Las declaraciones del presidente del Gobierno sobre Cataluña en la conferencia de prensa de fin de año serían insólitas si no hubiera sido Pedro Sánchez el que las hubiera hecho. No hay ni siquiera “buenismo”, ni mucho menos ingenuidad, en su descripción de la política catalana como un anhelo de reconciliación –¿con quién tienen que reconciliarse los que han sido agredidos en sus derechos como ciudadanos y siguen siendo amenazados con ser convertidos en extranjeros en su propia tierra?– y de superación de la quiebra causada por el desafío independentista. Se trata de una fabricación de la propaganda gubernamental para justificar y hacer éticamente deseables los indultos a los condenados por el procés. La realidad, como ocurre habitualmente con las afirmaciones de Sánchez, tiene muy poco que ver con lo que sostiene el presidente del Gobierno. La realidad, más bien, es la persistencia de una estrategia independentista que continúa sintiéndose legitimada para desbordar la legalidad constitucional, una estrategia que se reafirma en lo que hizo –“lo volveremos a hacer”– y que vuelve a acariciar el unilateralismo sedicioso de septiembre y octubre de 2017.
“Todos hemos cometido errores en Cataluña”, afirmó Sánchez. Tal vez. Pero hay una diferencia esencial, una distancia abismal entre cometer errores –que el presidente del Gobierno debería detallar– y cometer delitos. Y delitos solo los han cometido los que promovieron y llevaron a cabo un proceso de sedición, los que utilizaron fondos públicos para financiar su ilegalidad y los que han desobedecido sistemáticamente las resoluciones judiciales. Delitos solo los han cometido los que promovieron leyes que abolían la Constitución y el Estatuto de autonomía, que declaraban constituida la República catalana, que alteraban el régimen de nacionalidad de los españoles en Cataluña y arrasaban el Poder Judicial; los que promovieron disturbios para impedir la ejecución de las resoluciones y actuaciones judiciales. Ese afán de “reconciliación” del que Sánchez quiere hacerse intérprete no aparece por ninguna parte en el independentismo que, bien al contrario, sigue viendo en el Partido Socialista y su alianza Frankenstein su gran oportunidad para hacer avanzar sus objetivos.
La idea de que aplicar la ley es contraproducente no es nueva en España, pero es radicalmente equivocada y destructiva de los fundamentos cívicos en los que tiene que asentarse una sociedad democrática. Democracia y Estado de derecho es hacer valer la ley, garantía fundamental de la convivencia. Aplicarla no es un error. Lo demás es anomia o arbitrariedad, aunque se revista de poder discrecional para conceder unos indultos que carecen de justificación. Hay motivos para preocuparse por la quiebra interna que ha sufrido la sociedad catalana, una quiebra que el independentismo quiere consolidar. Porque ni se puede permitir que Cataluña se rompa ni que, desde Cataluña, los mismos que la han roto insistan en su pretensión de hacer que esa ruptura lo sea también de la convivencia entre todos los españoles.
