Hace pocos días, Lord Smith of Kelvin presentó el informe que se le había solicitado tras el histórico referéndum celebrado el 18 de septiembre en Escocia. Algo más del 52% de la población escocesa votó contra la independencia, pero lo hizo tras escuchar el compromiso de incrementar el nivel de autogobierno del Parlamento escocés asumido por los tres principales partidos del Reino Unido. El informe de la Comisión Smith pretende dar respuesta a esa promesa y está suscrito por los cinco principales partidos escoceses: nacionalistas, laboristas, conservadores, liberal demócratas y verdes. Su contenido no puede resultar novedoso para ningún lector español y, en muchos aspectos, queda lejos de las competencias ya asumidas por nuestras Comunidades Autónomas. Lo que más ha llamado la atención es la cesión de una amplia capacidad normativa y un 100% de la recaudación del IRPF (el 50% en España) que, en todo caso, seguirá siendo gestionado por la autoridad fiscal británica. También se traspasará un 10% del IVA recaudado (un 50% en España). No se ceden el impuesto sobre sucesiones y donaciones (cedido al 100% aquí), hidrocarburos (58% entre nosotros), ni las cotizaciones de la Seguridad Social. La cesión del impuesto sobre la renta ha generado importantes debates ya que, sobre todo entre las filas laboristas, se ve como un paso que podría socavar los fundamentos políticos de la Unión.
Lord Smith of Kevin, lleno de buena voluntad y una cierta ingenuidad, añade algunas recomendaciones a título personal que no forman parte del acuerdo. En ellas insta a reforzar la colaboración interinstitucional entre las autoridades británicas y escocesas ya que, durante los trabajos de la Comisión, ha podido advertir desconfianzas, opacidades y múltiples problemas de relación. Insta también al Parlamento escocés a emprender cuanto antes un proceso de segunda descentralización, que traslade parte de las competencias recibidas a las autoridades comarcales y locales. Y por último, reclama que se tome clara conciencia del gran volumen de responsabilidades recibidas e insta a reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas para hacer un buen uso de ellas. El mero hecho de que tan cabales sugerencias no hayan podido ser suscritas por las partes, indica ya por sí mismo que las tensiones son siempre más o menos las mismas. Como significativo es también que, apenas firmado el acuerdo, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, lo haya calificado de “decepcionante” y haya recordado que su objetivo sigue siendo la asunción de todas las competencias (salvo moneda, política exterior y defensa) y, a un plazo mayor, la completa independencia.
En algunos medios (¡cómo no!) pronto se ha visto el informe de la Comisión Smith como la llegada del federalismo al Reino Unido. Lejos de ser esto exacto, lo cierto es que el acuerdo resquebraja algunos fundamentos históricos del constitucionalismo británico y son muy significativas las dificultades jurídico-políticas que aflora. Por ejemplo, se reafirma la vigencia de la “Sewel Convention”, que permite al Parlamento británico seguir legislando, bajo ciertas condiciones, en competencias atribuidas al Parlamento escocés. Se confirma también la competencia exclusiva del Reino Unido en los Asuntos Exteriores, pero se insta a las partes a mejorar los mecanismos de colaboración para fijar la posición nacional en los asuntos de la UE y se abre la posibilidad de que ministros escoceses puedan ocupar la silla británica en determinados Consejos europeos. Al mismo tiempo, los alcaldes ingleses reclaman públicamente que se abra un proceso similar dentro de Inglaterra y muchos reavivan el debate en torno a la “West Lothian Question”, que exigiría privar del derecho de voto a los diputados elegidos en circunscripciones escocesas cuando en el Parlamento de Londres se tratasen cuestiones referidas a materias transferidas (¿por qué los escoceses habrían de votar normas solo aplicables a los ingleses?).
Con todo, el análisis más interesante es el referido a las consecuencias políticas del proceso puesto en marcha por David Cameron. El crecimiento del nacionalismo escocés, agrupado en torno a un solo partido (el SNP), es espectacular y está arrinconando al partido laborista, que podría ver muy comprometida su capacidad futura para articular mayorías en Westminster. Las últimas encuestas apuntan que más de 50 escaños, de los 59 elegidos en circunscripciones escocesas, podrían recaer en el SNP, que supera en las encuestas el 50% de los votos. Mientras tanto, los laboristas perderían su principal granero y se quedarían en torno al 20% y poco más de media docena de escaños, cuando tradicionalmente han retenido dos terceras partes de los mismos. En Inglaterra, mientras tanto, surgen nuevas tensiones. “English votes, for English laws”, clama Cameron para desenredar la madeja constitucional, conformar a sus votantes y limitar la influencia de los escaños nacionalistas en Westminster. Como tantas otras veces, el acuerdo deja insatisfechos a casi todos y, lejos de ser un punto de llegada, se ha convertido ya en el punto de partida de la próxima embestida nacionalista.
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