España vive una hora crítica de su historia. Recuperada la democracia y las libertades hace cuarenta y cinco años, los compromisos de gobernabilidad que acaban de ser suscritos por el partido socialista comprometen el mejor legado de su historia reciente: la convivencia al amparo de la ley, la igualdad entre españoles y su reconciliación nacional; ni más ni menos que su futuro como comunidad política integrada.
Los acuerdos del Partido Socialista Obrero Español con todas las minorías radicalizadas que impugnan no solo la Constitución de 1978 sino la misma realidad histórica de España como nación, suponen -sin hipérbole- una amenaza existencial. Esos compromisos han alcanzado su expresión más grave tras la firma de un acuerdo con una formación secesionista liderada por un prófugo de la justicia.
Los resultados de las elecciones del pasado mes de julio situaron como fuerza más votada al Partido Popular. Siendo posibles otras combinaciones parlamentarias, el partido socialista, sin embargo, ha preferido prolongar -acentuándola- una deriva que le llevó a gobernar los últimos cinco años en coalición con una fuerza de extrema izquierda populista y sostenido en el Parlamento por un conglomerado de fuerzas antisistema integrado por radicales populistas, secesionistas catalanes y herederos políticos de la banda terrorista ETA.
Renovar esa alianza extremista exigía al socialismo contar con los votos de quienes protagonizaron el intento de secesión de Cataluña en 2017, incurriendo en gravísimos delitos calificados por el Tribunal Supremo como sedición, malversación o desobediencia.
Su principal responsable, presidente entonces de la región catalana, Carles Puigdemont, se sustrajo a la acción de la Justicia y huyó a Bélgica; más tarde quiso eludir sus responsabilidades usando el Parlamento Europeo como burladero. En fechas recientes la Eurocámara le había retirado la inmunidad parlamentaria poniendo en evidencia la mentira flagrante de que el señor Puigdemont sufriera algún tipo de persecución política.
Ahora, la claudicación del partido socialista deja en manos de un prófugo de la justicia la gobernabilidad de España. La estabilidad de un futuro gobierno socialista, rehén voluntario del secesionismo, se quiere hacer depender de la amnistía de todos los que participaron en la sedición de 2017. Una amnistía, además, grotescamente “ampliada” para amparar a cualquier persona relacionada o no con el proceso sedicioso del independentismo catalán, durante una década, simplemente para satisfacer una exigencia del señor Puigdemont; incluyendo conductas que están siendo investigadas como constitutivas de delitos de terrorismo. No solo eso. Se han pactado también comisiones de investigación para revisar decisiones judiciales firmes, y una mediación internacional -como si España estuviese en guerra consigo misma- para garantizar las imposiciones del secesionismo. Más aún: se contempla negociar un procedimiento que posibilite un ejercicio más o menos camuflado de la autodeterminación interna de una parte del territorio español, contra todas las previsiones constitucionales, europeas y de derecho internacional.
A cambio del poder, el partido socialista de Pedro Sánchez avala cada una de las mentiras que el secesionismo catalán ha venido construyendo contra España, a sabiendas de que lo son. Lo que para el partido socialista era una línea infranqueable hace apenas tres meses es ahora una exigencia ineludible. Estamos ante un auténtico acuerdo “destituyente”, la derogación de hecho de la Constitución, reducida a papel mojado. Se intercambia impunidad a cambio de poder, asumiendo el coste de una gravísima quiebra constitucional.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales españolas, sin exclusión, así como el Consejo del Poder Judicial, han señalado de la forma más contundente el peligro de quiebra del estado de Derecho si se aprueba una amnistía inconstitucional con el añadido de otras medidas contempladas en el pacto entre socialistas y secesionistas. La propia Comisión Europea, ante el anuncio de la amnistía, ha trasladado al Gobierno español su honda preocupación interesándose por unas explicaciones que, a fecha de hoy, siguen hurtándosele.
Se mercadea la nación para negociar la investidura de un nuevo gobierno entregado de pies y manos al independentismo catalán y vasco y a un sumatorio de minorías extremistas sin más nexo común que su desprecio a la Constitución y a la democracia liberal. El contenido del pacto constituye una auténtica impugnación de la Transición y la convivencia democrática en España. Se cuestiona implícitamente su condición de estado de Derecho, se amenaza la alternancia en el poder, la igualdad ante la ley de los españoles, la separación de poderes y la independencia de la justicia. Los españoles nos encontramos ante la promoción de un cambio de régimen, ante la activación de una fraudulenta mutación constitucional al margen de los procedimientos de reforma que la propia Carta de 1978 establece. Solo para asegurar en el cargo a un gobernante que antepone su ambición personal a la estabilidad y continuidad de la nación que prometió servir.
Más allá de militancias personales, son muchos los socialistas históricos y de buena fe que han alzado la voz contra este atropello, precisamente porque implica el ataque frontal a algo previo al pluralismo político y a la normal disputa partidaria: el consenso básico, nacional, que los hace posibles.
Para mayor escarnio, todo esto se hace sin haber recibido mandato alguno de las urnas. La propuesta de amnistía estaba completamente ausente del programa socialista. Peor aún: fue rechazada de forma explícita por diversos dirigentes del PSOE y, tres días antes de la jornada electoral, por el propio candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Sánchez.
Sin embargo, España es mucho más que su gobierno. En España existe institucionalidad suficiente, una sociedad civil organizada, y una voluntad decidida a no dejarse arrollar por ninguna pulsión liberticida; una voluntad vuelta indeclinable cuando toca defender, desde la serenidad y la acción pacífica, los derechos ciudadanos, la independencia de jueces y tribunales, los consensos fundacionales de nuestra democracia y la verdad histórica de nuestra convivencia secular.
Hace más de veinte años, el fundador de este periódico, Indro Montanelli, escribió un artículo rebosante de inquietud acerca del peligro secesionista que amagaba a Italia. En ese artículo dejó escrito un mandato póstumo: “Quiero que pongan en la lápida de mi tumba simplemente ‘aquí yace un ciudadano italiano’”. Era su protesta contra el peor futuro posible, felizmente incumplido: la clausura de la mayor empresa italiana desde el ‘Risorgimento’, la conquista de la unidad. Y era también la confesión de una actitud que dotaba de coherencia profunda su propia trayectoria vital.
En esta hora de incertidumbre, son muchos los españoles comprometidos con la democracia, con la libertad y con su nación que tampoco están dispuestos a que se les despoje de su mejor herencia colectiva. Estoy seguro de que la lealtad, la lucidez y el compromiso cívico de todos ellos -de todos nosotros-, prevalecerá.
