Si se aplican los mismos criterios de Pedro Sánchez hacia las empresas energéticas -“si se enfadan tanto es que lo estamos haciendo bien”- habría que concluir que la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de bonificar al 100% el impuesto del Patrimonio ha sido un rotundo acierto y así tendrían que admitirlo los socialistas y sus socios políticos y mediáticos.
La reacción al anuncio del presidente andaluz ha sido tan desmedida, furibunda y enrabietada que entra directamente en lo infantil. No es que la izquierda tenga dos varas de medir; tiene una vara para medir generosamente a los nacionalistas -si son secesionistas agresivos y con persistentes antecedentes golpistas, mejor- y otra con la que no mide sino que agrade sistemáticamente a las comunidades del PP, especialmente Madrid y Andalucía, que expresan la patológica obsesión de los socialistas tanto como su punzante fracaso.
Abominan de la competencia simplemente porque competir sacude el estatus en el que operan los nacionalistas y porque competir demuestra que se puede hacer mejor, mucho mejor, de lo que lo están haciendo ellos, los iracundos. Que Andalucía y Madrid compitan hiere esa arrogancia que muestran ministros como Calviño y Escrivá cada vez que hablan.
Ellos rechazan la competencia porque la competencia pone en evidencia el caos político en Cataluña, su extravagancia institucional y su hostilidad hacia el dinamismo de la inversión privada. Rechazan la competencia porque les obliga a reconocer que son profundamente centralistas en lo fiscal, intervencionistas y defensores de la diversidad en tanto la diversidad no les impugne.
Dicen que se van a deteriorar los servicios públicos, cuando es bien sabido que el impuesto sobre el patrimonio tiene escasa relevancia recaudatoria, pero su eliminación dentro de una estrategia fiscal coherente, gobiernos fiables, gestión eficaz y seguridad jurídica, sí puede atraer a nuevos contribuyentes y ampliar la base fiscal como ha ocurrido ya en Andalucía. Y, por cierto, los mismos que se escandalizan y anuncian la penuria en la financiación de los servicios públicos son los que están preparando el terreno para el indulto a la prevaricación y la malversación de cientos de millones, precisamente en Andalucía, porque el máximo responsable del fraude “es una buena persona”.
