Mateo Rosales Leygue es abogado y máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública por el IADG
El próximo domingo Bolivia decide su futuro y pondrá en evidencia el daño profundo ocasionado por los gobiernos populistas. A pesar de que los bolivianos se opusieron mayoritariamente a la reforma constitucional que habilitaría la reeleción consecutiva indefinida, Evo Morales vuelve a presentarse.
El 20 de octubre de 2019 será un día determinante para el futuro de la democracia en Bolivia. Serán las elecciones de mayor importancia en los últimos años y, quizás, las de mayor trascendencia desde la apertura del proceso democrático-electoral el año 1982. Aunque la Constitución boliviana lo prohíbe, Evo Morales se presentará a las elecciones nacionales por cuarta vez consecutiva desde el año 2006, después de haber sido habilitado por la sentencia 84/2017 del Tribunal Constitucional. A pesar, además, de que en febrero de 2016 los bolivianos, a través de un referéndum promovido por el propio gobierno, manifestaron su negativa a la reforma constitucional sobre la reelección indefinida.
Este hecho marca, definitivamente, el tinte autoritario del gobierno de Morales, la sujeción más que evidente de los órganos judiciales a las órdenes del ejecutivo y la intención del gobierno de prolongarse indefinidamente en el poder. De allí la importancia notable de las próximas elecciones, a las que se ha sumado la oposición política en el intento de arrebatarle el poder a un régimen que lo controla todo en el plano institucional, pero cuya popularidad ha ido en notable detrimento. Los resultados de las elecciones de octubre, en consecuencia, determinarán un camino entre dos escenarios posibles. Uno de ellos, el menos propicio, aunque verosímil, la consolidación de un autoritarismo que se viene gestando desde hace catorce años. El otro, el de una transición que proponga un cambio radical de la situación social, política y económica del país.
En relación con el primer escenario, hay que establecer que el proceso político impulsado por el Movimiento al Socialismo desde sus inicios impone una determinada forma de hacer política, que no comulga con el respeto de las instituciones públicas, el fortalecimiento del Estado de Derecho o la defensa de los derechos humanos. Al contrario, la lógica que persigue el MAS, respecto a los procesos políticos democráticos, es precisamente el contrario, se aleja de sus principios que son el pacto, la cesión y el acuerdo, e impone las reglas de la exigencia, la persecución y la arbitrariedad.
El proceso político liderado por Evo Morales ha ido, poco a poco, degradando las instituciones que, hasta antes del 2006, estaban en construcción y ha convertido a la política nacional en una lucha constante entre la defensa de los resabios de libertad que aún tienen los bolivianos y la imposición de una lógica autoritaria y antidemocrática.
Este proceso de consolidación autoritaria tiene una significación muy relevante para el MAS porque advierte la continuidad del proceso de hegemonía política por un tiempo indefinido y el control económico, político y social del país a costa de la progresiva pérdida de libertades de los ciudadanos y el deterioro cada vez más profundo del Estado de Derecho.
El segundo escenario, el más complicado dadas las circunstancias coyunturales actuales que atraviesa el país en el plano político-institucional, es el de la derrota electoral de Evo Morales y, en consecuencia, la apertura de un proceso de transición política sustancial que afecte a todos los ámbitos del Estado.
Y hablamos de “transición política”, aunque el término suele estar vinculado al periodo de paso de una dictadura de corte militar a un periodo de democracia constitucional, porque la captura del sistema institucional en Bolivia es de tal envergadura que será necesaria su reconstrucción. Hablamos de una nueva agenda política y social capaz de superar las divisiones internas de la sociedad, promover una nueva lógica de construcción democrática sin exclusiones, pasar del plano del autoritarismo al plano de la libertad y la democracia, y promover una economía orientada a la reducción real de la pobreza, la apertura del mercado y la mejora de la calidad de vida de las personas.
Por ello, el proceso de transición, posterior a las elecciones y al posible cambio de gobierno, será definitorio para el futuro del país. Dependerá de la voluntad política de los actores involucrados y requerirá de la participación de todos los sectores de la sociedad. El proceso deberá ser capaz de acabar de raíz con los problemas más profundos que hoy afligen al país: corrupción, despilfarro, narcotráfico y autoritarismo entre otros, y deberá fijarse en aquellas cuestiones a las que poco o nada de atención se ha prestado: fortalecimiento institucional, igualdad ante la ley, justicia imparcial y seguridad jurídica.
Esta es la primera elección, a pesar de que los órganos del Estado están intervenidos por el gobierno, en que se tienen posibilidades serias de ganarle al MAS. Las encuestas más confiables establecen un porcentaje inferior a siete puntos entre el candidato ilegal Evo Morales y el candidato opositor y expresidente de Bolivia entre 2003 y 2005, Carlos Mesa Gisbert.
Para ganar en primera vuelta, Evo Morales necesitaría lograr un porcentaje mayor al cuarenta porciento y una diferencia con el segundo competidor de diez puntos, cuestión que hoy, tanto las encuestas como los diferentes estudios de opinión, ven muy complicado.
Un resultado como el que hoy proponen las encuestas daría lugar a la segunda vuelta en la que el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, tiene altas probabilidades de ganar. Sin embargo, aún nada está dicho.
En cualquier caso, en estas elecciones se decidirá el futuro de Bolivia y se pondrá en evidencia el daño profundo que los gobiernos populistas, como el de Evo Morales, han ocasionado a la democracia y a toda la sociedad en su conjunto. Los ciclos políticos tienen un tiempo determinado de duración, lo que no se puede justificar es que esos ciclos duren indefinidamente.
