La disolución de la banda terrorista ETA obliga a una vista atrás hacia el trayecto de la política antiterrorista desde 1996 hasta hoy. Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y expresidente del PP en el País Vasco; Ángel Acebes, exministro de Administraciones Públicas, de Justicia y del Interior, y Javier Zarzalejos, director de FAES y exsecretario general de la Presidencia del Gobierno, conversan en este Diálogos FAES sobre la fortaleza del estado de Derecho, el punto de inflexión que supuso la arquitectura legal desplegada contra ETA y su entorno en el periodo 1996-2004 y los riesgos de pasar página sin atender al legado de las víctimas ni frenar el proyecto de ruptura de España.
Mayor Oreja, Acebes y Zarzalejos han coincidido en apuntar que “el estado de Derecho ha demostrado que cuando se pone en marcha consigue los mejores objetivos”. En su conversación han insistido en que “el Partido Popular ni dialogó ni negoció con ETA, solo hubo contactos indagatorios”. Por el contrario, los gobiernos presididos por José María Aznar desafiaron las ideas del empate infinito entre ETA y el Estado y de la socialización del sufrimiento, convencidos de que la derrota de la banda terrorista sería posible “con la ley, solo con la ley, pero con toda la ley”.
ARQUITECURA LEGAL
Como ha recordado Ángel Acebes, a ese principio respondieron los cambios legales introducidos a partir de 1996, que entre otros efectos pusieron fin a la kale borroka gracias a la reforma de la Ley del Menor y del Código Penal, que tipificaba como terrorismo la violencia callejera y hacía que los padres respondieran civilmente de los daños que sus hijos menores ocasionaban, por ejemplo. La reforma del Código Penal trajo consigo además el endurecimiento y cumplimiento efectivo de las penas. Simultáneamente, la cooperación policial con países como Francia, y la internacional con iniciativas como la Euroorden y la incorporación de ETA a las listas de organizaciones terroristas de Europa y Estados Unidos, supusieron el golpe decisivo a las finanzas del entramado terrorista. A iniciativa del PP, igualmente, sale adelante la Ley de Partidos Políticos y la primera Ley de Víctimas.
“El estado de Derecho ganó a ETA, pero hoy hay un proyecto político de ruptura que está ganando”, ha advertido Mayor Oreja, para quien dicho proyecto “salió fortalecido de las negociaciones con el gobierno de Rodríguez Zapatero, que abrieron un proceso casi constituyente que alentó a los nacionalismos”. Frente a ello, ha dicho, “hay que buscar la prevalencia de la verdad, y la única verdad en temas de terrorismo es la de las víctimas. Pero en términos de verdad, no de relato”, han precisado los tres, que han rechazado el término porque “la palabra relato forma parte de un proceso de resolución de conflictos, de negociación”.
A su juicio, “el riesgo principal hoy es España; el intento de destrucción de la Constitución del 78, la legitimación del derecho a decidir”. “Durante años hicimos frente a una organización terrorista y ganó el estado de Derecho; ahora hay que saber hacer frente a un proyecto de ruptura de España con el mismo instrumento: la ley y el estado de Derecho”, ha concluido.
