Pronto hará dos años que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno tras una moción de censura en la que prometió normalidad política e institucional y estabilidad. España acumula casi cuatro semanas en estado de alarma, más de 830.000 personas perdieron su empleo el último mes y en torno a tres millones de trabajadores han visto de momento suspendido su contrato o reducida su jornada en el marco de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). La pandemia del coronavirus ha afectado a multitud de países, pero a ninguno con tanta intensidad. De acuerdo con la estadística de contagiados y fallecidos, España se está viendo mucho más afectada por la pandemia que el resto. La evidencia disponible permite prever que, de mantenerse una gestión improvisada y en algunos casos sectaria de la política económica, la crisis sanitaria podría dar paso a una nueva crisis económica y social. Estamos a tiempo de evitar que esta crisis sanitaria se cronifique y profundice la crisis económica, de empleo y social.
La economía española cerraba 2019 mostrando síntomas de agotamiento tras seis años de crecimiento ininterrumpido del PIB y del empleo. Durante casi dos años de inestabilidad política y debilidad parlamentaria, el Gobierno socialista limitó su política económica a contentar a sus fieles con promesas de derogación de reformas, subidas de impuestos y aumento de gastos, mientras en paralelo prometía a inversores, agencias de rating y autoridades en Bruselas que no lo iba a hacer. Al Boletín Oficial del Estado no llegó ninguna prometida contrarreforma, pero sí más cargas burocráticas a las empresas –por la vía de un registro obligatorio de jornada ajeno a la revolución digital–, más costes laborales –sobre todo por la vía de una subida de hasta el 22% de las bases de cotización a la Seguridad Social y del Salario Mínimo Interprofesional– y más gasto en prestaciones, recuperando subsidios en su día eliminados para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral. Todo ello alimentó el inicio de la desaceleración económica en 2019, con un cierre del ejercicio que duplicaba el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto por el Gobierno y revirtiendo, por primera vez en siete años, el proceso de consolidación presupuestaria.
Iniciada la legislatura, recién nombrados los altos cargos de los 22 ministerios, y con un Proyecto de Ley de Presupuestos en la recámara que contemplaba aumento de cargas impositivas y de cotizaciones a la Seguridad Social de más de 5.000 millones de euros, y, entre otros, un Proyecto de Derogación de la Reforma Laboral de 2012, la pandemia llega a España. Una vez el Gobierno reconoce, pasadas las conmemoraciones del 8 de marzo, la gravedad de la situación, paraliza los proyectos en curso, declara el estado de alarma y comienza a improvisar.
De esta manera, limita la actividad de servicios e industrias no esenciales así como los movimientos de las personas, aprueba líneas de créditos y avales a empresas, establece una limitada moratoria tributaria y de Seguridad Social a empresas pequeñas, y recurre a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, uno de los elementos centrales de flexibilidad interna impulsados por la reforma laboral de 2012. Medidas improvisadas y poco ambiciosas –la buena intención se presume– conducentes a facilitar liquidez a las empresas, limitar sus costes laborales y facilitar rentas a los trabajadores; motivos todos por los cuales –unido a la voluntad de respaldar al Gobierno en una situación excepcional– obtuvieron respaldo mayoritario por los Grupos Parlamentarios en las Cortes Generales.
La improvisación se acompañó de sectarismo al observar la oportunidad que la excepcionalidad del momento podía suponer para legislar –incluso sirvió para dar entrada a Pablo Iglesias en el CNI–, tras meses frenando proyectos prometidos por falta de respaldo parlamentario. Así, a partir del Real Decreto Ley 9/2020 el ala más populista del Gobierno vio la oportunidad de dar salida a sus proyectos más extremos, como la prohibición de los despidos dando pie a su consideración como nulos por los tribunales, la confiscación de 1.200 millones de euros de recursos de políticas activas de empleo a las CC.AA. –que podían haber dedicado a apoyar a las empresas a mantener el empleo–, la concesión de 15 millones de euros en subvenciones a las televisiones privadas y, sobre todo, la obligación de hacer recaer el coste de la paralización de la economía en la empresa a través de un permiso retribuido obligatorio para todos los trabajadores a cuenta de sus empleadores. El Gobierno rechazó la llamada a corregir estos proyectos que hizo el Partido Popular para poder convalidarlos y solo el voluntarismo de Ciudadanos evitó que alguno de ellos fuera rechazado por las Cortes, ya que hasta los socios nacionalistas del Gobierno dejaron de respaldar algunos para evitar ser recordados como cómplices de su sectarismo e improvisación.
En este contexto, tras más de 16.000 fallecidos por el virus, cuando la economía ha destruido en un mes cerca de un millón de empleos, y tres millones de trabajadores han visto suspendidos sus contratos y la gran mayoría de ellos no ha cobrado un euro de prestación aún, ni lo hará hasta casi dentro de un mes, el Partido Socialista ha convocado a los grupos parlamentarios, CC.AA. y agentes sociales a impulsar unos nuevos Pactos de la Moncloa. Mientras Podemos ve cómo o bien la configuración de una mayoría moderada entorno a los citados acuerdos, o bien la condicionalidad de la financiación que reciba España para afrontar el fuerte incremento de gasto y reducción de ingresos, o ambas cuestiones a un tiempo, van a limitar su capacidad de impulsar su agenda populista y tiene prisa. Tanta que, sin siquiera haberse atendido suficientemente a las empresas para garantizar su liquidez y evitar la destrucción de empleo, y sin siquiera haberse facilitado rentas sustitutivas de sus salarios e ingresos por ventas a los trabajadores por cuenta propia y ajena afectados por la crisis, recupera por su cuenta y de forma precipitada, sin acuerdo en el Gobierno de coalición, su promesa de renta mínima para atender a colectivos que ya eran vulnerables previamente a esta pandemia, objeto de atención esencialmente por las CC.AA.
La estrategia seguida ha sido errónea. No se han facilitado todos los recursos necesarios en forma de moratorias tributarias, créditos, avales y ayudas directas para evitar destrucción de tejido productivo y empleo. Tampoco se han facilitado rentas urgentes ni suficientes a los trabajadores. Y prueba de ello es que solo en marzo más de 120.000 empresas se dieron de baja en la Seguridad Social, más de 830.000 trabajadores perdieron su empleo, no han llegado aún al tejido productivo los créditos y avales, y la gran mayoría de los incluidos en los ERTE no ha cobrado ni un euro de prestación, y cuando lo haga ni se les tendrá en cuenta sus cargas familiares y en el mejor de los casos obtendrá algo más de 1.000 euros al mes, la mitad del salario medio en España. El modelo de flexibilidad interna español instaurado por la reforma laboral de 2012 es muy potente, pero se le ha acompañado ahora –por parte de quienes prometieron derogarlo– de una regulación ad hoc por el coronavirus imprecisa y limitante que desincentiva su uso, y de una procelosa tramitación administrativa impropia de la revolución digital que vivimos. A ella se le ha acompañado una limitación a la flexibilidad externa que, unida al impacto del permiso retribuido y la limitación de liquidez, podría avocar a las empresas más vulnerables a la quiebra.
El impacto de esta crisis está siendo muy intenso. En vidas humanas, en tejido productivo y en empleo. Pero estamos a tiempo de evitar males si cabe mayores. Hay que evitar que la crisis sanitaria se cronifique en una crisis social, económica y de empleo. Es urgente facilitar ayudas directas a las empresas que les permita mantener el tejido productivo y el empleo, y rentas urgentes y suficientes a los trabajadores para poder hacer frente a sus gastos, e incentivar o al menos no penalizar la demanda de consumo e inversión sobre la que ayudar a la recuperación de la actividad económica.
Y debemos alimentar dicha recuperación sobre la base de reformas estructurales que dinamicen los mercados de bienes y servicios, mantengan e incluso incrementen nuestro modelo de flexiseguridad laboral adaptándolo a la economía digital, y potencien nuestra competitividad internacional. Reformas que llevan muchos años ausentes en España, bien por falta de voluntad, bien por ausencia de una mayoría que las respalde.
Si algún elemento de los citados Pactos de la Moncloa concurre hoy es precisamente la necesidad de seguir ese camino reformista que los inspiró. Pronto veremos si la voluntad de transitarlo por parte de los convocados, e incluso del convocante, es tal, y permite avanzar por ese necesario camino, o si la convocatoria es simplemente el último recurso desesperado para mantener a quien la impulsa unos meses más en La Moncloa.
