La presidencia asumida por Juan Guaidó y ya ampliamente reconocida -no por España ni la UE- significa hacer efectivas todas las consecuencias de la ilegitimidad de Maduro. La oposición democrática ha recompuesto su unidad y liderazgo y está en condiciones de ofrecer un proyecto de transición.
La proclamación ayer como presidente encargado de Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional, el único poder con legitimidad constitucional y democrática de Venezuela, debe ser el final de la larga escapada de Nicolás Maduro y la oligarquía chavista. Guaidó debe ser reconocido por España y la Unión Europea, que tienen el deber moral y político de sumarse así a los países que ya lo han hecho, entre los que se cuentan todas las democracias latinoamericanas -salvo México-, que han reaccionado con oportunidad y sentido de la coyuntura histórica que vive Venezuela, junto con Estados Unidos y Canadá.
No podemos decir que la reacción del Gobierno español haya sido decepcionante porque nada relevante se podía esperar de un Gobierno instalado en la evanescencia de una apelación estéril al diálogo con Maduro y sus cómplices en ese Estado narco en el que han convertido a Venezuela. Carente de convicciones propias y habiendo renunciado al papel de referencia en la Unión Europea sobre América Latina, las coordenadas que ha seguido Sánchez y su gobierno son las que le marcan el estéril empeño -por decirlo suavemente- del expresidente Rodríguez Zapatero como mediador de parte rechazado por la oposición democrática, y, por otro lado, el compromiso chavista de sus socios de Podemos. Estos tienen aún la desvergüenza de calificar la proclamación de Guaidó como ‘golpe de Estado’, cuando lo que deberían es ofrecer una explicación creíble de sus vínculos con la autocracia chavista y de su obscena admiración por el régimen de miseria y represión que ha traído sobre el pueblo venezolano. Están todavía recientes las grotescas declaraciones de Íñigo Errejón (“Chavez vive, la lucha continúa”) en las que se maravillaba de que los venezolanos, según él gracias al chavismo, hicieran tres comidas al día y explicaba las enormes colas para conseguir comida porque el chavismo había estimulado el afán consumista de la población. La mentira sobre Venezuela y el chavismo, de la que Errejón e Iglesias han sido portavoces contumaces y cómplices vergonzosos, debe llegar a su fin.
La reacción del Gobierno endosando a la Unión Europea la respuesta no es un acto de prudencia para asegurar la unidad de nuestros socios en este asunto, sino una muestra del desconcierto y la incapacidad, que cuadra perfectamente con esa política de quitarse de en medio en todo aquello que exija enfrentarse a los problemas reales. Se remite el asunto a la Unión Europea como si Bruselas fuera una instancia ajena. Pero la realidad es que España debe formar parte de esa respuesta, que debe tener una posición nacional que defender, y que debería liderar esa respuesta desde la posición preferente que la Unión le reconoce cuando se trata de Iberoamérica.
La simple expresión de buenos deseos ha caducado. La presidencia asumida por Juan Guaidó y ya ampliamente reconocida significa hacer efectivas todas las consecuencias de la ilegitimidad de Maduro, con los efectos jurídicos y políticos que se derivan de dicha ilegitimidad y que deben ser muy tenidos en cuenta por quienes insistan en mantener relaciones de todo orden con el gobierno de Maduro, incluidas las comerciales.
La oposición democrática ha recompuesto su unidad, ha renovado su liderazgo y está en condiciones de ofrecer un proyecto sensato de transición. La cuestión, por tanto, no puede ser ya en qué condiciones sigue Maduro sino, en todo caso, cuándo y cómo se va; es decir, muy pronto. El papel de las Fuerzas Armadas es, sin duda, esencial. Pero lo ha de ser para facilitar el proceso de transición que ya es ineludible, no para intentar frenarlo con una represión que tendría que ser generalizada y sangrienta. Es dudoso que los jefes de las Fuerzas Armadas se arriesguen a poner a prueba la obediencia de sus subordinados si les ordenan disparar contra la población civil. En todo caso, esta posibilidad existe y debe ser objeto de toda la capacidad disuasoria de la comunidad internacional para que Maduro y su corte de sicarios acepten que esto se ha acabado.
