La situación que se está viviendo en Ceuta es completamente intolerable. La avalancha migratoria está desbordando por completo la frontera. Un hecho inconcebible si no estuviera teniendo lugar con la connivencia y ante la pasividad culpable de las autoridades marroquíes. En este sentido, y a la vista de los precedentes, las peticiones de Juan Jesús Vivas son del todo pertinentes: más allá de precisiones jurídicas, estamos materialmente ante una emergencia nacional que hace necesaria la presencia del Ejército. Cosa distinta es saber de qué medios se dotará a las unidades que formen parte de un despliegue recién anunciado y cuáles serán sus reglas de procedimiento, actuando bajo la dirección política de un Gobierno que ha dado sobradas muestras de manejar la política de seguridad y defensa sin esa familiaridad con la que blande pancartas y fabrica propaganda barata.
Pero el principal problema es que la primera actitud claudicante es la del Gobierno español. Ceuta y Melilla han sido literalmente abandonadas. Sometidas a la asfixia comercial marroquí, una política servil hacia Rabat –trufada de concesiones inconfesables– no ha servido para aliviar esa situación en lo más mínimo. Solo ha servido para que el Gobierno protagonice el más rotundo fracaso en el primer test importante del Pacto Europeo de Migración y Asilo, suscrito por España y pulverizado en su implementación por el Gobierno. El ministro del Interior y la ministra del ramo no pueden permanecer un minuto más en el cargo después de haber cosechado un ridículo de tamaño continental, y sin la excusa de lo inédito, de lo impredecible.
Y es que el Gobierno suele tropezar varias veces en las mismas piedras; es lo que pasa cuando ni se sabe a dónde se va ni se aprende de los errores. Incendios devastadores, apagones inauditos, y crisis migratorias nunca encuentran respuestas a la altura del desafío que representan. Porque ni este es el primer verano en que arde el campo español ni esta la primera crisis migratoria en Ceuta.
Por lo demás, frente al fenómeno de la presión migratoria irregular, España, en su doble condición de Estado soberano y miembro de la Unión Europea situado en la frontera exterior del espacio Schengen, tiene una especial y singular obligación de proteger, vigilar y salvaguardar sus fronteras. Esta obligación, de hecho, trasciende el ámbito nacional, porque deriva directamente del Código de Fronteras Schengen, que impone a España la responsabilidad de preservar la frontera exterior de la Unión, mediante el ejercicio de la vigilancia fronteriza con la triple finalidad de impedir el cruce no autorizado de la frontera, luchar contra la delincuencia transfronteriza y adoptar las medidas que procedan contra las personas que hayan cruzado la frontera ilegalmente. Este es el momento de recordar la necesidad de implicar a la agencia europea FRONTEX en el reforzamiento de una frontera que es, simultáneamente, española y europea.
En 2021, el colapso ceutí fue mucho más que un episodio puntualmente intenso de presión migratoria. Supuso una crisis diplomática en que la inmigración irregular fue blandida como arma más que padecida como problema. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno, más allá de su reacción inmediata? Desde luego, ninguna en que se tomara nota de lo peligroso de cualquier enfoque poco realista. Ya sabemos que la percepción de la frivolidad atrae la amenaza. La debilidad siempre es provocadora.
Ahora, tras la publicación, el pasado 8 de julio, de una sentencia del Tribunal Supremo sobre las conocidas como ‘devoluciones en caliente’, se ha disparado de forma alarmante la llegada a nado de inmigrantes en Ceuta y Melilla, desbordándose –de nuevo– la situación, en la primera de esas ciudades españolas. La sentencia interpreta que no es aplicable a los llegados a nado el régimen especial previsto para devolver en caliente a los extranjeros que consuman una entrada ilegal en territorio nacional. La resolución precisa que la Ley de Extranjería no contempla con carácter general las devoluciones especiales para los casos de todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”. Al no existir elementos de contención en el mar, matiza lo siguiente en su Fundamento de Derecho Sexto: “Ello no obstante, dado que la disposición adicional décima se refiere a los elementos de contención fronterizos y no exclusivamente a los elementos de contención terrestres ni, específicamente, a las vallas, nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos”.
Un Gobierno diligente ya habría previsto el ‘efecto llamada’ de la publicación de la sentencia, instalando barreras a partir de los espigones fronterizos, para poder seguir ejecutando así las devoluciones especiales permitidas por la ley cuando los llegados a nado superan elementos de contención flotantes, sin que el régimen de control se hubiera alterado. Al fin y al cabo, el Gobierno que las practicó más intensivamente, sabe bien que las devoluciones especiales le permitieron controlar a posteriori la avalancha de 2021 en ese mismo escenario.
Por desgracia, a estas alturas todavía no se ha consolidado ninguna política seria en un campo en que el Gobierno viene zigzagueando desde su misma constitución. La inmigración irregular es terreno abonado para la hipocresía izquierdista: los bandazos de Sánchez han ido desde posar para la foto como referente anti-xenófobo, a quedar retratado por los elogios de la extrema derecha alemana[1]. El Gobierno del Aquarius no tardó en desempolvar aquel “acuerdo de Corcuera”, un convenio de hace más de treinta años, para expulsar a 116 de los migrantes entrados por Ceuta en junio de 2018, recién estrenada La Moncloa.
España tiene pendiente dotarse de una verdadera política en esta materia, con un control estricto de los flujos migratorios, una estrategia efectiva de cooperación con los países de origen, y un proyecto de integración realista. Nada de esto, a la luz de su trayectoria, está al alcance de un Gobierno incapaz de lidiar con la realidad porque necesita deformarla para pervivir.
[1] La ultradreta alemanya felicita Espanya per l’expulsió exprés dels migrants de Ceuta
