Roberta Metsola es presidenta de la delegación de Malta en el Grupo PP del Parlamento Europeo y portavoz del PPE en la Comisión de Libertades Públicas
Desde hace veintiséis meses, hemos esperado que fueran llevados ante la justicia los criminales que están detrás del asesinato de la periodista de investigación sobre corrupción, Daphne Caruana Galizia. Hace casi un mes, revelaciones alarmantes implicaron a la oficina del primer ministro, Joseph Muscat –en concreto a su jefe de Gabinete, Keith Schembri– en el asesinato de Daphne y en su posterior encubrimiento. La corrupción de esta administración es profunda. El ministro Konrad Mizzi, que ha ocupado varias carteras clave en los gobiernos de Muscat, renunció ya a su cargo. Keith Schembri, antiguo jefe de Gabinete del Primer Ministro, quien también apareció en los ‘Papeles de Panamá’, también ha renunciado ya. Sin embargo, Joseph Muscat se niega a hacer lo mismo, insistiendo en que se aferrará al cargo durante 30 días más de caos.
El pueblo maltés se ha lanzado a la calle en protesta por la falta de voluntad de Joseph Muscat para renunciar a su poder y como desafío a la posición del primer ministro. Día tras día, el pueblo maltés ha demostrado su indignación y frustración ante las irresponsables acciones del primer ministro. Y es que saben que mientras Muscat esté en su puesto, no se puede hacer justicia –ni puede hacerse, ni puede verse que se vaya a hacer–. La situación se vuelve más urgente a medida que el tiempo pasa. Cada día que el Primer Ministro permanezca en el poder, existe un claro riesgo de que la investigación resulte contaminada. Muscat debe asumir inmediatamente su responsabilidad con el pueblo de Malta. Solo su inmediata renuncia al cargo puede evitar interferencias políticas que comprometan la integridad de la investigación y la búsqueda de justicia.
La adhesión a la Unión Europea obliga a todos los Estados miembros en principios y valores compartidos integrados en nuestros tratados. El Estado de derecho es el pilar sobre el que están construidas nuestras instituciones de la UE, así como las demás instituciones democráticas de cada Estado miembro. De forma que no solo el destino de Malta pende de un hilo. Si no hacemos responsable al actual primer ministro de Malta por sus claras violaciones del Estado de derecho, pondremos en riesgo los sólidos cimientos de toda la Unión Europea. Cuando Malta se unió a la Unión Europea, prometió cumplir con las normas. Dado que el gobierno de Muscat las ha infringido, deben efectuarse cambios de gran alcance para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro.
En nuestra resolución aprobada ayer por el Parlamento Europeo instamos a la Comisión a que inicie un diálogo con las autoridades maltesas sobre la situación del Estado de derecho. Al hacerlo, podemos ayudar al país a avanzar en la reforma de su sistema de justicia y en la defensa de la independencia de sus instituciones. Hemos hablado extensamente estas últimas semanas sobre la crisis política en Malta, pero ahora es el momento de actuar. No queremos castigar a ningún gobierno, a ningún partido político o a ningún individuo. Reconstruir la integridad del gobierno maltés y salvaguardar los derechos del pueblo de Malta restablece la integridad de la UE y salvaguarda los derechos de todos los europeos. Y significa también que Daphne Caruana Galizia no habría muerto en vano; su trabajo servirá para este propósito final.
Debemos asegurarnos de que disponemos de un marco que garantiza que todos los Estados miembros sigan desempeñando las normas fijadas en el momento de su adhesión. Debe diseñarse y ejecutarse un mecanismo paneuropeo de Estado de derecho para que ningún Estado miembro pueda violar impunemente nuestro Tratado. Los ciudadanos que en Malta protestan ante la oficina del primer ministro, exigen de Europa no solo palabras de apoyo, sino acciones concretas que demuestren que están a su lado. Los ojos del mundo nos están mirando, y nosotros no miraremos hacia otro lado.
