Las elecciones de marzo se celebraron en un clima marcado por la pandemia y por los problemas judiciales de un primer ministro que veía caer sus expectativas en las encuestas.

Para entrar en el Gobierno, Yamina pidió dejar a un lado los asuntos
religiosos, mantener la política de Netanyahu sobre Cisjordania
y no desmantelar los asentamientos existentes accediendo, en cambio, a no crear nuevos en el futuro.

A unos minutos de que expirara el plazo para formar gobierno, Yair Lapid comunicaba que había logrado conformar una mayoría suficiente sobre la que sustentar un gobierno.

Naftal Bennet se convertía en primer ministro de Israel hasta el año 2023, fecha en la que, si el acuerdo de gobierno sobrevive, debería ceder su puesto a Yair Lapid.

El nuevo Gobierno trabajará en la limitación a dos del número de mandatos que podrá gozar el primer ministro y la imposibilidad de que un imputado pueda ejercer los cargos de presidente de la Knesset, de primer ministro o de presidente de Israel. El Ejecutivo ha dejado claro que su gestión estará centrada en la economía, aunque sin desatender las cuestiones sociales.

Pese a que la mayor parte de los analistas auguran una vida corta al actual Gobierno israelí, quizás lo que muchos consideran su punto más débil –su heterogeneidad– sea el aspecto que le haga más fuerte.