El pacto entre el Partido Socialista y Junts causaría estupor si no fuera porque la ambición destructiva de Pedro Sánchez y la degradación acelerada a la que ha arrastrado a su partido hayan hecho verosímil cualquier locura como la suscrita en Bruselas.
Amnistía extendida a más de una década, impunidad generalizada para los amigos de Puigdemont por responsabilidades que nada tienen que ver con el proceso secesionista, comisiones de investigación para contradecir decisiones judiciales firmes, mediador internacional para garantizar los futuros acuerdos entre secesionistas y Gobierno, aceptación de la negociación de la autodeterminación con una aviesa referencia al artículo 92.2 de la Constitución con la pretensión torcida de hacerlo digerible, cesión –no gestión– de todos los tributos que se pagan en Cataluña, consideración privilegiada en inversiones y del supuesto impacto negativo sobre Cataluña del sistema de financiación, representación directa en instituciones de la UE y otras instituciones y organizaciones internacionales.
¿Hay algo en lo que no haya cedido, alguna pretensión que el PSOE no se ha limitado simplemente a firmar? El relato con el que los socialistas han querido rebozar su rendición es un monumento al cinismo y una pura y simple adopción del discurso secesionista. Según esta fabulación perversa, la culpa de todo la tiene el Tribunal Constitucional que, con mayoría “progresista”, depuró el estatuto de 2006 de los vicios de inconstitucionalidad que contenía. Lo demás son “déficits” financieros y democráticos que los socialistas mansamente adoptan como la interpretación propia de lo que fue, por encima de cualquier otra consideración, un golpe contra la Constitución, las leyes y los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
La indignación, además de su expresión legítima y pacífica, no puede llenarlo todo. Hay que hacer valer la institucionalidad democrática, española y europea, para afrontar lo que empieza por ser un desafío al pacto constitucional y se transforma en una amenaza a la integridad nacional y a la ciudadanía en igualdad. La frivolidad habitual de los portavoces socialistas puede banalizar los efectos de este acuerdo destituyente. Está en la línea de la carencia de escrúpulos que caracteriza el liderazgo de Pedro Sánchez. Pero normalizar que un prófugo dicte el Gobierno de España y que la impunidad pueda ser moneda de cambio para una investidura no hace más que confirmar la gravedad de esta política patológica que se ha impuesto en nuestro país.
Seguramente a más de uno le cueste creer que un partido como el socialista sea el precursor de este proceso de destrucción constitucional. Sin embargo, esta es la realidad. Pensar en que existe “otro” partido socialista a la espera de hacerse visible es simple voluntarismo. Y el PSOE ha optado por alinearse con el secesionismo, lo que le sitúa en contra de los millones de españoles que defienden sus instituciones y que se niegan a consagrar un privilegio insultante en favor de los que nunca han aportado, ni piensan aportar, ni convivencia ni solidaridad sino confrontación, ruptura y egoísmo.
Es, por tanto, la hora de las instituciones del Estado de derecho, de la sociedad civil organizada, de la solidaridad de quienes no aceptan la deriva iliberal que imprime el Partido Socialista y sus socios secesionistas arrollando los derechos de la ciudadanía, la independencia judicial, los consensos fundacionales de la democracia y la propia verdad histórica que busca subvertir la realidad para hacer pasar por gesta heroica lo que fue una intentona golpista.
La responsabilidad fundamental, decisiva, de lo ocurrido y lo que está por venir recae sobre el Partido Socialista, cuya memoria democrática y cívica, la verdadera, queda convertida en un simple recuerdo del pasado, en un espejismo desmentido. Sería de agradecer que los habituales del reparto nos ahorraran sus gesticulaciones patrióticas, su milimetrada oposición a los jefes del partido para continuar nadando mientras guardan la ropa. El margen para las declaraciones de los que realmente se oponen a esta indignidad está ya más que agotado. Ya sólo cabe juzgar hechos, no palabras.
La responsabilidad que adquiere el Partido Popular es, sin hipérbole alguna, verdaderamente histórica. Como primer partido de España, mayoritario en el Senado, gobernante en la gran mayoría de comunidades autónomas, diputaciones y capitales, está en condiciones de demostrar que las decisiones arbitrarias y lesivas que afectan a todos los españoles no pueden ser suplantadas por los dañinos arreglos partidistas guiados por la ambición y la venganza. Con toda serenidad, el PP bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo está en condiciones de hacerlo.
