Pasado lo más urgente, que era evitar naufragar como país, es hora que España se aboque a lo importante: afrontar los problemas de fondo que la llevaron al borde del abismo.
Fundación para el Progreso
Pasado lo más urgente, que era evitar naufragar como país, es hora que España se aboque a lo importante: afrontar los problemas de fondo que la llevaron al borde del abismo.
Estos problemas son muchos y de carácter muy variado. Baste nombrar aquí algunos de los mejor documentados: un mercado laboral donde los privilegios de algunos se pagan con la indefensión de los más; un Estado ineficiente y fragmentado, penetrado de localismos y corruptelas; universidades que brillan por su ausencia entre las mejores del mundo y un sistema escolar muy costoso y deficiente; una falta notable de innovación de relevancia internacional y un modelo de crecimiento económico con productividad decreciente. Estos y otros problemas dan testimonio de un sistema institucional que atenta contra el bienestar de los españoles por su incapacidad de generar crecimiento sostenible, es decir, basado en el conocimiento y la innovación.
Una de las reformas indispensables que al respecto tenemos por delante se refiere al Estado de bienestar. Sus amplias funciones lo han convertido en un pilar fundamental del bienestar social, pero su importancia no es menor respecto de los sistemas que sustentan una economía del talento, el conocimiento y la innovación. Por ello, un Estado de bienestar que no sea capaz de reinventarse ante los nuevos retos presentes y futuros está condenado a convertirse en un lastre decisivo para el conjunto del desarrollo social. Esta es, exactamente, la situación actual de España.
Lo que hay que cambiar no es meramente una cuestión de organización sino algo mucho más profundo: la relación misma entre Estado y sociedad civil, haciendo del Estado un apoyo y no un sustituto del accionar de los ciudadanos. Esto implica empoderar a la sociedad civil, dándole pleno derecho a decidir, mediante su libre elección, quién debe producir los servicios públicamente garantizados. Esto es ya una realidad en países como Suecia, donde una amplia colaboración público-privada basada en la libertad de empresa les da a los ciudadanos empoderados con bonos o cheques del bienestar la posibilidad real de elegir lo que ellos, y no los políticos de turno, quieren. Así se crea no sólo un Estado al servicio de los ciudadanos sino también un sistema de bienestar mucho más eficiente, flexible, pluralista y dinámico. Esa es una de las razones por las que Suecia destaca hoy como el país occidental más exitoso de la Unión Europea.
