En los últimos días se pueden leer y escuchar informaciones y opiniones sobre el “fabulado” cierre del Gobierno de EE UU, no sólo en la prensa española e internacional, sino en la propia de EE UU. Buena parte del tratamiento informativo opera en un vacío de perspectiva y de conocimiento, colmado sólo por el sesgo ideológico habitual.
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Martín Alonso, es escritor. Autor de Ahora, y para siempre, libres. Abraham Lincoln y la Causa de la Unión
En los últimos días se pueden leer y escuchar informaciones y opiniones sobre el “fabulado” cierre del Gobierno de EE UU, no sólo en la prensa española e internacional, sino en la propia de EE UU. Buena parte del tratamiento informativo opera en un vacío de perspectiva y de conocimiento, colmado sólo por el sesgo ideológico habitual. Como dijera célebremente Daniel Patrick Moynihan, uno tiene derecho a su propia opinión, no a su propia realidad. Aquí se trata de restaurar varios elementos de la última, por ejemplo:
- El Gobierno de EE UU no ha “cerrado”. Un 83% del mismo continúa funcionando. Esto es porque el grueso de los programas federales –seguridad social, los programas de sanidad, prestaciones de desempleo, etc.– están autorizados a perpetuidad y porque los servicios esenciales de otros continúan funcionando. Por no decir que, lo que se dice cerrar, el Gobierno americano lo hace todos los viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana sin que sobrevenga el Apocalipsis.
- “Cierres” similares han tenido lugar en 27 ocasiones en los últimos cuarenta años, destacando la serie de 12, en el periodo, durante las Administraciones de Carter y Reagan, en que el Partido Demócrata tenía la mayoría en las dos cámaras del Congreso.
- En la negociación previa al “cierre”, la Cámara de Representantes (con mayoría republicana) aprobó un proyecto de prórroga de presupuestos generales (el año fiscal en EE UU empieza cada 1 de octubre) que financiaba la totalidad del gasto público, excluyendo el llamado “Obamacare”, el nuevo programa de sanidad aprobado en 2010 y que debe entrar en funcionamiento con este año fiscal. El Senado (con mayoría demócrata), devolvió el proyecto a la Cámara, exigiendo la financiación del programa en cuestión. La Cámara envió un nuevo proyecto al Senado, otra vez financiando todo el gasto federal, pero aplazando la entrada en vigor de Obamacare un año. El Senado lo rechazó. Por último, por tercera vez, la Cámara envió un proyecto de presupuestos que financiaba la totalidad del gasto, incluyendo Obamacare, pero terminando con la excepción de participación en este controvertido programa para los miembros del Congreso y de la Administración. Ni por ésas.
- Los tres proyectos sucesivos lo eran de prórroga de los presupuestos (lo que en el argot parlamentario americano se denomina “continuing resolution”) y no de nuevos presupuestos porque durante los tres últimos años, el Senado se ha negado a tramitar ningún proyecto de presupuestos generales, con lo que, en la práctica, la Administración vienen funcionando sin ninguna base legislativa real de control del gasto.
- Este debate se va a solapar el próximo 17 de octubre con el debate sobre la elevación de la capacidad de endeudamiento de EE UU (la deuda pública americana está en 17 billones de dólares, por encima del PIB). Hemos oído ya voces clamando contra la resistencia a elevar el techo de endeudamiento, con el argumento de que, si el Congreso no autorizara la capacidad suplementaria, EE UU incurriría en un impago generalizado de su deuda pública. Esto es patentemente absurdo. El nivel de ingresos ordinarios del gobierno federal es diez veces superior a las obligaciones del servicio de principal e intereses de la deuda. La respuesta de EE UU a su masivo problema de endeudamiento no puede ser continuar multiplicándola sin tocar el capítulo de gastos o el de ingresos del estado.
