Los jueces están para ayudar a proteger los derechos y las libertades individuales. Esto parece obvio. Lo que no es tan obvio es la inevitable influencia de la política en el poder judicial. Los sistemas judiciales deben percibirse como independientes.

El sistema judicial es el más débil de los tres poderes y, como tal, suele ser incapaz de defenderse de una embestida del legislativo o del ejecutivo.

Las reformas institucionales deberían consensuarlas al menos los dos principales partidos del sistema. Es fundamental que los políticos no cambien las reglas del juego a mitad del partido.

Una sociedad debe esforzarse en alcanzar el ideal de un poder judicial independiente en la mayor medida posible, pero no estaría de más que ese idealismo estuviera acompañado de una buena dosis de realismo pragmático.

La Unión Europea ha insistido en que lo que les preocupa del sistema español no es la aplicación de la ley por parte de los jueces individuales, sino cómo se nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El sistema judicial norteamericano está muy politizado si lo comparamos con sus homólogos europeos, donde consejos o asociaciones independientes suelen participar en la elección y el nombramiento de los jueces.