Urda remata ocho años de destrozo político, institucional y moral en España. Ocho años en que gobernar ha significado sobrevivir a cualquier precio. Y el precio ha sido demasiado alto: una amnistía para arrodillar al Estado, 125 imputaciones por haberlo saqueado, una invasión consentida y dos tragedias ferroviarias por haber olvidado que “lo público” tiene mucho más que ver con la inversión a largo plazo que con librar cheques electorales a costa del futuro de la nación y el presente de sus infraestructuras. Gobernar sin el Congreso –y contra él, pervirtiendo la Diputación Permanente– una democracia parlamentaria es socavar sus fundamentos. Haberlo hecho con Ábalos y Puente en el Ministerio de Transportes es ostentar una preferencia acusadísima por lo que es más que privado, particular, es decir, por lo partidista.
Ya sabemos qué significan, para el presidente del Gobierno, expresiones como “integridad territorial” o “accidente inasumible”: exactamente nada, porque su elocución no tiene consecuencias. Pero ahora, con el 28 de octubre, se acabaron las camisetas festivas y el “partido del amor”: nunca hubo nada que celebrar, pero las circunstancias ya no consienten ni siquiera fingir el más mínimo bailoteo. De golpe, España se ha visto retroceder cuarenta años o más, porque en 1992 viajar en tren a más de 40 km/h. no significaba arriesgar la vida.
Será difícil exculpar de semejante involución al sediciente “progresismo”, ocho años después de haber gobernado sin límites constitucionales ni éticos (ni siquiera fiscales). Sin Presupuestos y sin Alta Velocidad, será imposible exhibir el balance económico del sanchismo en figura de cohete. Será impracticable evitar la rendición de cuentas y seguir usando la noción “responsabilidad política” como un sintagma vacío. No dimitir en Adamuz lleva a Urda: y es que “dar la cara” es lo contrario de tener tanto rostro. Las filtraciones sesgadas y el endoso de responsabilidades han sido la única respuesta política del Gobierno. Todo lo demás, balbuceos y mentiras. Porque a la luz del déficit inversor en infraestructuras ni Adamuz fue “inexplicable” ni Urda “inverosímil”. La España de los apagones, las mordidas, las nacionalizaciones fraudulentas, la venalidad y el sectarismo se explica por sí sola sin necesidad de que Puente nos abochorne con declaraciones; es vana la pretensión de medir la “valentía” ministerial por el número de comparecencias convocadas. Las dimisiones irrevocables se consuman en un solo acto cuando se tiene vergüenza; no se dilatan en diferido a golpe de encuesta.
Cuando se redacta este editorial, Sánchez acaba de anunciar el nombramiento de Cuerpo como ministro – puente hasta las elecciones. Fingiendo ecuanimidad, recurre a lo de siempre: acusar a los demás de lo que él practica: “algunos viven del enfrentamiento…”. SÍ, presidente, usted lo sabe bien.
El 29 de noviembre deberá suponer algo más que un cambio de Gobierno. España necesita una transformación profunda de su cultura y práctica política. Para sanear la escombrera institucional, política y ética que va a heredarse habrá que contar con una mayoría tan sólida como nacional, es decir, nada sectaria, porque lo que hay que asegurar es el futuro de la nación y de la democracia, haciéndolas, sencillamente, posibles. Un asunto también legislativo, pero no solo. Se tratará de restaurar, antes que nada, la decencia.
