Formalizada la convocatoria andaluza, el país afronta la culminación de una ronda electoral autonómica, marcada por el declive socialista, en la recta final de la legislatura: si el ciclo territorial y el nacional se resuelven en idéntica clave, España tendrá la posibilidad de volver a funcionar como Estado y detener el proceso de desagregación nacional y constitucional puesto en marcha por el sanchismo.
LA NACIÓN GRIPADA
Aquí ya dijimos que Sánchez se jugaba todo a una última carta, descontando una sucesión de derrotas parciales y concentrando su esfuerzo político –el único de que es capaz: su propaganda– en la convocatoria que considera decisiva porque implica lo único que le importa: su futuro personal. Mientras tanto, los acontecimientos vienen confirmando lo archisabido: el Gobierno no gobierna porque no puede; careciendo de mayoría parlamentaria, se conforma con planear y programar “guerras culturales”. Cuando amaga con algo que vaya más allá, el estropicio sirve para recordarnos que las cosas podrían ir aún peor. Sirva como ejemplo el decreto sobre renovación de alquileres pactado como concesión a Sumar sin muchas expectativas de superar el veto del resto de socios. Una operación anunciada a bombo y platillo como ejemplo de protección social –el famoso “escudo”– y que solo responde a un cálculo mezquino, acaba teniendo efectos más allá del mundo de los “relatos”: ya ha conseguido sumir en una inseguridad mayúscula –que anuncia una litigiosidad frondosa– el mercado inmobiliario. Propietarios, inquilinos y jóvenes a la expectativa de encontrar casa tendrán que pagar las consecuencias de una operación de imagen concebida a la medida de los intereses de Sánchez y Yolanda Díaz.
Un país averiado en manos de un Gobierno incapaz de entenderse consigo mismo. La sensación de que nada funciona en España toma ya rango de tópico. Cuando se escriben estas líneas todavía está reciente el ditirambo de la ministra Montero justificando su “sacrificio” al abandonar el Consejo de ministros para “rescatar los servicios públicos” en Andalucía. Con la línea de Alta Velocidad Madrid-Málaga suspendida…
La red ferroviaria, las infraestructuras hidráulicas, la red de aeropuertos, todo lo que vertebra materialmente el país y es objeto de la competencia de la Administración central padece, a la vista de todos, un deterioro galopante sin que cifras récord de recaudación, préstamos europeos, la multiplicación de figuras tributarias o la suspensión de las reglas fiscales se hayan traducido en mejoras apreciables de esos “servicios públicos” tan coreados en el discurso como postergados en la acción de gobierno del sanchismo.
DÉFICIT INVERSOR Y DÉFICIT DE RESPONSABILIDAD
El paisaje político español está poblado de apagones pendientes de explicación, trenes detenidos en comarcas inhóspitas, aeropuertos saturados, infraestructuras deterioradas que amenazan ruina y, en ocasiones, desencadenan accidentes fatales. Acusar de sabotaje fue la primera reacción de un Gobierno instalado en la paranoia prefabricada del peligro “ultra”; cuando la dimensión del desastre rebasó el potencial profiláctico de esa retórica ridícula, se recurrió a lo que mejor sabe hacer el sanchismo militante: mentir y escurrir el bulto.
A la incuria le acompaña el escarnio en todo lo relativo al desastre ferroviario –metáfora de la España que no funciona–, porque no puede obviarse cuáles eran las prioridades de los responsables del ramo durante los últimos años. Desde luego, no pasaban por la inversión: siete años después de liberalizar el servicio y que la demanda se disparase en un destino turístico como es España, las estructuras están obsoletas y la cúpula de Adif imputada en compañía de ministros y ayudantes, más dedicados a colocar, pagar y cobrar primas que a tomarse en serio sus responsabilidades.
No relatamos impresiones subjetivas. Son varios los informes que documentan un déficit inversor en España que ha podido cuantificarse, recientemente, en casi 20 000 millones de euros anuales desde el año 2019. Según el Instituto de Estudios Económicos, España tendría que aumentar su inversión anual en infraestructuras en un orden de 120.000 millones. Ya el informe Draghi había estimado, sin mayor conocimiento del estado de conservación de las redes de infraestructuras, que España tendría que asumir entre 70.000 y 110.000 millones de inversión sin más que tener en cuenta su peso en Europa. Pues bien, en el mismo informe del IEE se indica una reducción del -27,5 % en el gasto de mantenimiento por pasajero de alta velocidad y un nivel de gasto por kilómetro inferior a la media europea. España es la tercera economía de la Unión Europea con menor inversión ferroviaria por cada 1.000 kilómetros de vía, con un gasto de 45,5 millones de euros por millar de kilómetros, prácticamente la mitad del promedio europeo (80,6 millones) y muy lejos de países como Países Bajos o Reino Unido, que superan los 300 millones.
En otros capítulos de su informe, el IEE también registra el estrés hídrico que presenta España o las urgentes necesidades en los aeropuertos y los puertos ante el crecimiento de pasajeros. No parece que la ausencia de Presupuestos durante tres años consecutivos sea la mejor respuesta a esta radiografía demoledora.
POLÍTICA DE PANCARTA
Un Gobierno empeñado en camuflar la realidad con propaganda y en construir relatos a costa de la verdad cuenta con instalar en la opinión pública dos eslóganes que funcionen como placebos ideológicos: el “cohete económico” y el “no a la guerra”. Confundirse en política interior y en política exterior es cegar resquicios no solo al acierto, sino a la esperanza, porque ciertos errores tienen consecuencias que, más o menos pronto, acaban concretándose.
Un diagnóstico falso sobre la economía cuesta sacrificios más dolorosos cuanto más se posponen las medidas que la realidad acaba siempre imponiendo. Adoptar posiciones en política internacional bajo la única guía de un falso moralismo de inspiración partidista también compromete el interés nacional a largo plazo y el propio crédito de España como aliado fiable en la Alianza y socio comprometido en la Unión Europea.
La propaganda sanchista sobre la guerra en Oriente Medio descarta cualquier juicio ponderado sobre una crisis, la de Irán, nada reciente. Porque estamos ante un conflicto larvado durante mucho tiempo. Desde 1979, el régimen iraní lleva cuarenta y siete años intentando erradicar el Estado de Israel y suprimir la presencia norteamericana en la región, para reconfigurarla a la medida de su patrón teocrático. Al servicio de ese propósito estratégico promociona y financia el terrorismo vicario de Hezbolá y Hamás; al mismo tiempo, almacena misiles y desarrolla una capacidad nuclear con el propósito de hacerse inmune a cualquier respuesta.
El punto álgido de esa estrategia se alcanzó justo después del 7 de octubre de 2023, cuando uno de los proxis de Irán, Hamás, perpetró aquella matanza; otro, Hezbolá en el Líbano, estaba convirtiendo el norte israelí en un páramo; y un tercero, los hutíes en Yemen, incendiaban el Mar Rojo comprometiendo el comercio internacional. Al socaire de todo esto, Irán impulsaba sus ambiciones nucleares.
El programa nuclear iraní no justifica los usos civiles y pacíficos que alega el régimen para legitimarlo; el progresivo enriquecimiento de combustible nuclear solo puede explicarse remitiéndolo al objetivo de dotarse del arma nuclear. Irán ha venido rehusando sistemáticamente someterse a un régimen internacional de inspecciones. Irán, Corea del Norte, Rusia y China se han armado y ayudado mutuamente en los últimos años. Los drones iraníes ayudaron a Rusia a devastar ciudades ucranianas; Teherán utilizó la campaña de terror aéreo de Rusia para diseñar sus propios ataques contra Israel. Europa no está indemne de la acción desestabilizadora de Irán, que organiza atentados contra sus adversarios políticos allí donde se encuentren, y en España hemos podido asistir al intento de asesinato de quien fue vicepresidente del Parlamento Europeo a manos de un sicariato pagado por Teherán.
Todo lo anterior no obsta que siga siendo incógnita la profundidad estratégica que la Administración Trump quiera dar a su intervención en Irán. Pero tal circunstancia, que plantea la posibilidad de un debate legítimo, no impide sostener la necesidad de que Europa permanezca al lado de sus aliados. En solidaridad con un país sometido a la amenaza constante de un enemigo que aspira a ser potencia nuclear y escapa de todo control internacional. Nadie desea ninguna de las consecuencias –tantas veces imprevisibles– de una guerra. Pero tampoco cabe desconocer que el peor de los escenarios sería el de la petrificación de una teocracia fanática que masacra a su pueblo y amenaza a sus vecinos, convertida en potencia atómica y árbitro de un Oriente Medio transformado en polvorín nuclear.
Por eso, ciertas posiciones políticas reducidas a exhibir poses morales buscando ventaja política a corto plazo, están fuera de lugar. Al margen de sus deseos personales, un gobernante responsable no tiene más remedio que inspirar su conducta en las condiciones objetivas de las circunstancias, y la verdad de las nuestras es que no podemos ignorar la amenaza del régimen terrorista de los ayatolás.
El pacifismo exportable como arma de guerra fue un invento soviético del que Europa conserva memoria. Es ese pacifismo incondicional que sitúa en el mismo plano al agresor y al agredido. Es la “paz” usada como instrumento táctico. Existe un amor a la paz más auténtico, sin propósito ulterior. Sentirlo no nos exime de saber que nuestra seguridad no tiene más garantía que la entereza con que defendamos nuestro derecho. Cualquier sociedad debe conocer los peligros que la rodean y comprender que, aunque no quiera, puede encontrarse implicada en una guerra, porque la guerra no depende de su sola voluntad.
Pedro Sánchez no se ha limitado a ejercer el margen de autonomía que le conceden a España los compromisos bilaterales suscritos con los Estados Unidos. Ha ido mucho más allá que cualquier otro socio europeo en su afán de protagonizar la contestación internacional a las políticas de la Administración Trump confundiendo, una vez más, interés partidista y política de Estado.
Por lo demás, es hipócrita invocar el derecho internacional como blindaje de una tiranía. ¿Puede aceptarse que todo parámetro jurídico esté abocado a una vía muerta cuando el Consejo de Seguridad queda bloqueado por un veto? ¿Estamos en condiciones de descartar otra amenaza inminente cuando nadie esperaba tampoco un ataque como el del 7 de octubre?
Sin fuerza para respaldarlo, el derecho no es tal. Invocarlo para dividir alianzas, incumplir compromisos y lesionar el interés nacional –todo ello con el solo propósito de obtener réditos electorales en el corto plazo– constituye la peor de sus violaciones.
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Todo lo anterior dibuja el cuadro de un estado de situación que debe resolverse a favor de las posibilidades de futuro de España y los españoles. Definido el diagnóstico, el pronóstico y la terapia se derivan como corolarios naturales. España no funciona: hay que volver a ponerla en marcha. Contribuir a esa tarea, en la medida de lo posible, es el propósito que anima las páginas que siguen.
