La demagogia socialista suele presentar la corrupción como un efecto concomitante del mercado; y casi como un atributo potencial de cualquiera que abogue por la libertad económica: devorada por la codicia, una “derecha” inspirada en el egoísmo más depredador encarnaría todo lo que debe ser combatido. Desde Carlos Marx denunciando la “falsa conciencia” de quien osase cuestionar su Verdad “científica”, a Gabriel Rufián apostrofando a los socios de mariscada –“¡la izquierda no puede robar!”–, el tópico se despeña en densidad conceptual; siempre falso, de argumento abusivo desciende a chiste patético.
La historia deja claro que el récord de corrupción administrativa lo ostentan los países que implantaron el socialismo real y las autocracias que le han sucedido. En las sociedades de economía libre, las que más se aproximan a esas marcas han sido siempre las más intervencionistas. La correlación es obvia: cuanto más extensos y numerosos sean los poderes discrecionales de la Administración, mayor campo a la posibilidad de corromperse. Todo lo que estamos viendo en España sucedió precisamente cuando una situación excepcional –la pandemia– motivó la suspensión de los procedimientos ordinarios de contratación pública y nos aproximó a un esquema de economía de guerra, el modelo ideal de toda planificación socialista. Las oportunidades de corrupción crecen con el nivel de estatismo.
Aquí nos referimos a la corrupción en su acepción más próxima a la idea de soborno, el “peculado”. Es decir, al soborno de funcionarios o responsables públicos en el ejercicio de la misión que les ha encomendado la Administración. Pues bien, en cualquier soborno hay siempre tres afectados: el sobornante, el sobornado y el perjudicado. Pero ocurre que, en el soborno público, el perjudicado no es un individuo o una empresa, es la sociedad entera, porque los caudales desviados le pertenecen: todos somos robados.
Dado el incremento exponencial del sector público y de las áreas afectadas por la intervención estatal, algunos dicen que como aumentan las posibilidades de malversar, esa generalización disminuye la culpabilidad de quien incurre en tales prácticas; inconscientemente, es como dar por descontado que “las cosas son así”. Un tópico legitimador insostenible. A más posibilidades de corromperse, debería decirse, mayor exigencia: el abuso de confianza será una agravante, nunca una eximente. Hoy resulta desolador ver cómo tantos “guerreros de la justicia social” justifican la impunidad del ladrón de millones y el castigo del ratero al por menor.
Un gobernante que excusa su corrupción –o la que tiene próxima–, amparándose en la de un tercero, está minando su derecho a mandar: no es un superior, es un secuaz. Si “la corrupción de lo óptimo es pésima”, la del poderoso es la suprema corrupción pública. El Estado, por lo que tiene de imposición, es un mal inevitable, pero menor que la anarquía. El aparato estatal supone un coste para el contribuyente, pero ese coste es el que se refleja en el presupuesto de gastos al que corresponde otro de ingresos y, consiguientemente, unos impuestos y tasas, iguales para todos. El precio que paga el ciudadano por el Estado es la fiscalidad, y esta excluye cualquier otra forma de remuneración para los administradores de la cosa pública. No hay término medio para el Derecho: o Hacienda pública reglada o libre compraventa de servicios públicos. La malversación no es un apéndice de la Hacienda, es su degeneración en compraventa de prestaciones gubernativas. Si la excesiva presión fiscal crea el dinero negro, una administración corrupta origina en la economía un mercado negro no por escasez, sino por ocultación e indefinición.
Malversar caudales públicos significa que parte de los créditos oficialmente destinados a la inversión pública son, en realidad, gastos ocultos de personal –sobrinas incluidas–. Esta desviación convierte los Presupuestos del Estado –los sistemáticamente prorrogados también– en ficción. Una ley tan trascendental deja de ser verdadera, no ya por buscadas imprecisiones técnicas y por los grandes agujeros de los pagos aplazados o los créditos extraordinarios, sino por un constitutivo vicio de ejecución no detectable previamente.
Los ingresos procedentes de la corrupción han de mantenerse en su mayor parte ocultos para que no aparezca el cuerpo del delito. Desde luego, no tributan; pero, sobre todo, permanecen improductivos para el país. Unos son dedicados al gasto consuntivo suntuario –en nuestra cochambrosa actualidad: casoplones, furcias y marisco–; otros son blanqueados con alto coste especulativo; otros simplemente emigran a paraísos fiscales. La hipocresía tributaria que inunda el discurso de la izquierda resulta, en circunstancias como las presentes, literalmente estomagante.
Lo anterior alcanza un punto insoportable cuando a todo el coste económico, la inmoralidad de algunos no tiene inconveniente en sumar riesgos estratégicos tan inasumibles como peligrosos para España.
Contra la corrupción hay que luchar como contra las epidemias: el parangón –a la luz de lo que va desvelándose– es obligado. Con la diferencia de que, a la postre, la muerte es inevitable, mientras que el peculado puede erradicarse mediante el ejemplo, la eficaz inspección y la sanción rotunda.
“Ambiciona por el mérito, no por el favor”, decía Plauto en su comedia Anfitrión. Que en nombre de la “regeneración ética” unos ambiciosos sin mérito hayan hecho del Estado su botín, ya se ve, no tiene ninguna gracia.
