a través de la promoción de proyectos legislativos en los países con mayor concentración de activos, haciendo seguimiento a los proyectos ya existentes, promoviendo la participación ciudadana en el monitoreo de los activos y apoyando la alineación de los actores involucrados para facilitar el exitoso retorno de los recursos robados a Venezuela.
En EE. UU., INRAV sigue los casos en los tribunales federales en Miami, Houston y New York donde han procesado a varios oficiales corruptos de Venezuela y han incautado millones de dólares de fondos robados. Un caso famoso es de Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Chávez y luego tesorero de Venezuela, que admitió haber aceptado mil millones de dólares en sobornos. Los fiscales federales (U.S. attorneys) utilizan principalmente la ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) contra estos individuos.
A través de la Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development (VERDAD) Act , patrocinada por los senadores Marco Rubio (R-FL) y Robert Menéndez (D-NJ) y aprobada en diciembre de 2019, EE. UU. se compromete a confiscar estos activos para crear un fondo para devolver a una Venezuela democrática. La Ley VERDAD además ofrece “asistencia técnica” a otros países para que también actúen contra los corruptos y confisquen los dineros robados para contribuir a este fondo.
Actualmente EE. UU. busca extraditar de Cabo Verde al colombiano Alex Saab , el llamado testaferro de Nicolás Maduro. Liechtenstein y al menos tres otros países acaban de congelar 700 millones de dólares que posiblemente vienen del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos.
Además, INRAV está en contacto con varios grupos no gubernamentales en EE. UU., con una senadora de Canadá y con una organización en Suiza dedicada a la recuperación de activos robados. Y ahora mismo está buscando socios en España, Andorra, Italia y otros países donde se encuentren activos robados del pueblo venezolano.
