Anotaciones FAES 98
Cada día mueren en España unas 1.200 personas. Lo dice el INE, que no es un panfleto de la fachosfera. Unas 73 mueren de un infarto u otra cardiopatía isquémica; 64, de cáncer de pulmón; 61, de un ictus; 13, tras una caída. Más de 750 tenían 80 años o más. Detrás de cada cifra hay una familia que llora y, desde esta semana, una pregunta que el Gobierno ha elevado a método: ¿a quién le echamos la culpa?
El miércoles murió en el Gregorio Marañón Maricarmen, 87 años, 71 de ellos en el mismo piso de Retiro, dos semanas después de ser desahuciada. Su muerte merece respeto y precisamente por eso conviene recordar lo que el Gobierno prefiere olvidar.
Maricarmen no perdió su casa por el capricho de un fondo buitre, sino por la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que limitó a dos años la subrogación de los hijos en los contratos de renta antigua para que los ricos de toda la vida no se beneficiaran de las prebendas del franquismo. Esa ley la aprobó un Gobierno de Felipe González, con José Borrell en el ministerio del ramo. Los tribunales se limitaron a aplicarla. Su contrato, legalmente, se había extinguido en 2007.
Tampoco conviene preguntar por la gestión. Cuando Sánchez llegó a La Moncloa, el acceso a la vivienda no llegaba al 4% de las menciones en el CIS; hoy roza el 50% y es el primer problema de los españoles. Desde entonces se han practicado más de 250.000 desahucios y ninguno le pareció motivo para disolver las Cortes. Hacía falta uno con rostro, acampada y calendario.
Y un villano con mejor cartel que un BOE de 1994. La ministra de Vivienda lo encontró en una «pyme buitre» con 3.000 euros de capital social. Temblad, BlackRock. Fue la empresa municipal de vivienda de Madrid la que cerró el acuerdo para que volviera a casa. Del Gobierno central, según la propia abogada de Maricarmen, no llamó nadie. Eso sí, ahora «siente esta pérdida como propia». La pérdida, como propia; la culpa, como ajena.
Apliquemos el método al resto de muertes diarias, que el Gobierno aún no ha rentabilizado. Los 73 infartos son obra de las terrazas de Ayuso y del colesterol neoliberal. Los 64 cánceres de pulmón, de la contaminación que Almeida no combate con el fervor debido. Los cinco muertos diarios en carretera podrían ser culpa de la DGT, pero la DGT depende de Marlaska. Mejor culpar a los conductores, a las constructoras o al asfalto, que, a diferencia del entorno del presidente, no gozan de presunción de inocencia.
Hay, eso sí, muertes que no admiten culpable. Cuando más de cuarenta personas fallecieron en Adamuz, el ministro de Transportes aclaró que él no había soldado el carril. Cuando más de ochenta murieron en el mar intentando llegar a nado a Ceuta, nadie acampó en Sol ni disolvió las Cortes. El presidente concluyó que no había pruebas contra Marruecos. La regla es sencilla. Hay muertos que se archivan y muertos que se convocan. Los muertos que incomodan se lloran en privado; a los que se puede sacar rédito, se velan en la Puerta del Sol.
Sánchez disolvió las Cortes porque el Congreso le tumbó dos decretos de vivienda y, al día siguiente, aprobó otros dos, moratoria de desahucios incluida, para que se voten en plena precampaña. Convocatoria el lunes, decretos el martes y el miércoles, un símbolo. Ni el mejor guionista de Ferraz lo habría hilado así.
El objetivo no es que nadie más pierda su casa. El objetivo es que, hasta el 29 de noviembre, no se hable de la imputación de Zapatero, de Ábalos y Cerdán, de las cloacas ni de los procedimientos que afectan a la esposa y al hermano del presidente, ni de Adamuz ni, por su puesto, de la invasión de Ceuta. Se hablará de Maricarmen, a la que el Gobierno no llamó en vida y no deja de nombrar desde que murió.
Mañana morirán otros 1.200 españoles. Que descansen en paz. Y que ninguno tenga la desgracia de resultar útil.
