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Ecuador: frente a la incertidumbre y la polarización, responsabilidad de los demócratas

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El cambio de década ha supuesto un shock no solo sanitario, sino económico y hasta sistémico, por las dificultades adicionales que tienen los países de América Latina para hacer frente a todos los retos que ha puesto de manifiesto la pandemia mundial.

En este contexto, Ecuador ha inaugurado un intenso calendario electoral en la región con sus Elecciones Presidenciales, cuya primera vuelta se celebró el 7 de febrero. Y el pasado domingo, tras dos semanas de complejo recuento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha proclamado el pase a la segunda vuelta del correísta Andrés Arauz y el liberal Guillermo Lasso.

Como Observadora Internacional invitada por el propio CNE viví la primera vuelta junto a los 13 millones de ecuatorianos que tenían que elegir de entre 17 binomios presidenciales, en un clima de incertidumbre, miedo y polarización, alimentado además por los grupos de la izquierda mundial que desde el principio trataron de deslegitimar cualquier resultado que no fuera la aclamación de Arauz como presidente en la primera vuelta. Sin duda, una expectativa desmedida e infundada a tenor del resultado final (pues apenas recibió un tercio de los votos en primera vuelta), pero usada por otros observadores de la órbita de Podemos y el chavismo para agitar el fantasma del fraude electoral y justificar, quizás, la diferencia entre el apoyo real a Arauz, discípulo y seguidor de Correa, y su ilusión de hegemonía y rodillo social.

Acudí allí con la responsabilidad de una demócrata convencida y fui testigo de la utilización que de esta institución (la observación electoral) hacen en su beneficio los observadores profesionales de la izquierda política y “oenegera”. Con nombre y apellidos, hablo de Juan Carlos Monedero, quien vulneró en varias ocasiones la normativa electoral de Ecuador (el Código de la Democracia), cuyo artículo 180 dice claramente que “Los Observadores electorales, al momento de su acreditación, deben dejar sentado su compromiso de actuar con objetividad, imparcialidad y transparencia” (…) “No podrán bajo ningún concepto realizar proselitismo político de cualquier tipo, o manifestarse a favor de asociaciones que tengan propósitos políticos, grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos o candidato alguno”. Ello llevó incluso a que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, pidiera la revocación del estatus de observadores electorales del eurodiputado español Manu Pineda y del mencionado Juan Carlos Monedero.

Pero más allá de estas tristes anécdotas, el resumen de lo que observé desde la objetividad y neutralidad es que las instituciones ecuatorianas han puesto todo lo que estaba en su mano para garantizar el devenir democrático del proceso para promover la participación y superar los miedos inherentes a la crisis sanitaria. Así, ante el ajustado resultado, el CNE auspició un encuentro entre los dos candidatos que disputaban la segunda plaza y el pase a la segunda vuelta, de forma que Yaku y Lasso acordaron seguir el recuento minucioso y aceptar el resultado con transparencia y rigor, según la normativa ecuatoriana, como finalmente sucedió.

De nuevo, la izquierda podemita trató de erigirse en portavoz de las misiones de observación electoral internacional (¿¡con qué derecho me representáis!?), desacreditando estos pasos del CNE y el diálogo entre los candidatos en liza, descontextualizando su justificación legal y omitiendo preceptos del ordenamiento jurídico ecuatoriano en los que se amparaban dichas decisiones (léase, más allá del art. 137 que mencionan mutilado, el art. 141 del Código de la Democracia, que indica expresamente que “El Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias”).

El próximo 11 de abril tendrá lugar la segunda vuelta, que se presenta como un claro plebiscito sobre el correísmo del que, tímidamente, el país ha ido saliendo durante la legislatura que acaba de concluir. Ecuador tiene en sus manos la consolidación de un cambio que se inició el 7 de febrero, con el diálogo y el acuerdo de todas las fuerzas alternativas (que sumaron el apoyo de dos tercios de los votantes en la primera vuelta), lideradas ahora por Guillermo Lasso; y también la posibilidad de liderar en la región un nuevo rumbo lejos de los populismos que agotan las democracias.