Miquel Porta Perales es crítico y escritor
No es una casualidad que Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, haya comunicado, de repente, que el Gobierno empezará a tramitar de inmediato la petición de indulto de los políticos presos secesionistas catalanes condenados en firme por los delitos de sedición y malversación. Se dirá que ese trámite es obligatorio si tenemos en cuenta que la petición de indulto se ha formulado en toda regla. Cierto. Pero, hay algo más. El anuncio de dicho trámite viene acompañado por el creciente rumor de que el Gobierno tiene en su cartera una reforma del Código Penal que afectará a los tipos penales de rebelión y sedición. Y, todo ello, precisamente ahora, ¿por qué? y ¿para qué?
Merece la pena reparar en las declaraciones del señor Ministro el mismo día del anuncio de la tramitación de dicho indulto: hay que afrontar “con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad” para adaptarse a “la realidad en el tiempo en que tienen que ser aplicadas.” ¿Qué “sociedad” es la que “reclama y exige” esos cambios normativos? ¿A qué “normalidad” y “realidad” hay que adaptarse?
El señor Ministro no contesta. La respuesta está en un contexto que explica la razón del Gobierno para implementar el indulto –muy probablemente, también la reforma del Código Penal– de los políticos secesionistas catalanes: la confirmada inhabilitación del presidente de la Generalitat Joaquim Torra, el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017, la inminente convocatoria de la Mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, la proximidad de las elecciones autonómicas en Cataluña. Y ahí está, sobre todo, la urgencia de encontrar apoyos que permitan aprobar los Presupuestos Generales del Estado. ¿La “normalidad democrática” que reclama el señor Ministro?”: Presupuestos por presos.
El indulto y una reforma del Código Penal pro reo satisface a unos y otros. El Gobierno neutraliza o minimiza –eso cree– las protestas que generará la inhabilitación de Joaquim Torra y la conmemoración del 1-O al tiempo que favorece la convocatoria de una Mesa que fortalece a la posición de ERC, socio de facto para aprobar los Presupuestos e iniciar el “diálogo”. En la misma línea puede inscribirse la gravísima decisión de no permitir al Rey acercarse a Cataluña a entregar sus diplomas a los nuevos jueces, e incluso la posible vuelta pactada de Carles Puigdemont que apuntan algunos medios. Por lo demás, el indulto o la reforma del Código Penal fortalecerán a ERC –socio amigo y preferente– frente a un JpCat partidario de la “confrontación inteligente” de Carles Puigdemont. Derivada: si Ciudadanos niega ahora, en la nueva coyuntura, el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, el PSOE ya tiene la excusa perfecta –no hay otro remedio, asegurarán– para pactar con ERC y asimilados. De rebote, Unidas Podemos obtiene un triunfo que mostrar a sus bases mientras que el PSC sacaría algún rédito electoral en las próximas elecciones autonómicas catalanas. Y los presos a la calle. Y los fugados y quienes están pendientes de juicio podrán regresar –previa reforma penal: una manera implícita de reconocer que la sentencia fue injusta, ¿así se prestigia y defiende el Estado de derecho y la división de poderes?– a casa como inocentes. Incluso, como héroes o supervivientes de la “represión española”. ¿Podrán presentarse a los comicios? ¿Y después?… ¿Un proceso deconstituyente a medio plazo?
Al Gobierno, la vía del indulto le sirve para vender la idea del diálogo, de la tolerancia, del perdón generoso y –ahí está una de las claves del asunto– de quien brinda la oportunidad de rectificar y volver a empezar. La reconciliación, dicen. En cualquier caso, al Gobierno no le interesa tanto el indulto como la reforma a la baja de los tipos delictivos de rebelión y sedición del Código Penal. Por tres razones: porque la decisión de la reforma penal la comparte o socializa con el Parlamento; porque, con la reforma penal se ahorra trámites enojosos como la consulta al Tribunal Supremo y a la Fiscalía, a pesar de la actual Fiscal General; porque, en última instancia, por la vía de lo contencioso administrativo, el Tribunal Supremo podría tener la última palabra. A ello hay que añadir que el secesionismo, en ausencia de la amnistía, prefiere la reforma del Código Penal.
Así las cosas, es probable que la reforma del Código Penal se resuelva antes que la tramitación del indulto. Pregunta: ¿cuál será el coste político –interno y externo– que pagará el PSOE? El poder –aunque sea temporal– bien vale un indulto o –mejor– una reforma del Código Penal.
Que nadie espere milagros –algún suceso extraordinario como la lealtad constitucional– de un secesionismo catalán que seguirá considerándose inocente por definición, continuará exhibiendo su talante antidemocrático, culpabilizando al Estado, y exigiendo la amnistía y la autodeterminación. Un secesionismo que, a partir de ahora, juega con ventaja al saber que cualquier nuevo intento de romper el orden constitucional le saldrá a buen precio. El indulto y la reforma del Código Penal son, ambas cuestiones, una manera de blanquear y legitimar el secesionismo.
