Durante décadas, la política occidental ha fracasado sistemáticamente en frenar la amenaza iraní. Desde que triunfara la Revolución Islámica en 1979, los líderes estadounidenses y europeos han solido calibrar mal la naturaleza del régimen. Ya en un mensaje de 1978, el embajador estadounidense en Irán, William Sullivan, describió a Jomeini como una figura «al estilo de Gandhi». Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Andrew Young, llegó a decir incluso, por aquel entonces, que «Jomeini será algo así como un santo cuando superemos el pánico.»
Jimmy Carter simbolizó en su día ese predominio de la ilusión sobre la experiencia materializado, por ejemplo, en los Acuerdos de Argel de 1981, que supusieron la liberación de rehenes americanos secuestrados en los albores del régimen; su fundamento no era otro que la vana esperanza de que, resuelto el episodio, Estados Unidos podía descongelar ocho mil millones de dólares en activos iraníes y relajar la presión sobre el régimen confiando en que este abandonase espontáneamente la senda del extremismo chií. Dos años después, Irán y sus proxies estuvieron detrás del atentado que se saldó con 241 soldados norteamericanos asesinados en Beirut. Lo que siguió fueron años de fomento y promoción del terrorismo a escala global y de desestabilización regional que han continuado hasta hoy mismo. El programa ilegal de armas nucleares y misiles ha venido capitalizando, como es lógico, la preocupación principal de los aliados occidentales en la región. Y, aun así, la administración Obama pudo llegar a un acuerdo con el régimen porque, al igual que la administración Carter, asumió que Irán se reformaría antes de que expiraran las restricciones temporales que negoció sobre el programa nuclear iraní.
El Plan de Acción Integral Conjunto de Obama de 2015 (el llamado acuerdo nuclear con Irán) ofrecía un alivio de las sanciones internacionales a cambio de concesiones limitadas en el tiempo. En la práctica, supuso indultar el patrocinio iraní del terrorismo fuera de sus fronteras y la violación sistemática de los Derechos Humanos dentro de ellas. Trump canceló el acuerdo incumpliéndolo durante su primer mandato y, en este segundo, ha optado directamente por la ofensiva militar.
Con independencia de los debates –muy legítimos– sobre la cohesión interna del régimen y la existencia de corrientes que pudieran evolucionar hacia posturas más o menos reformistas, no debe perderse de vista que, en dos cuestiones decisivas, la seguridad del régimen y su orientación política, la última palabra la tiene el líder supremo. Y el programa nuclear es, a fin de cuentas, una cuestión clave para la seguridad del régimen.
Ahora, la ofensiva del pasado fin de semana confirma un nuevo giro en la posición norteamericana. Trump parece haber descubierto lo que muchos de sus colaboradores y los israelíes sabían desde hace tiempo: Jamenei no era alguien con quien hubiera posibilidades reales de firmar un acuerdo. En su mentalidad, renunciar al programa nuclear hubiera sido tanto como reconocer un sacrificio baldío prolongado durante cuarenta años; para un fanático al frente de una teocracia criminal, lo más parecido a un suicidio político.
Ahora, su muerte abre una serie de incógnitas sucesorias. Algunos analistas están apuntando a que, según la constitución iraní, el presidente del Gobierno, el presidente del Tribunal Supremo y uno de los seis clérigos delConsejo de Guardianes gobernarían conjuntamente hasta que la Asamblea de Expertos elija un nuevo líder supremo.
Aquí las previsiones constitucionales cuentan tanto como el clima corrupto que abona la cúpula del régimen. Cuando el ayatolá Jomeini murió el 3 de junio de 1989, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica era importante, pero aún no había consolidado una posición verdaderamente autónoma dentro de la República Islámica. Treinta y seis años después, la Guardia controla una fortuna que vale tanto como, si no más, la inmensa fortuna del líder supremo. Ningún miembro de la Guardia Revolucionaria aceptará a un nuevo líder supremo que no subordine sus propios intereses a los suyos y que no permita que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica mantenga su fortuna y privilegios.
En la práctica, esto podría significar que no se produjera una sucesión en el régimen siguiendo sus propias previsiones constitucionales, sino la creación de una junta militar. En tal caso, habría que ver si la nueva situación se concreta en una dictadura militar centrada en sojuzgar a su propio pueblo –cuarenta mil iraníes ya han sido masacrados– o si se mantiene la ideología que Jomeini y Jamenei abrazaron y por tanto continúa promoviéndose, además, la «exportación de la Revolución», tal y como exigen los documentos fundacionales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Hay analistas que hablan de la posible candidatura de Ali Larijani, el actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Larijani es un leal, pero también se le presume capacidad de maniobra. Sería un perfil que algunos comparan con el de Delcy Rodríguez, para tentar a Trump a no llevar hasta sus últimas consecuencias la operación de cambio de régimen.
Otra alternativa sería el nuevo Congreso de la Libertad de Irán. De variopinta procedencia política, sus componentes han explicitado principios comunes, coincidiendo en la importancia de la democracia y el Estado de derecho. En esencia, heredan el manto de la Revolución Constitucional Persa de 1905-1909, que dio inicio al periodo democrático más exitoso de la historia iraní.
Trump ahora se enfrenta a un problema: renuncia a poner botas sobre el terreno, pero Irán probablemente se enfrente a una insurgencia. La muerte de Jamenei es un primer paso en el objetivo de cambiar el régimen. Queda el más difícil: llenar el vacío. En todo caso, una cosa es cierta: la caída de la teocracia terrorista de los ayatolás sería una buena noticia para el mundo. Aunque discrepen quienes han guardado el más espeso y cómplice de los silencios mientras el régimen, durante años, asesinaba mujeres, ahorcaba homosexuales o financiaba atentados en Europa, España incluida. Ahora invocan el derecho internacional, pero callaban como tumbas estos últimos meses, mientras el régimen masacraba población civil inocente. Algo le deberán. Silencio, se rueda; silencio, se “cabalgan contradicciones”.
