En los últimos años, el mundo de la energía ha venido experimentando una fuerte convulsión como consecuencia de distintos factores causales. De una parte están los procesos de transición energética, en marcha en la gran mayoría de las economías del mundo como medio de lucha contra el cambio climático. De otra parte, las perturbaciones vividas en años recientes, significativamente la crisis de precios energéticos desatada en 2021, al calor del inicio de la recuperación pospandemia, y el estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022, que consolidó el proceso inflacionista.
A lo anterior se han añadido otras dos circunstancias con un importante potencial disruptor sobre los mercados de combustibles fósiles: las tensiones y la reconfiguración de Oriente Medio, y el nuevo mandato presidencial de Donald Trump, que quiere exprimir al máximo el petróleo y el gas estadounidenses para abastecer a la industria nacional a precios competitivos, pero también para exportar a sus competidores.
Esta realidad se ha impuesto en la Unión Europea y ha sacado a relucir vulnerabilidades y dependencias críticas. Su seguridad y el suministro de energía abundante y barata dependen de terceros países. Antes eran el petróleo y el gas baratos procedentes de Rusia; ahora es el GNL de Estados Unidos. Los minerales y las materias primas críticas para la transición energética también están en manos de otros: fundamentalmente de China, pero también de países de América Latina.
Como respuesta, Europa está recalibrando su estrategia energética bajo el paraguas de la ansiada “autonomía estratégica”. Una reorientación sobre la que subyace, como telón de fondo, la necesidad de ganar competitividad y constituirse en un actor global relevante en el futuro frente a China y Estados Unidos, con economías más dinámicas, que encabezan la carrera por la hegemonía global.
El objetivo sigue siendo la neutralidad climática para 2050, pero el ángulo medioambiental pierde la hegemonía que tenía hasta ahora, mientras que la seguridad de suministro y la asequibilidad de los precios energéticos se convierten en objetivos estratégicos y condición sine qua non para lograr esa mayor competitividad.
Este espíritu ha quedado reflejado en la Brújula de Competitividad (Competitive Compass, en inglés), la hoja de ruta basada en las recomendaciones del “Informe Draghi” que ha de guiar la actuación de la Comisión Europea durante los próximos cinco años.
Como parte de esta Brújula de Competitividad, la Comisión pretende impulsar 47 medidas legislativas y no legislativas. De momento, ya ha publicado varias comunicaciones y, entre ellas, la relativa al nuevo Pacto por una Industria Limpia[1] –que marca el renovado camino hacia la descarbonización sobre la base de reforzar las capacidades de la industria e impulsar el desarrollo de tecnologías limpias– y la relacionada con el Plan de Acción para una Energía Asequible[2] –que resulta clave para la competitividad industrial, muy mermada por el diferencial de costes energéticos que mantenemos con respecto a nuestros principales competidores–. Como botón de muestra, el coste de la electricidad que soportan las industrias electrointensivas en Europa es un 50% mayor que en China y el doble que en Estados Unidos[3].
Por ello es positivo que la Comisión se haya propuesto conseguir una electricidad competitiva mediante distintas medidas, entre las que se incluyen la revisión de los cargos e impuestos que pesan sobre la energía eléctrica, el refuerzo del papel de los contratos a plazo –o PPA– especialmente en el ámbito de las industrias electrointensivas (algo que ya estaba previsto en la reforma del mercado eléctrico de 2023), la reducción de los plazos de permitting para favorecer el despliegue de redes y almacenamiento, y la modernización de la infraestructura de redes. Todas ellas son asignaturas pendientes en España que desde hace años llevamos defendiendo en la Fundación FAES.
El logro de estas y otras medidas a lo largo de los próximos cinco años pasa necesariamente por movilizar importantes volúmenes de recursos –a este respecto, la negociación del nuevo marco financiero de la UE es clave y no será fácil– y por eliminar obstáculos innecesarios, de modo que libremos a las empresas europeas de la burocracia excesiva que las paraliza y que origina que muchas de ellas decidan escapar a Estados Unidos –sobre esto, la Comisión lanzará próximamente propuestas específicas orientadas, entre otras medidas, a simplificar la taxonomía verde–.
De momento, estas son las prioridades. Veremos cómo van metamorfoseándose en el actual escenario de volatilidad y cambio constante. Hasta ahora, la UE no se ha distinguido por su capacidad de adaptación a los cambios del entorno. Esperemos que el nuevo orden global –que, sin duda, se está conformando– sea suficiente acicate para revertir esta tendencia. Les iremos informando de todos los avances que se produzcan, como siempre, desde esta sección de Análisis FAES.
[1] COM(2025) 85 final
[2] COM(2025) 79 final
[3] Electricity 2025. Analysis and forecast to 2027, Agencia Internacional de la Energía (2025).
