Anotaciones FAES 93
Resulta más que reveladora la reacción de buena parte de la izquierda al anuncio hecho por Alberto Núñez Feijóo sobre su propósito de incluir al concebido no nacido como integrante de la unidad familiar. Una reacción de lo más reaccionaria: ¿qué derechos quedan comprometidos con esta medida? ¿o es que según esa izquierda el aborto es, no solo una opción elevada a derecho, sino, antes y primero, una bandera ideológica, un bien que preservar? El propósito de constitucionalizar el “derecho al aborto” empieza a justificarse ya como un “blindaje” ante una amenaza prefabricada: esa ola reaccionaria que hace de espantajo electoral movilizador para activar la polarización que necesita una izquierda enfangada. Por eso se pasa de considerar el aborto como una desgracia despenalizable en supuestos y plazos determinados, a considerarlo primero un derecho y luego un derecho fundamental constitucionalizado. Y eso mientras el ordenamiento sigue reconociendo derechos al nasciturus, cuya existencia es considerada civil y constitucionalmente un bien jurídico. Como señalaba Julián Illana en un trabajo recogido en nuestra revista Cuadernos, “los derechos fundamentales son erga omnes, y no admiten ni ser administrados a plazos ni ser motivo de objeción de conciencia.”[1]
A la luz de todo esto, se entiende mejor la reacción farisaica de la izquierda. Lo anunciado por Feijóo no puede presentarse, de buena fe, como un ataque contra nada ni contra nadie. ¿A quién puede agredir u ofender el fomento de la natalidad, la protección de la maternidad, el apoyo a las parejas que desean tener hijos y ven comprometido su proyecto por condicionantes socioeconómicos? Porque de eso se trata: de becas de estudio, de incentivos fiscales, de ayudas en comedores escolares, de abonos transporte o alquiler joven. Para que, quien quiera tener hijos, pueda tenerlos. Se trata de no “dejar a ningún niño atrás”, en un país como España, con una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo.
Por lo demás, si tan mal le parece a la izquierda reaccionaria, que explique por qué el anuncio de Feijóo es una “agresión a la libertad reproductiva de la mujer” y, sin embargo, no lo es que el ordenamiento jurídico español vigente proteja al concebido y no nacido reconociéndole derechos patrimoniales y civiles bajo la condición suspensiva de que nazca con vida: por ejemplo, en el artículo 29 del Código Civil, cuando establece que el nasciturus se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables; en el artículo 627 del Código Civil, cuando permite que las donaciones hechas al nasciturus sean aceptadas por las personas que legítimamente lo representan si ya hubiera nacido; o en la posibilidad legalmente reconocida de que sea instituido heredero o legatario, paralizando la partición de la herencia y proveyendo alimentos a la madre gestante hasta que se verifique el parto.
Ninguno de estos extremos deroga la vigencia de la Ley del aborto en un país en que se calcula una práctica anual de más de cien mil interrupciones voluntarias del embarazo.
El PP tiene perfecto derecho –faltaría más– a plantear alternativas y diseñar modelos propios de política social. Hacerlo con acierto, como es el caso, siempre será oportuno y procedente: alimenta la esperanza y delata la hipocresía. No es poco.
