Tras una jornada de terror saldada con una decena de muertes en diversos episodios de violencia extrema, Ecuador ha visto materializada de la peor manera una crisis de seguridad que se erige como su principal desafío nacional. El asalto a un canal de televisión por un grupo de terroristas en Guayaquil ha sido acompañado por otros brotes violentos: incendio de automóviles, disturbios en universidades, destrozos en comercios…
El presidente Noboa ha reaccionado declarando el estado de excepción y el toque de queda. Se ha publicado un decreto ejecutivo que declara el “conflicto armado interno” e identifica como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes a distintos grupos criminales que vienen operando en el país y se ordena a las Fuerzas Armadas acometer las operaciones necesarias para neutralizarlos.
El presidente Noboa ha tenido la solidaridad de toda la región, y de eso hay que felicitarse. Su difícil tarea se enmarca en un mandato precedido por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y limitado a un horizonte de 16 meses de legislatura tras el adelanto electoral que sustanció su victoria.
Una vez proclamado electo, el presidente Noboa quiso dirigirse al país siendo muy claro en sus prioridades al manifestar que lideraría un proyecto político cuyo fin fuera devolverle “la paz al país, educación a la juventud, empleo a las personas que lo están buscando y tranquilidad a las familias que hoy no pueden salir a la calle». Su primera medida consistió en una convocatoria urgente del Consejo de Seguridad.
Durante estos meses, se ha estado trabajando en los cinco ejes contemplados en un “Plan de Trabajo” en materia de seguridad: (i) Programa de Desarrollo Socioeconómico Inclusivo. Enfocado en la creación de oportunidades de empleo, mejoras en el ámbito educativo y acceso a servicios básicos. Su objetivo: reducir la pobreza y la desigualdad como factores de riesgo que conducen a la violencia: (ii) Reformas en el sistema judicial y policial; (iii) Programa de Participación Comunitaria. Se están creando programas de vigilancia comunitaria y denuncia ciudadana, de diseño urbano preventivo, etc.; (iv) Mejoras en el sistema penitenciario. Se han programado inversiones en infraestructura penitenciaria para evitar la sobrepoblación en los centros; (v) Ciberseguridad. Está acometiéndose un Programa de Desarrollo Socioeconómico Inclusivo y Alfabetización Digital, cuyo objetivo es bajar los delitos cibernéticos y fraudes en línea. Se añade a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que contempla la colaboración público-privada. Son medidas bien orientadas, pero se enfrentan a una crisis de seguridad que estrecha enormemente los plazos en que es razonable empezar a obtener resultados.
Esta situación permite poner en perspectiva la crisis institucional y sus causas profundas, irresponsablemente alentada por fuerzas políticas que antepusieron su hostilidad hacia el expresidente Guillermo Lasso a su responsabilidad hacia el pueblo y el Estado ecuatoriano, propiciando injustificadamente la inestabilidad de la que se han aprovechado los grupos narcoterroristas.
En Ecuador la crisis de seguridad no es reciente. La práctica criminal de la delincuencia organizada incluye extorsiones, robos, asaltos de establecimientos, secuestros, asesinatos y narcotráfico. Los índices de muertes violentas hacen de Ecuador el tercer Estado de la región con la tasa más elevada, por detrás de Venezuela y Colombia. El narcotráfico internacional tiene al país en la diana por su posición geográfica y las bandas locales han consolidado redes colaborativas con otras radicadas en Colombia, México, Europa y Brasil.
El problema comenzó a abordarse de forma sistemática con la aprobación en 2014 de un Código Orgánico Integral Penal para compilar todo el corpus penal disponible en el momento; entonces no era la delincuencia organizada la prioridad y eso ha venido reclamando, según evolucionaba la situación, reformas procesales y de ejecución penal.
Hay que tener en cuenta, por otro lado, como factor de incidencia externa, el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC: se alteraron entonces los equilibrios entre estructuras delincuenciales y aparecieron actores nuevos que se resisten a entregar las armas y operan singularmente en la frontera con Ecuador. Más tarde, en el plano nacional, se adoptaron una serie de decisiones sobre la estructura estatal que han incluido la supresión del Ministerio de Justicia, lo que condujo a una pérdida progresiva de control sobre el sistema penitenciario, en peligro de captura por la delincuencia organizada.
Tras la pandemia, que acentuó la recesión económica, se desataron conflictos internos en el seno de algunas bandas (singularmente, la de “Los Choneros”) que propiciaron una peligrosa metástasis de grupos criminales decididos al reparto territorial de sus zonas de influencia respectivas. Y a todo lo anterior vino a sumarse un cambio en los patrones de consumo de estupefacientes en Estados Unidos, que ha encontrado su más conocida expresión en la boga creciente del fentanilo; esto ha supuesto que muchos pagos a las bandas locales se hagan “en especie”, generando a esas estructuras la urgencia de comercializar esa droga en el mercado interno para realizar su valor; resultado: la violencia callejera ha repuntado exponencialmente.
Estos eran los antecedentes a que se ha venido respondiendo desde las instituciones del Estado. En agosto de 2022 se promulgó la normativa reguladora del uso legítimo de la fuerza pública y en marzo de 2023 una Ley orgánica “para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral”. Incorpora nuevas facultades de investigación para la Fiscalía y reforma distintos tipos penales. En abril del mismo año, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado emitió un pronunciamiento que declaraba como terroristas distintos grupos de violencia organizada. Se han creado también Juzgados Anticorrupción con jurisdicción nacional.
El desafío al que se enfrenta Ecuador sigue reclamando un abordaje múltiple. Porque son múltiples los componentes de la crisis de seguridad que vive el país. La desigualdad, la situación del sistema penitenciario, los flujos económicos ilegales, el control de fronteras… son campos para una decidida acción de reforma normativa y de ejecución inmediata. Existen en el país y al frente de sus instituciones voluntad y recursos suficientes para entender, atajar, encauzar y superar esta crisis. En ese empeño, y con la esperanza del éxito, nuestra Fundación acompañará siempre al pueblo ecuatoriano. La solidez del tejido institucional, el imperio de la ley y la voluntad ciudadana de no desistir ante ningún chantaje criminal son recetas universales de comprobada eficacia. Todos debemos alentar a quienes hoy asumen la difícil responsabilidad de ponerlas en práctica en Ecuador.
