Las infraestructuras son un determinante clave del crecimiento y el desarrollo de las economías y son básicas para la cohesión territorial y social a largo plazo. Su construcción impulsa la productividad, el consumo y la creación de empleo, contribuyendo, en última instancia, a la competitividad de la economía.
La inversión en infraestructuras ha sido una prioridad del gasto público en España durante las últimas décadas, con un peso destacado de las infraestructuras de transporte, que en el período previo a la crisis financiera de 2007 suponían entre el 2% y el 3% de la inversión de las Administraciones públicas. Ese esfuerzo inversor se vio impulsado, desde la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, por la recepción de fondos estructurales comunitarios. Todo lo cual llevó a España a ocupar una posición de liderazgo en la escena internacional en términos de dotación de infraestructuras, especialmente las de altas prestaciones y capacidad. Como botón de muestra, las redes de carreteras y de ferrocarril de alta capacidad españolas son las más extensas de la Unión Europea y la segunda y la tercera a nivel global, respectivamente.
El estallido de la crisis financiera en el año 2007 y el fuerte ajuste presupuestario que la acompañó provocaron un retroceso sin precedentes en la inversión pública en España, que entre los años 2007 y 2014 redujo su peso sobre el PIB prácticamente a la mitad. Ello tuvo consecuencias directas en la inversión en infraestructuras, que, medida en términos de volumen de licitaciones en ingeniería civil, cayó cerca de un 72% entre 2009 y 2014[1].
Desde entonces, el erario español ha venido sufriendo una situación crónica de elevados niveles de déficit y deuda pública que hace que, hoy por hoy, el peso de la inversión de las Administraciones públicas sobre el PIB todavía sea prácticamente la mitad que antes de la crisis financiera y que la actividad de obra civil esté todavía un 40% por debajo de los niveles registrados en 2009[2].
Como consecuencia, el stock de infraestructuras públicas ha sufrido un progresivo proceso de deterioro que se concreta, por dar una cifra ilustrativa, en necesidades de hasta 4000 millones de euros en conservación de la red de carreteras.
El déficit de inversión pública acumulado desde la crisis de 2007 resulta particularmente preocupante en el contexto actual de cambios acelerados impulsados por la lucha contra el cambio climático y el proceso de descarbonización en marcha, que están dando lugar a nuevos paradigmas y exigencias de sostenibilidad. España tiene un amplio margen de mejora en dos ámbitos específicos: el agua y la movilidad limpia.
De una parte, nuestro país tiene importantes carencias en infraestructuras hídricas que se reflejan en el progresivo envejecimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, que registran tasas de renovación de apenas el 0,4% y un déficit inversor de hasta 3000 millones de euros anuales[3]. Una buena dotación de infraestructuras hídricas que garantice un uso óptimo y eficiente del agua es fundamental para un país como el nuestro, donde la escasez de agua podría afectar a 27 millones de personas en el año 2050[4] y donde el agua es un elemento clave para el desarrollo de actividades vertebrales de nuestra economía como el turismo o el sector agroalimentario, que aportan cerca del 12%[5] y del 9%[6] del PIB nacional, respectivamente.
De otra parte, el sector de la movilidad limpia está avanzando muy lentamente en nuestro país debido no tanto al factor precio, que debería ir reduciéndose a medida que se abaraten las baterías, como al escaso desarrollo de la infraestructura de carga, que impide un mayor despliegue de los vehículos eléctricos. Hoy por hoy, en España apenas contamos con el 10% de los puntos de recarga necesarios para alcanzar los objetivos de movilidad sostenible establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)[7].
Además, el proceso de transición energética en marcha impone la necesidad de adaptar nuestra infraestructura de red a la gran expansión de oferta y demanda eléctrica que está por venir. El camino no está libre de obstáculos, pues existe una restricción cuantitativa a la ampliación de las redes eléctricas que se deriva del límite establecido a las inversiones, y una restricción cualitativa que tiene que ver con que el sistema de planificación de la red de transporte es muy rígido, de tal manera que muchas de las nuevas demandas de conexión por parte de industrias electrointensivas como los centros de procesamiento de datos están siendo desatendidas[8].
En fin, el paquete Next Generation EU puede ayudar a revertir la atonía que ha venido caracterizando a la inversión pública en infraestructuras, que resulta insuficiente incluso para financiar su mantenimiento a lo largo del tiempo. Es cierto que sólo el 6,7% de los fondos se destina a infraestructuras, pero la ambición de la Unión Europea por mantener su competitividad en la escena internacional permite albergar la esperanza de que se refuerce el programa o incluso se pongan en marcha otros instrumentos de estímulo similares. También cobran renovado sentido, en el contexto descrito, discusiones como la relacionada con una mayor participación privada en la financiación de la inversión en infraestructuras, una reflexión que parece particularmente oportuna en el caso de las infraestructuras viarias[9]. Sea como fuere, lo que se infiere claramente de todo lo anterior es que es necesario adaptar y actualizar el modelo de gestión, financiación y mantenimiento de las infraestructuras en España, sentando las bases para un crecimiento económico sólido y sostenido en el tiempo y para una mayor cohesión social y territorial.
[1] El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida, CES (2016).
[2] Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España, SEOPAN (2024).
[3] El agua en España: diagnóstico integral de un desafío urgente y compartido, OIKOS (2024).
[4] España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, Gobierno de España (2021).
[5] Cuenta satélite del turismo en España. Año 2022, Instituto Nacional de Estadística (2023).
[6] Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (2024).
[7] Descarbonización del transporte: diagnóstico y propuestas, OIKOS (2024).
[8] Véase, para un análisis más detallado sobre este particular, la publicación “Redes eléctricas: la columna vertebral de la transición energética”, Fundación FAES (2024).
[9] Véase, como referencia, “El debate sobre el pago por uso en las infraestructuras viarias” (Fundación FAES, 2021).
