La Comunidad Internacional, en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se ha comprometido a avanzar hacia una economía descarbonizada mediante un intenso proceso de transición energética.
La Unión Europea ha hecho de esa transformación una de sus prioridades políticas, fijándose en su Pacto Verde (Green Deal, en inglés) el ambicioso objetivo de convertirse en el primer bloque económico del mundo neutro en emisiones de gases contaminantes con horizonte 2050.
Ese proceso de transición hacia una economía climáticamente neutra requiere garantizar un suministro seguro y eficiente de una serie de materias primas que la Unión Europea ha dado en llamar “fundamentales” para cumplir con los objetivos climáticos establecidos en el Pacto Verde. Se trata de minerales como el cobalto, que se utiliza para producir las baterías de los vehículos eléctricos, el platino, que es un componente clave de los electrolizadores, o las llamadas tierras raras, que se usan para fabricar los imanes permanentes de las turbinas eólicas.
Se espera que la demanda de estos recursos se dispare en los próximos años a medida que avance el proceso de transición energética. Sin embargo, su suministro no está garantizado por diversas razones. En primer lugar, porque se trata de recursos naturales geológicamente limitados (es decir, que las minas se van agotando progresivamente) y, en segundo lugar, porque tanto su extracción como su procesamiento y transformación están muy concentrados en unas pocas zonas geográficas del mundo –China, por ejemplo, controla el 98% de las tierras raras a nivel global, y también tiene prácticamente el monopolio de las tecnologías para su refinado y procesamiento–, lo que provoca que existan elevados riesgos de interrupción de abastecimiento relacionados, en muchas ocasiones, con cuestiones geopolíticas.
Conviene tener en cuenta, también, que el proceso de obtención de estos minerales no es inocuo. Su extracción y tratamiento son complejos, pues muchas veces se encuentran concentrados y mezclados entre sí y con otros elementos, y el proceso puede dilatarse mucho en el tiempo. De hecho, el período comprendido entre el descubrimiento de un yacimiento y su puesta en producción se extiende hasta cerca de 12 años. Además, son procesos muy intensivos en el uso de energía y costosos medioambientalmente, en el sentido de que generan importantes volúmenes de emisiones contaminantes. Un problema que se hace especialmente evidente en las economías menos avanzadas, donde la lucha contra el cambio climático está menos anclada en el imaginario político y social y donde, en consecuencia, se siguen empleando fuentes de energía más contaminantes. Sirva como botón de muestra –del impacto medioambiental que ya está generando la creciente demanda de materias primas fundamentales– el hecho de que, en el año 2022, el 50% del aumento de las emisiones de gases contaminantes de los países emergentes procedió de Indonesia, que está multiplicando exponencialmente la producción de minerales como el níquel.
En la Unión Europea, el suministro de las materias primas fundamentales depende casi en su totalidad de terceros países, muchas veces política y económicamente inestables, que pueden usar esa dependencia como arma geopolítica provocando interrupciones en las cadenas de abastecimiento y volatilidad de precios. Una realidad que se ha evidenciado a la luz de los acontecimientos geopolíticos de los últimos años.
La toma de conciencia por parte de la Unión Europea de las vulnerabilidades que se derivan del mantenimiento de esas dependencias estratégicas se ha traducido en una voluntad política y legislativa concretada en la aprobación de medidas como la Ley europea de materias primas fundamentales, que constituye una de las piezas angulares de la política climática comunitaria y un elemento clave en el camino hacia la mayor autonomía estratégica propugnada por la Unión. La norma busca garantizar el suministro seguro, diversificado, asequible y sostenible de materias primas fundamentales en la Unión Europea, reforzando sus capacidades y su autosuficiencia, y consolidando las cadenas de suministro nacionales.
España ocupa una posición aventajada en Europa por su riqueza minera y podría contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados por la mencionada ley. En efecto, nuestro país cuenta con importantes yacimientos de minerales críticos como el estroncio o el wolframio, y estudios recientes han identificado la presencia de otros minerales como las tierras raras en determinadas regiones. Sin embargo, los proyectos de exploración y explotación minera se enfrentan a una fuerte contestación por parte de la sociedad y también de algunos ámbitos políticos en algunas zonas geográficas.
Lo que se deduce de todo lo anterior es que el proceso de transición energética no es una línea recta para alcanzar el objetivo de la plena descarbonización en el año 2050, sino que pueden darse situaciones y cuellos de botella potenciales, como el relacionado con las materias primas fundamentales, que alteren el proceso, provocando retrasos o incluso retrocesos. Todo lo cual no hace sino revelar la necesidad de diseñar, ejecutar y gestionar el proceso de transición energética sobre la base de una gobernanza sólida, con políticas públicas previsibles, que tengan sentido, y ambicionando una mayor implicación de toda la sociedad tanto en el propio proceso como en su objetivo final.
Este texto ha sido elaborado por el Grupo de Análisis FAES tomando como base al diálogo “El papel de las materias primas críticas en la transición energética”.
