Carmen Calvo es vicepresidenta del Gobierno y profesora de Derecho Constitucional. Tal vez que Calvo sea profesora de Derecho Constitucional explica que el Gobierno socialista-podemita incurra en desaguisados como la proposición de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Porque la vicepresidenta ha tratado de zanjar la polémica, o más bien la vergüenza que ha suscitado tal iniciativa, con una de sus declaraciones tan tajantes como falaces. “El Parlamento es soberano”, afirmó Calvo en una aseveración que confirma lo improbable de su condición de profesora de Derecho Constitucional.
No, Sra. vicepresidenta, el Parlamento no es soberano. Si se aventurara a leer la Constitución –por ejemplo, un artículo al día sería una dedicación llevadera– no encontraría por ninguna parte eso que afirma. Tampoco hay que esperar mucho en la lectura del texto constitucional porque en su artículo primero lo dice muy claro: “2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Se entiende, ¿no? Si el Parlamento fuera soberano podría cambiar la Constitución por sí mismo, sus leyes no estarían sometidas al control de la constitucionalidad y serían las Cámaras las que sustituirían al pueblo español como titulares de ese poder supremo. La “soberanía parlamentaria” –tal vez la vicepresidenta haya oído campanas sin saber muy bien dónde– es un concepto jurídico-político de la teoría constitucional británica en un sistema en el que no existe Constitución escrita por lo que, teóricamente, el Parlamento de Westminster, con la misma mayoría, puede aprobar una ley sobre transporte público o aprobar la independencia de Gales.
Si la vicepresidenta del Gobierno cree que el Parlamento es soberano –sobre todo cuando izquierda, podemitas y nacionalistas tienen la mayoría–, no puede extrañar que crean que la independencia judicial es un añadido decorativo en la Constitución, o que el Código Penal se puede convertir en un traje a medida para indultar a sediciosos. Pero no, deberíamos volver a la raíz de la democracia e insistir en que el soberano, el único, es el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado.
