Hasta la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España, el nacionalismo catalán jugaba a ser Estado. Desde entonces, el nacionalismo catalán está construyendo un Estado embrionario gracias a las concesiones del PSOE de Pedro Sánchez –impunidad por poder– y a la inapreciable colaboración del Partit del Socialistes de Catalunya. Un Estado embrionario cuyo objetivo no es otro –a medio o largo plazo, según las circunstancias– que la renacionalización y posterior reconstrucción nacional de Cataluña. Horizonte: la Republica catalana.
El proceso de renacionalización y reconstrucción nacional de Cataluña, propiciado por el terceto Junts/ERC/PSC, empieza con la substitución lingüística que margina el idioma español, con la rotulación exclusiva en lengua catalana y con la tergiversación de una Historia de Cataluña –clave presentista: “nación”, “libertades nacionales”, “Estado nacional”– que habla de la “nación oprimida” y los “derechos históricos” que recuperar. A ello hay que sumar la creación/titulación de instituciones y organismos como el Museo Nacional de Cataluña, el Teatro Nacional de Cataluña, el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, el Meteocat, el Diplocat, el Inuncat y un largo etcétera. Añadan un imaginario nacional –un nacionalismo banal– que todo lo coloniza. Ítem más: la reclamación del Estatuto de Autonomía (2006) que proclama los “derechos históricos del pueblo catalán” y reivindica la competencia de la Administración de Justicia.
A modo de balance, el Estado embrionario del nacionalismo catalán ya ha conseguido –sea de iure, de facto o en statu nascendi– la competencia exclusiva en materia de lengua, una Agencia Tributaria propia y una financiación singular. Próxima estación: la inmigración y el control de fronteras. Y la vivienda en la guantera.
El nacionalismo catalán exige la competencia de inmigración amparándose en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que afirma que “corresponde a la Generalitat en materia de inmigración” la “competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas, que incluirá las actuaciones socio-sanitarias y de orientación”. La Generalitat de Cataluña no se conforma y exige más: intervenir en la política de acogida, tramitación, integración, regulación o promoción de la inmigración. Todo ello –dice– en “el marco de sus competencias”.
El problema: la Generalitat únicamente tiene competencias de baja intensidad en la materia de inmigración si tenemos en cuenta que la Constitución, en su artículo 149.1.2ª, atribuye al Estado la “competencia exclusiva” en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y asilo. Es decir, el traspaso de la competencia en inmigración es anticonstitucional. A lo sumo (artículo175 del Estatuto de Cataluña), la Generalitat de Cataluña y el Estado solo “pueden suscribir convenios de colaboración”. Y punto. Al respecto, hay que tener en cuenta algunos amaños –tretas– posibles: que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña hablen de “ceder” competencias” en lugar de “transferir”; que se opte por una coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos en beneficio de estos últimos; que el Gobierno recurra a unos malabarismos fruto de la colonización institucional sanchista.
¿Por qué el nacionalismo catalán exige la competencia “integral” en el asunto de la inmigración? Primero: porque quiere vigilar su frontera. Segundo: porque quiere controlar –autorización y expulsión– los flujos migratorios según sus intereses. Tercero: porque quiere –de ahí el control de la frontera– expulsar a la Policía Nacional y la Guardia Civil de los puertos y aeropuertos de Cataluña. Cuarto: porque quiere aumentar el presupuesto de “defensa” para así poder incorporar más Mossos que conformen una fuerza pública propia. Quinto: porque quiere eliminar las casas cuartel de la Guardia Civil y las comisarías de la Policía Nacional. Y sexto: necesita disponer –así lo llaman– de otra estructura de Estado propia que juegue su papel en el proceso de renacionalización y reconstrucción nacional de Cataluña. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como moneda de cambio. Así se borran, también, los símbolos de un Estado. Pregunta: ¿puede subsistir un Estado sin fronteras?
Si Pedro Sánchez justificó el indulto de los sediciosos y malversadores aduciendo que era “lo mejor para Cataluña, [y] para España”, lo mismo puede ocurrir con el traspaso/cesión de las competencias en inmigración y control de fronteras a la Generalitat de Cataluña. Para Pedro Sánchez, el traspaso/cesión de la competencia, como ocurrió con el indulto, constituyen un “mecanismo idóneo para rebajar la tensión social y política” y “encarrilar la solución al problema por las vías del diálogo político y el entendimiento”. Rebajar la tensión y encarrilar el problema, ¿para quién y para qué? Para que el nacionalismo catalán –socialistas incluidos– continúe su proyecto de renacionalización y reconstrucción de Cataluña y para que Pedro Sánchez –sigue la compraventa– continúe en la presidencia del Gobierno. Y para que Cataluña y España, como si de dos soberanías se tratara, mantuvieran unas cordiales relaciones de buena vecindad.
Lo que el independentismo catalán no logró –golpe incluido– en los cinco años del “proceso”, lo obtendrá ahora en unos meses. Así se despoja el Estado español y se arropa el Estado catalán –de momento– embrionario.
