EDITORIAL XXX Aniversario de la victoria de 1996
Conmemorar con perspectiva histórica el 30 aniversario de la primera victoria popular en unas Elecciones Generales excluye por principio cualquier tentación nostálgica. Las circunstancias políticas de la nación obligan a desterrar la autocomplacencia. Lo que sí procede es recordar la efeméride para encuadrar mejor nuestro presente y deducir conclusiones aprovechables de cara a nuestro mañana más inmediato.
1996 reivindica, antes que a nada o a nadie, un proyecto político. El de un Partido Popular cuya renovada continuidad desde aquella fecha acredita su solidez y la necesidad para España de un proyecto reformista de centro-derecha. Por eso, hoy no se trata de celebrar aniversarios exhumando archivos, sino renovando votos: en una España muy distinta a la de 1996, sigue habiendo una herramienta política al servicio de los españoles con idéntica disposición y potencial transformador.
En 2026 sigue siendo cierto que el PP mantiene intacta su vocación de gobernar con sentido nacional, al servicio de todos; aquí sigue habiendo un partido hecho para algo más que gestionar herencias ruinosas. De hecho, el único que puede hacerlo, porque sigue siendo verdad que es la única alternativa de gobierno capaz de combatir el sanchismo con algo más que con soflamas: con el peso abrumador de un balance histórico.
La política sin muros
El PP inició en 1996 un proceso de modernización política en España contando con todos y al que los españoles brindaron su apoyo, al culminar su primer ciclo de gobierno, otorgándole la mayor expresión de confianza política posible: la mayoría absoluta del año 2000. En 1996 se puso en marcha la construcción de una obra política capaz de concitar índices de aprobación mayoritarios incluso entre el electorado del PSOE.
Tal cosa fue posible porque no se impulsaron políticas para hostilizar al adversario, fragmentar el electorado y tratar de sacar ventaja de la radicalización inducida. Se hacía política para integrar la nación, uniéndola en torno a un proyecto ambicioso y a objetivos fácilmente identificables, que pudieran suscitar apoyos mayoritarios. Nunca se jugó a la pequeña.
No se levantó ningún muro entonces ni tampoco después, cuando se tuvo mayoría absoluta. Fue durante la legislatura del año 2000 cuando se firmó el Pacto Antiterrorista, el Pacto por la Justicia y el Acuerdo de Financiación Autonómica por unanimidad, sin negociarlo bilateralmente. El PP aprobó 219 leyes sin necesidad de rodillo parlamentario: sólo dos contaron con su apoyo exclusivo. Además, se firmaron 18 acuerdos con los agentes sociales, grandes pactos para la financiación sanitaria y local y el Plan Hidrológico Nacional.
Cuando no se compraban investiduras
La investidura del presidente Aznar no solo no se parece en nada a las dos últimas, sino que su significado político consiste exactamente en lo contrario de ambas. En 1996 el PPnegoció los términos del apoyo de CiU dándolos a conocer en un documento público y detallado. En un hotel de Barcelona, no en Bélgica ni en Suiza. Entre equipos de ambos partidos, no con un mediador internacional. No comprometió cesiones inconstitucionales en favor de opciones secesionistas regalándoles la estabilidad de la legislatura. Mucho menos rubricó ningún documento avalando el relato histórico del nacionalismo catalán. No contempló –ni de lejos– delegar atributos soberanos para que un prófugo de la justicia se jactase de arrancar de un Gobierno claudicante estructuras de Estado.
El contenido fiscal de los acuerdos de 1996 son unas bases para la reforma del modelo de financiación autonómica que, poco después, sería aprobado por todas las Comunidades por unanimidad. Un acuerdo nacional, no bilateral, junto a otros de igual naturaleza: reforma de la administración periférica, asunción de compromisos de gasto sanitario previamente comprometidos por el Ejecutivo anterior… Aznar no pactó, para ser investido, deformar el Código Penal suprimiendo tipos delictivos, no acordó indultos arbitrarios, no tragó amnistías inconstitucionales, no aceptó menús a la carta en la financiación autonómica, ni mucho menos chantajes para intercambiar investidura por impunidad. Pactó para poder gobernar. Pero con la Constitución y en interés de toda España. No pactó contra la Constitución, para estar en el Gobierno en interés propio.
El PP pactó con una CiU que aceptaba el Estatuto de autonomía. No hubo controversia constitucional alguna en nada de lo suscrito. Porque no se pactó con sediciosos ni malversadores contumaces. No se pactó al año siguiente de haber tenido lugar un golpe a la Constitución con los autores del mismo, conjurados para repetirlo; por eso se pudo gobernar la nación sin pedir permiso a los enemigos de la nación. En 1996 el PP no había perdido las elecciones.
El pacto obtuvo el respaldo mayoritario de los españoles y, lejos de fortalecer al nacionalismo, produjo su significativo retroceso político. Entre 1996 y 2003 la suma de CiU y ERC descendió en votos y en escaños en las elecciones autonómicas y en las elecciones generales. En las autonómicas, desde 1.625.000 hasta 1.568.000 votos, desde 73 hasta 69 escaños y desde el 50,4% del voto válido hasta el 47,3%. En las generales, desde 1.314.000 en 1996 hasta 1.160.000 en 2000, de 17 a 16 escaños y desde el 25,7% del voto sobre censo hasta el 21,9. Por otro lado, en los últimos treinta años, la menor intensidad de sentimiento nacionalista catalán excluyente se registró en 1996 (un 11%), 1998 (un 11,5%) y 2002 (un 12,1%). 1996 explica el año 2000, no 2017.
Sí se pudo: España, socio fundador de la moneda única
En 1995, de las cinco condiciones contempladas por el Tratado de Maastricht para ingresar en la moneda única, España apenas cumplía una. Ni su tasa de inflación, ni los tipos de interés a largo plazo, ni el déficit de la Administración pública, ni la Deuda Pública se acercaban a los criterios de convergencia. El tiempo para cumplir no era nada dilatado: había que hacerlo entre mayo de 1996 y diciembre de 1997. Poco más de un año para un desafío que quiso aceptarse porque se confiaba en el país.
Se puso en marcha una política de inequívoco tinte liberal. Y conseguimos entrar como miembros fundadores del euro en el grupo de cabeza, cumpliendo todos los criterios de convergencia. Se habló de “milagro español” pero no hay milagros, simplemente hay buenas y malas políticas. Demostramos que España no estaba –ni está– condenada a tasas insoportables de paro, al déficit desbocado, a soportar el chantaje reiterado de minorías insolidarias, a la irrelevancia internacional.
En 1995 la prima de riesgo país se situaba en España en el entorno de los 600 puntos básicos. Cuando dejamos el Gobierno, en 2004, era cero. En 1996 el gasto público ascendía al 47% del PIB. Cuando dejamos el Gobierno, había descendido al 40%. Conseguimos el déficit cero en 2001, lo mantuvimos en 2002 y saldamos 2003 con superávit en las cuentas públicas: el período más largo de estabilidad presupuestaria registrado hasta entonces en nuestra historia. Recogimos una Seguridad Social quebrada y la dejamos con superávit.
De cohetes y petardos
Las reformas que posibilitaron, en un tiempo récord, que España fuese socio fundador de la moneda única abrieron un ciclo de gobierno que permitió consolidar un proyecto de reforma y modernización que en ocho años aumentó 10 puntos nuestra convergencia con Europa: dato muy relevante que ahora se oculta para disimular nuestra actual divergencia desde 2018; hizo crecer el P.I.B. un 64%, duplicando la riqueza total neta de las familias; aumentó en 5 millones las personas ocupadas y en 5,5 millones los cotizantes a la Seguridad Social; incrementó la ocupación femenina en 2,5 millones de mujeres; creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social aumentando la pensión media mensual en un 50%; rebajó el tipo máximo del IRPF del 56% al 45%, aumentando la renta neta familiar en más de un 5%.
Hoy la izquierda califica de “reaccionaria” una obra de gobierno que activó procesos modernizadores que, en otros países, necesitaron décadas para asentarse. No hay que hacer mucho caso de quienes viven a crédito entrampando el país, engordando ingresos fiscales a base de inflación y sin ser capaces de ejecutar fondos europeos por falta de músculo administrativo mientras dejan oxidarse las redes que vertebran el país sumiéndole en un déficit inversor estratosférico. No confundamos cohetes con petardos.
La relevancia internacional es algo más que un photocall
Durante el ciclo político inaugurado en 1996 tuvieron lugar en España 23 visitas de Estado, 116 visitas oficiales de jefes de Estado, primeros ministros y autoridades internacionales de igual rango; se celebraron 38 cumbres bilaterales y 38 consejos europeos. El presidente del Gobierno realizó 149 visitas oficiales y de trabajo y asistió a 79 reuniones internacionales de distintas organizaciones (OTAN, OSCE, Cumbres Iberoamericanas, G-7, conferencias ONU, etc.). La intensidad de esa agenda no era cosmética ni fruto del “turismo diplomático”, como demuestran los acuerdos suscritos, los compromisos firmados, las alianzas entabladas y el rango internacional de España en ese momento.
Aquel Gobierno creía en las posibilidades de España y tenía ambición. En su primera legislatura nos incorporamos a la estructura integrada de mandos de la OTAN, fuimos socios fundadores del euro (por fin llegamos a tiempo a una cita histórica) y alcanzamos una posición de notorio peso específico en el seno de la Unión como resultado de las negociaciones que alumbraron el Tratado de Niza. España lideraba la política iberoamericana de la Unión, el impulso a la cooperación antiterrorista, la nueva relación con el Reino Unido y el fortalecimiento y la ampliación de las relaciones con Estados Unidos.
Cuando los terroristas no mandaban
En fechas recientes hemos asistido a la concesión de medidas de lenidad penitenciaria a terroristas convictos. Por pura conveniencia partidista. Un Gobierno de Aznar aprobó el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo. Porque su crédito dependía de su firmeza. El Gobierno actual anticipa excarcelaciones de terroristas, porque su continuidad depende de su vileza.
Durante aquella etapa se entendió perfectamente que el terrorismo no aspira a seguir matando para siempre, sino a cobrar el precio por dejar de hacerlo. Es su forma de obtener lo que las urnas no le dan.
Este fue uno de los capítulos importantes de aquella etapa de gobierno. Y resulta desolador comprobar qué rápido se olvidan ciertas lecciones que costaron tanta sangre inocente. Entonces se tuvo siempre muy claro que todo chantaje terrorista se debe rechazar por sistema, porque hacer concesiones para que el violento deje de ejercer la violencia imponiendo condiciones no es una forma de terminar con ella sino de alimentarla dándole valor político.
En nombre de la convivencia y de la democracia, el terrorismo y el delito se combaten, no se remuneran. Aquellos Gobiernos sabían muy bien que el propósito del terrorismo es lograr que llegue el día en que una sociedad ceda para evitar más violencia, más muerte o más destrucción. Y que, además, esa sociedad asuma que en lo sucesivo los terroristas o los golpistas tendrán capacidad de veto y capacidad de dirección sobre los asuntos del Estado; y que ellos determinarán qué partidos y qué ideas pueden estar en los acuerdos y cuáles no, bajo amenaza de que el proceso descarrile y la violencia retorne.
Pocas cosas ofenden más a la inteligencia y a la memoria que decir que “el PP necesita a ETA” y que por eso habla de ella. La realidad es que el Partido Popular nunca ha vivido de la violencia; ha sobrevivido a pesar de ella. Y cuando habla de ETA es porque el Gobierno y sus socios han decidido acortar la condena de los terroristas y porque Bildu gobierna en España. Fue el actual presidente del Gobierno quien habló del “nueve a uno” después de las últimas elecciones vascas en el Congreso, asimilando los votos de Bildu a los del partido socialista, igual que lo hizo en la noche electoral de 2023 diciendo aquello de “somos más”. Incluyendo en la suma a los herederos del terror.
Herederos políticos de ETA son todos aquellos cuyos resultados electorales se han beneficiado de la diáspora vasca producida por ETA. Sin Bildu Sánchez no sería presidente, y sin ETA Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez. Un asesino en la calle es asunto de todos, es un asunto público, no privado. Y favorecer su excarcelación también lo es. Sánchez abre la puerta a los terroristas porque, si no, los terroristas le cierran la puerta a él.
El miedo a la normalidad democrática
En 1996 se normalizó el modelo democrático español, demostrándose que la alternancia era posible y que era falsa la visión de una derecha poco sincera en su compromiso democrático. En 2000 la mayoría absoluta del PP asustó a la izquierda. Apremiados por el temor de un cambio de mayoría social y desde una concepción exclusivista del país, que ve en los gobiernos de izquierda la normalidad por defecto, y en los de signo popular una excepción circunstancial, empezaron a oírse discursos instando al PSOE para que abandonase el centro y se entregara a maximalismos de izquierda y a un nacionalismo finalmente radicalizado por esa maniobra excéntrica. Se descalificó una mayoría que arrumbaba falsos tópicos: la España “de izquierdas” por designio divino, el PP como sucesor político de uno de los bandos de 1936.
Aquí está el origen de la dinámica que nos ha conducido al presente callejón sin salida. Recordar 1996 y lo que sucedió después del ciclo de gobierno inaugurado entonces es entender por qué caminos hemos acabado siendo conducidos a la encrucijada actual. Sirve, por tanto, para resolverse a retomar la buena senda. España no está condenada a extraviarse. España fue bien y volverá a ir bien.
