Que la desvergüenza del Partido Socialista y sus socios no tiene límites es una evidencia diaria. Que han convertido la política española en un barrizal de mentiras, destructivo para la democracia y el Estado de derecho en su estrategia se confirma en cada momento.
Veamos: el Partido Socialista firma la proposición de ley de amnistía, cede a sucesivas exigencias de los separatistas de Junts para asegurar su impunidad en todo caso y ataca a los jueces que investigan los actos de terrorismo y los tratos con Rusia para desestabilizar nuestro país y, de paso, al conjunto de la Unión Europea.
Es el Partido Socialista el que elimina el delito de convocatoria ilegal de referéndums, elimina el delito de sedición por el que fueron condenados los responsables del proceso secesionista que no se fugaron. El Partido Socialista rebajó el delito de malversación para salvar a los mismos secesionistas que dilapidaron fondos públicos para financiar sus actividades sediciosas.
El Partido Socialista considera ya que Puigdemont no es un prófugo de la justicia, sino un “exiliado”. Sus vergonzosas negociaciones con Junts están cubiertas de ocultación después de aceptar la presencia de un mediador internacional, salvadoreño para mas señas, y al parecer experto en conflictos civiles armados como el que sacudió por décadas su país de origen.
El Partido Socialista hace depender su Gobierno de quien ha sido ya señalado por el Parlamento Europeo, con nombre y apellidos, como un sujeto a investigar por los vínculos que Carles Puigdemont estableció con la Administración de Vladimir Putin para conseguir el apoyo de Moscú al desvarío independentista. El mismo Parlamento Europeo ha incorporado en el proyecto de Directiva anticorrupción –un texto legislativo– la prohibición de amnistías e indultos generales por delitos de malversación, entre otros. La imputación por terrorismo planea sobre Puigdemont, lo que nos puede deparar una coalición como la que apoya a Sánchez convertida en el repositorio de terroristas, convictos o presuntos, porque sería posible que, si prospera la imputación de Puigdemont, Bildu ya tenga la compañía de otros que también consideran que la violencia es un arma política legítima e inevitable si se trata de conseguir la independencia. De momento doce miembros de los llamados “Comités de Defensa de la República” esperan a sentarse en el banquillo acusados de terrorismo después de concluida la instrucción de su causa y abierto el juicio oral. Mientras tanto, el Gobierno convierte de nuevo sus ruedas de prensa en Moncloa y los recursos de la presidencia del Gobierno –al servicio de la causa partidista– en arma electoral contra el Partido Popular, a pesar de las reiteradas condenas de las autoridades electorales.
¿Y es el PP el que tiene que dar explicaciones? Ese “todo se sabrá”, que a modo de amenaza lanzó Puigdemont, si a alguien debe ir dirigido tiene que ser al Gobierno y al Partido Socialista y no a quienes en España y fuera de España trabajan para deshacer la estrategia de disolución del Estado democrático de derecho a manos de una execrable coalición de pillos y oportunistas. Que hable Puigdemont y Cerdán, que hable Bolaños, que hablen en Bruselas y Ginebra, que hablen los que siguen negociando para garantizar la impunidad de los golpistas no para discutir el qué –que ya han concedido a Puigdemont y los suyos– sino el cómo. Que se sepa, sí. Todo.
