“Estamos ante un tratado histórico que establece una nueva etapa de convivencia después de más de 300 años”
José Manuel Albares, ministro
La plaza fuerte de Calais había sido tomada por Eduardo III, rey de Inglaterra, a Felipe de Valois en 1347, haciendo de ella por entonces un Gibraltar inglés. Dos siglos estuvo la ciudad bajo el dominio británico; hasta que en 1558 y tras un breve sitio, la recuperó el Duque de Guisa. La alegría de Francia fue inmensa, y el suceso contribuyó en mucho a levantar su espíritu nacional, bastante abatido por la reciente victoria española de San Quintín. Pero treinta y ocho años después, en 1596, las tropas españolas bajo el mando del archiduque Alberto volvían a conquistar Calais. Sin embargo, España, generosa y percatada de lo que para Francia suponía esta mutilación, y no obstante la proximidad de Calais a los Estados de Flandes, entonces españoles, la devolvía a Francia en el Tratado de Vervins. Precioso antecedente y testimonio ejemplar de lo que puede una buena y mutua amistad.
Pero España no tuvo con el tiempo la fortuna de la nación vecina; y cuando el 4 de agosto de 1704 el príncipe de Hesse-Darmstadt al servicio del archiduque Carlos, pretendiente a la Corona de España en la Guerra de Sucesión, ocupa Gibraltar a nombre de este, su bandera, tan española todavía como la de Felipe V su adversario, ondea muy pocas horas sobre el Peñón, porque el almirante Rook, comandante de la Escuadra inglesa, le obliga a arriarla, sustituyéndola por la de su soberana la Reina Ana. De este modo inaudito comenzó el dominio inglés sobre Gibraltar.
España no se conforma y durante todo el siglo XVIII derrocha sangre y caudales para su recobro. En todas las negociaciones diplomáticas la devolución de Gibraltar es la cuestión primera. Felipe V y Carlos III porfían para que vuelva a España lo que el príncipe de Darmstadt había conquistado no para la nación inglesa, sino en nombre y para un pretendiente al Trono español. Pero nuestra debilidad momentánea y el abandono francés consolidan la ocupación británica en el funesto Tratado de Utrecht. No importa: nuestros reyes seguirán porfiando con Inglaterra para que acceda a su restitución; y tan justa es la causa y patente nuestro derecho, que hay un momento, en junio de 1721, que el Rey Jorge I, en una famosa carta suya a Felipe V, se muestra propicio a devolver Gibraltar. La promesa no se cumple y, fracasando la diplomacia, vendrán las armas a sostener la demanda española. Tres sitios durante el siglo XVIII prueban que España no renuncia a lo que sabe suyo.
Desde entonces, nunca se tuvo una oportunidad como la que ofrecía el Brexit. Una vez fuera el Reino Unido de la Unión Europea, ¿era concebible no avanzar hacia una situación de cosoberanía? ¿era imaginable que los gibraltareños mejorasen su posición dentro de la UE justo cuando el Reino Unido la abandonaba? Sí, todo eso ha resultado posible.
Simplemente porque para el Gobierno de Pedro Sánchez, en lo relativo a Gibraltar, la cuestión de la soberanía no figura en su agenda.
Esta es la conclusión más relevante que cabe deducir del acuerdo publicado recientemente. Sobre el que no ha existido debate parlamentario ni existirá, puesto que no estamos ante un tratado bilateral sino ante uno suscrito por la UE con el Reino Unido. Eso alega el Gobierno para sortear la rendición de cuentas, sin que eso le impida, por lo demás, practicar el autobombo: encomiando su influencia en unas negociaciones cuyo resultado nos invita a aplaudir; calificándolo, además, como “histórico”.
¿Éxito histórico? Veamos. Se presenta el artículo 2 del tratado como una cláusula que “no prejuzga” las respectivas posiciones de los firmantes sobre la soberanía del Peñón. Lo cual es lo mismo que consolidar el statu quo y dejar la cuestión aparcada sine die. Lo dicho: se nota que no está en la agenda del Gobierno y eso, en la práctica, tiene un efecto político decisivo: preservar intacta la titularidad británica del territorio. Desde luego, la cosa es realmente “histórica”. Porque el Reino Unido ve confirmada su capacidad para ejercer las relaciones exteriores del Peñón mientras éste mantiene su estatus político británico y con encaje funcional en el marco europeo: lo mejor de ambos mundos para unos gibraltareños tan británicos como antes; ahora convertidos, además, en habitantes de una suerte de enclave europeo en el Reino Unido.
Lo cierto es que tras el Brexit la Comisión Europea delegó en España la responsabilidad íntegra sobre el estatuto futuro de Gibraltar ante la Unión. Una baza “histórica” para España, lamentablemente dilapidada por este Gobierno. Por mucho que se quiera distorsionar. Por ejemplo, se presenta como un logro la posibilidad de que la Policía española actúe en el control aduanero del aeropuerto de Gibraltar. Nada que no haga –como ha recordado algún comentarista– la policía francesa en la estación londinense de Saint Pancras revisando pasaportes para embarcar en el Eurostar a París. Por otro lado, los militares británicos radicados en el Peñón accederán –estos sí, sin pasaporte ni visado– a la zona Schengen sin que España tenga, a cambio, control alguno en nada referido a la actividad militar británica o aliada de las bases naval y aérea en que se ocupa dicho personal militar.
Desde 1713 no se había tenido una oportunidad igual: el Reino Unido abandona una Unión a la que los gibraltareños, mayoritariamente, manifiestan querer pertenecer. La Unión nos apodera para negociar en su nombre. Para que, finalmente, el Gobierno, investido de ese poder, conceda a los gibraltareños todas sus demandas sin obtener nada a cambio.
En esta histórica coyuntura, el Gobierno español parece haber inspirado su práctica negociadora en la doctrina Zapatero sobre resolución de conflictos. ¿Qué podía salir mal?
Por lo visto, el “lado correcto de la historia” es un sitio muy parecido a esos apeaderos inhóspitos en que nunca para ningún tren.
