José María Aznar en Il Giornale
La crisis de Ceuta acredita una triste verdad: España es una gran nación aquejada de mal gobierno. Pedro Sánchez se ha mostrado, desde el 31 de julio, más preocupado por preservar a Marruecos de toda sospecha que de responder con solvencia a una situación explosiva. Empeñado en subrayar la condición de “socio leal y fiable” del reino alauita, su Gobierno ha tardado más de un mes en dirigirse a la Unión Europea, tras el asalto a una frontera que, además de nacional, es también comunitaria. Quiso hacer ver que en 48 horas se había vuelto a la “normalidad”; nada más falso: en Ceuta la convivencia se está degradando hasta extremos alarmantes. Despreció o minimizó todas las alertas que venían advirtiendo acerca de lo que se preparaba: avisos de las autoridades locales y también de sus propios servicios. Por lo demás, Ceuta y Melilla llevan tiempo soportando una estrategia de asfixia comercial y presión demográfica que, ayuna de respuesta, sale gratis a Rabat.
Producido el asalto a la frontera, los problemas se acumulan en la Ciudad Autónoma sin visos de respuesta pronta y eficaz por parte de un Gobierno alérgico a la presencia de Frontex, que podría molestar a Marruecos, receloso de testigos incómodos sobre el terreno. No estamos ante la primera invasión de Ceuta: en mayo de 2021, más de diez mil marroquíes desbordaron el perímetro fronterizo en un ensayo, a menor escala, pero con idéntica intención desestabilizadora; y sin embargo, desde entonces, el Gobierno de Sánchez sigue sin tener ningún plan para estabilizar la frontera más expuesta de España. Se conforma con exhibir una debilidad siempre provocativa para regímenes, como el marroquí, que no dudan en usar a su propia población como arma.
No debemos engañarnos: en Ceuta no estamos ante ninguna crisis migratoria, sino ante un episodio de estrategia híbrida, cuyo trasfondo auténtico hay que referirlo a la reactivación del irredentismo expansionista marroquí.
Por eso resulta tan lastimoso que la actitud de la cancillería española en esta crisis haya sido de genuflexa subordinación hacia Marruecos y, simultáneamente, de abierta hostilidad con Italia; tan insensato como que en España se practique una política migratoria antagónica a la de socios con quienes se comparte frontera exterior. En Europa, esta materia es competencia de los Estados. Por eso mismo deben adoptarse estándares similares contra la inmigración irregular, de igual manera que compartir una moneda única obliga a mantener idéntica prudencia fiscal: un Estado que no gestiona bien sus finanzas o sus fronteras compromete al resto. Claro que tales consideraciones importarán muy poco a quien esté decidido a convertir la política exterior en decorado de una política interior más atenta a la construcción de narrativas que a la promoción del bien común y a la defensa del interés nacional.
Lo cierto es que Sánchez ha dejado a España aislada y con nula capacidad de maniobra en momentos de crisis. Sin liderazgo y sin fortaleza para hacer valer su peso ante un vecino que le tiene muy bien tomada la medida a nuestro presidente; Marruecos sabe que, cuando presiona, gana. Probablemente, porque la primera preocupación de Pedro Sánchez no es la “integridad territorial” de España –según sus propias palabras, lo comprometido en la invasión– sino prolongar su presidencia a costa de cualquier cosa. Antes que resolver crisis, sacar partido de ellas. Mermada su base electoral, busca aglutinar el voto de sus incondicionales aprovechando toda situación crítica que le salga al paso para activar un último recurso: llevar España a una polarización extrema en el intento de que las próximas elecciones sean percibidas más como un plebiscito existencial que como una rendición de cuentas.
Por todo lo anterior, España necesita un cambio de rumbo que ponga el gobierno del Estado a la altura de la nación. Que, en esta materia, refuerce de forma estable nuestra frontera y mantenga con nuestro vecino del sur una relación equilibrada, ni altiva ni claudicante. Desde una premisa irrenunciable: España no negocia con nadie la soberanía de ninguna parte de su territorio; la defiende.
La crisis de Ceuta es el remate de dos legislaturas aciagas, en absoluto a la altura de nuestra trayectoria. Desde hace ocho años, Sánchez se mantiene en el poder mediante concesiones disolventes a minorías radicales que impugnan, en el interior, la idea misma de nación española. El deseo de absorber al electorado extremista empuja al socialismo gobernante a practicar también una política exterior demagógica que deja a España inerme y a merced de cualquier chantaje. Llegados a este punto, conviene recordar que toda democracia constitucional –España lo es– implica una serie de límites al poder, singularmente rigurosos cuando solo se dispone de una mayoría ocasional y heterogénea. Esos límites al poder tienen que ver con su legitimidad de ejercicio. Hay legitimidad cuando se identifican los órganos del Estado con la voluntad y los intereses del conjunto de la sociedad. Las mayorías son siempre circunstanciales, porque el sistema se configura de forma abierta, salvando la posibilidad de una alternativa. La democracia admite que un partido, o una coalición de partidos, asuman la función de gobernar para todos porque se sobrentiende que lo hacen dentro de una esfera de compromiso sustancial, y aceptando la alternancia. En este sentido, las recientes declaraciones de Pedro Sánchez, aludiendo a que hoy en España “no tenemos una propuesta de alternancia” resultan singularmente inquietantes y abonan, aún más si cabe, la necesidad de su relevo. Ceuta es síntoma de una degradación que debe atajarse cuanto antes.
