El sector bancario español es una infraestructura esencial en la economía y la sociedad, desempeñando un papel clave en la estabilidad financiera, el desarrollo estructural y el crecimiento sostenido. No obstante, esta contribución tan importante no siempre se refleja en su imagen pública. En periodos de recesión o incertidumbre económica, la banca se convierte en un blanco fácil, siendo frecuentemente señalada injustamente como responsable de crisis financieras y desaceleraciones económicas. Esta percepción, amplificada por eventos históricos como la crisis de 2008, contribuye en ocasiones al escepticismo público. Sin embargo, reducir su papel al de un simple “chivo expiatorio” ignora las múltiples contribuciones que este sector realiza a la economía y a la sociedad. Más allá de los estereotipos y prejuicios, es importante analizar el rol esencial que cumplen los bancos en la construcción de una economía dinámica, eficiente y resiliente, destacando su contribución al bienestar y desarrollo del país.
La función primordial de cualquier sistema bancario es su rol como intermediario financiero, canalizando los ahorros de los ciudadanos hacia inversiones productivas. Sin esta función de intermediación, el flujo de recursos hacia sectores estratégicos que impulsan el empleo y el crecimiento económico se vería considerablemente limitado. La banca transforma el ahorro privado en capital crucial para proyectos empresariales, infraestructuras y mejoras que impulsan el desarrollo económico. Además de captar el ahorro nacional, la banca facilita la asignación eficiente de recursos hacia las actividades más productivas. Al conectar a ahorradores con inversores, permite que tanto las familias como las empresas accedan a los fondos necesarios para llevar a cabo sus proyectos, impulsando así la competitividad y resiliencia de la economía española.
Esta función de intermediación, como bien reconoce el Informe Draghi, adquiere una dimensión particularmente crítica en el contexto europeo, donde los bancos constituyen la principal fuente de financiación, en contraposición a otras regiones económicas como la estadounidense, donde la financiación directa a través de mercados de capitales es predominante. En Europa, y en particular en España, los objetivos de la doble transición “verde” y digital dependen en gran medida de la banca. La implementación de estas agendas exige niveles de inversión elevados y constantes, que requieren una base de financiación estable y amplia. Este desafío coloca a la banca en el centro del proceso de transformación económica y estructural que Europa y España se han comprometido a realizar en las próximas décadas.
Una de las contribuciones más significativas del sector bancario es su apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el núcleo del tejido empresarial (representan el 99,8% de las empresas del país) y la mayor fuente de empleo (crean más del 62% del empleo) y la innovación. Estas empresas, que dependen del crédito bancario para crecer, innovar y adaptarse a las transformaciones del mercado, encuentran en los bancos un socio estratégico. Durante periodos de crisis, este respaldo es aún más crucial, ya que muchas pymes enfrentan dificultades para mantenerse operativas sin acceso al financiamiento adecuado. Sin este apoyo, las empresas verían limitadas sus posibilidades de expansión, modernización y contribución a la economía, lo que repercutiría negativamente en el empleo y el desarrollo económico. La banca permite que las empresas desarrollen proyectos estratégicos y generen empleo, aportando dinamismo y estabilidad a nivel local y nacional. Además, en el marco de la transición hacia una economía sostenible y digital, la banca desempeña un papel indispensable al facilitar los recursos necesarios para que estas empresas adapten sus operaciones a los nuevos estándares de sostenibilidad.
Más allá de su papel como intermediario financiero y su apoyo al tejido empresarial, la banca también cumple una función social clave mediante la promoción de la inclusión financiera. Las entidades bancarias han implementado programas específicos para garantizar el acceso a servicios financieros en áreas vulnerables, como zonas rurales o comunidades con baja conectividad. Iniciativas como la educación financiera, el desarrollo de servicios digitales adaptados, la capacitación digital y la eliminación de barreras de acceso buscan integrar a más ciudadanos en el sistema financiero, fomentando la cohesión social y económica. Estas medidas no solo reducen las desigualdades, sino que también incentivan el ahorro y la inversión, creando una base más sólida para el progreso económico.
A pesar de estas contribuciones, que se han hecho especialmente evidentes durante la pandemia provocada por la covid-19, el sector bancario es una diana fácil, objeto de debate e incluso de desconfianza. Durante la crisis financiera de 2008, diversos errores y prácticas, principalmente asociados a una gestión guiada por criterios políticos más que financieros, afectaron a la imagen del conjunto del sector, provocando un estigma que aún persiste en la percepción pública.
El sector bancario enfrenta una presión fiscal creciente que pone en entredicho su capacidad para seguir desempeñando su papel estratégico. El gravamen extraordinario sobre beneficios, originalmente planteado como una medida temporal, quiere prorrogarse. Este tipo de medidas refleja la utilización de la banca como diana fácil para satisfacer necesidades recaudatorias, ignorando el impacto adverso sobre su capacidad de financiar la economía. Aunque el gravamen fue introducido bajo la premisa de beneficios extraordinarios derivados de la normalización de los tipos de interés oficiales, ignorando que la rentabilidad del sector es inferior a la de otros sectores, su mantenimiento es difícil de justificar en un contexto donde los tipos están empezando a disminuir, reduciendo los márgenes. Además, este impuesto se suma a un tipo impositivo del 30% en el impuesto de sociedades, significativamente mayor al 25% aplicado a otros sectores. Esta presión fiscal adicional no solo limita la capacidad de los bancos para conceder crédito, sino que también genera incertidumbre, desincentiva la inversión y penaliza la retribución a los accionistas, afectando la competitividad del sector en un mercado global altamente competitivo. En última instancia, mantener este gravamen contribuye a perpetuar la percepción negativa de un sector que, lejos de ser “tóxico,” es esencial para el crecimiento y la estabilidad económica.
En conclusión, el sector bancario es más que un conjunto de instituciones financieras: es un aliado estratégico en el desarrollo económico y social. Los bancos no solo facilitan el crecimiento mediante la financiación y la inclusión, sino que también actúan como estabilizadores en periodos de crisis, apoyando a las familias y empresas que necesitan amortiguar los efectos de los ciclos económicos adversos. Superar el estigma que lo presenta como causante de los problemas económicos y fomentar una comprensión técnica y equilibrada de su función fortalecerá la colaboración entre el sector financiero, el gobierno y la sociedad, facilitando una economía orientada al progreso y una doble transición “verde” y digital viable, respaldada por el apoyo financiero de la banca.
