Los incendios hay que apagarlos. Cuando el coronavirus se sigue cobrando centenares de vidas, los ciudadanos -empresarios, trabajadores, autónomos- empezamos a ser plenamente conscientes con inmensa preocupación de la situación que tendremos que afrontar cuando las aguas de la crisis sanitaria se retiren. Entonces necesitaremos contar con un Gobierno competente, alejado del sectarismo, capaz de integrar esfuerzos, solvente y creíble en la escena internacional, singularmente la europea.
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez, -que en apenas una semana pasó de convocar a la participación masiva en las manifestaciones del 8-M a decretar un estricto confinamiento de la población-, ha tardado el mismo tiempo en mostrar la peligrosa endeblez de su composición; la ineficacia de su estructura disfuncional provocada por la exigencia de Podemos de participar en la piñata; los efectos de su sometimiento al dictado de los secesionistas catalanes; la patología democrática de normalizar y blanquear a los herederos políticos de ETA que, sin condenar ni un solo de los 853 asesinatos de la banda, no han dejado de ganar poder al calor de los socialistas. Calificar de “progresista” a una amalgama política compuesta entre otros por ERC y Bildu no es más que una perversión del lenguaje que sólo sorprende por la pasividad y la tolerancia con la que ha sido asumida por la izquierda constitucional.
El Gobierno construido por Pedro Sánchez es un andamiaje que ha colapsado. Cuando los intereses generales de España han estado en juego, sus socios no han tardado en abandonarlo. Cuando la gestión de la crisis se hacía mas exigente, los ministros de Podemos, con el vicepresidente 2º a la cabeza, han dedicado sus energías -ya que no su competencia- a las luchas por el poder y la influencia dentro del Gobierno, a sacar la cabeza, a disputar horas de televisión y a hacer que hacen.
Si se tienen en cuenta la ralentización de la economía hasta el 2% del PIB en el año pasado o el 2,7% de déficit público con que cerró 2019, reparamos en que no todo es coronavirus. La pandemia lo único que ha hecho es convertir en evidencia lo que muchos sosteníamos sobre la falta de calidad gestora, el extravío político y las caóticas prioridades que sostienen la fórmula de Gobierno de Sánchez.
Ahora que se habla de unos nuevos pactos de la Moncloa conviene tener en cuenta lo que son y representarían alguno de los posibles interlocutores en esa mesa. Los comunistas presentes en el Gobierno español -y que nadie se escandalice porque alguno hasta ha escrito un libro explicando que, efectivamente, es comunista- si algo representan es la antítesis de lo que sus antecesores hicieron. Estos pactaron para hacer posible la Transición, la Constitución, la reconciliación. Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Irene Montero, Yolanda Díaz, Manuel Castells se integran en el relato destructivo que descalifica ese gran acuerdo que hizo posible la democracia y la prosperidad como nunca antes en España. Desde ese afán de ruptura, presentan a Santiago Carrillo como responsable de una traición imperdonable o, en el mejor de los casos, como un caso de cobardía senil ante el franquismo.
Tenemos un vicepresidente del Gobierno que en su primera aparición en televisión habló de una pandemia que, según él, sí conoce clases sociales, que se mostró de acuerdo con la cacerolada contra el Rey, que manipula la propia Constitución citando el artículo que cree que le conviene y sólo ese, y que se divierte propagando irresponsablemente amenazas de confiscación sin que el presidente del Gobierno se sienta en el deber de acabar con esta intoxicación del peor populismo chavista.
Mientras la población se mantiene en el confinamiento, mientras los hombres y mujeres que trabajan en el sistema sanitario se ganan la admiración de todos por su entrega, mientras trabajadores y empresarios de todos los sectores intentan anticipar la situación a la que tendrán que enfrentarse, Podemos aprovecha la crisis para desplegar un proyecto ideológico radical, populista y autoritario, que desvela de manera cada vez más explícita su naturaleza antisistema y que busca la primacía que todavía no ha conseguido en la izquierda. Podemos aspira a conseguir más poder para vaciar las instituciones. Se ha convertido en una amenaza para el sistema democrático. Hoy el estado de alarma en que nos encontramos lo es por partida doble.
Cuando España tiene que participar con fuerza en una difícil conversación a nivel europeo y necesitamos exhibir solvencia y credibilidad en este entorno, la presencia de Podemos en un Gobierno no es sólo un lastre reputacional; es un factor de desestabilización y rechazo. Hablar de instrumentos de solidaridad financiera en compañía de los que propugnan no pagar la deuda “ilegítima” se antoja difícil. Sentarse en la mesa europea con la firmeza que se requiere y hacerlo en compañía de los abogados del secesionismo catalán y vasco, es sencillamente inexplicable. Liderar la reactivación de la economía mientras se practica un discurso de antagonismo de clase, divisivo y hostil contra los empresarios, es la manera irresponsable de ahuyentar a cientos de miles de emprendedores que necesitan ayuda, ánimo y certidumbre.
En suma, Podemos en el Gobierno representa en estas circunstancias, un riesgo inasumible y amenazante para el sistema democrático y la gobernabilidad, para el esfuerzo de recuperación económica que convoca a todos los españoles y para la posición internacional de España. Es hora de que el Partido Socialista decida ya si en estas circunstancias quiere ser parte del problema o de la solución.
