La digitalización y el acelerado progreso de las nuevas tecnologías están transformando todas las esferas de nuestra realidad económica y social con una velocidad inusitada. El sector financiero no es ajeno a esta transformación, acelerada durante los últimos años al calor de la pandemia y que ha impulsado el desarrollo de medios de pago digitales, criptoactivos y otras nuevas formas de pseudodinero privado, que han irrumpido con fuerza sustituyendo progresivamente al efectivo como medio seguro y eficaz para la liquidación de transacciones.
Ello ha preparado el terreno para que bancos centrales a lo largo y ancho del mundo se planteen la posibilidad de emitir una moneda digital propia (CBDC, por las siglas en inglés de Central Bank Digital Currency). De hecho, según datos del Banco Internacional de Pagos, más del 90% de los bancos centrales está explorando alguna solución de moneda digital con distintos grados de desarrollo.
El proyecto del euro digital constituye la reacción lógica del Banco Central europeo (BCE) ante este contexto y los nuevos desarrollos que se están observando en el mercado de pagos, y se inscribe dentro de la agenda de actuaciones de la Unión Europea, concretada en la Estrategia Digital 2030, para tratar de dar una respuesta adecuada a los múltiples retos y oportunidades que plantea la transformación digital.
Fue en el año 2020 cuando, en el seno del BCE, comenzaron las deliberaciones sobre la posibilidad de introducir un euro digital como complemento del efectivo, los billetes y monedas de euros, que desde el año 2002 son el único medio de pago público a disposición de los ciudadanos de la eurozona. Una discusión a la que subyacen distintas motivaciones y preocupaciones, entre las que se encuentran –además de respaldar el objetivo de digitalización de la economía europea– garantizar que los ciudadanos puedan seguir usando dinero emitido por el banco central en un contexto de disminución del uso del efectivo como medio de pago y asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de pago dentro de la zona euro, evitando que se produzcan situaciones de dominio por parte de suministradores de servicios de pago privados –fundamentalmente, grandes empresas tecnológicas– que puedan comprometer la estabilidad financiera y la soberanía monetaria en la zona euro.
Las bases conceptuales de ese euro digital quedaron establecidas en un informe publicado en octubre de 2020, que recogía una profunda reflexión sobre los posibles escenarios que justificarían su emisión, las ventajas e inconvenientes que plantearía, sus distintas opciones de diseño y su impacto potencial sobre el sistema financiero y monetario.
Según está concebido en estos momentos, el euro digital sería un equivalente electrónico al efectivo emitido por el BCE para uso minorista. Esta es la gran diferencia con respecto a las criptomonedas, que se emiten de forma descentralizada sin contar con el respaldo de una autoridad monetaria.
Su objetivo no sería desplazar a las monedas y billetes de euro ni a otras soluciones digitales de pago privadas ya existentes en la actualidad, con las que conviviría, sino ampliar el abanico de opciones a disposición de los usuarios para realizar pagos en la eurozona. Sería un medio de pago más, pero no una reserva de valor capaz de reemplazar los depósitos bancarios. Con respecto a esto, el BCE tiene previsto aplicar un límite de tenencias que podría rondar los 3.000 euros para controlar el importe total de euros digitales en circulación y evitar efectos indeseados para la transmisión de la política monetaria, la estabilidad financiera y la provisión de crédito a la economía que podrían derivarse de una salida excesiva de depósitos bancarios hacia el euro digital.
En la visión del BCE, el euro digital reportaría numerosos beneficios al conjunto de la sociedad. Los ciudadanos podrían usarlo fácilmente, en cualquier lugar de la zona del euro y de forma gratuita a través de monederos digitales o wallets, con posibilidad de uso offline y garantizando la privacidad de los datos exactamente igual que el efectivo, sin dejar “rastro”. Para los bancos y demás proveedores de servicios de pago, el euro digital fomentaría la innovación en los pagos minoristas y la competencia, y a nivel estratégico contribuiría a la soberanía y a la estabilidad europeas, en los ámbitos monetario y financiero, en un contexto de potencial desarrollo de monedas digitales por parte de otros bancos centrales y de avance acelerado del mercado de las criptomonedas. En última instancia, el euro digital apoyaría objetivos estratégicos más ambiciosos de la Unión Europea, entre ellos afianzar el rol internacional de la moneda única y avanzar en el logro de la autonomía estratégica.
El proyecto del euro digital ha estado en “fase de investigación” durante dos años, desde octubre de 2021, período durante el cual se han ido definiendo ciertos aspectos sobre su diseño y modelo de distribución y, en paralelo, la Comisión Europea ha trabajado en las posibles adaptaciones normativas que implicaría su emisión; lo que en junio de 2023 terminó concretándose en la presentación de dos propuestas legislativas, sobre el euro digital y el curso legal del efectivo, que deberán ser debatidas y acordadas por el Parlamento Europeo y el Consejo.
En su propuesta, la Comisión insiste en el carácter complementario del efectivo del euro digital y en la necesidad de asegurar que el efectivo sigue siendo plenamente aceptado. También incide en la necesidad de garantizar la accesibilidad, la protección de la privacidad de los pagos y la posibilidad de pagar sin conexión a Internet, incluso aunque se carezca de cuenta bancaria, y deja sentado que serían los bancos comerciales y otros proveedores de servicios de pago quienes distribuirían los euros digitales entre los ciudadanos y las empresas de la eurozona.
Una vez que ya ha concluido la fase de investigación, el Consejo de Gobierno del BCE ha dado luz verde a la siguiente fase del proyecto del euro digital –llamada “de preparación”–, que comenzó el pasado 1 de noviembre y, previsiblemente, también durará dos años. Durante esta fase, el BCE deberá dejarlo todo listo –concluir la elaboración de las normas de funcionamiento, seleccionar a los proveedores que podrían desarrollar su plataforma e infraestructura y demás soluciones técnicas y operativas– para, llegado el caso, a emitir el euro digital.
En cualquier caso, la decisión sobre la emisión del euro digital no se ha tomado aún y está todavía lejos de tomarse, entre otras razones porque estará supeditada a la conclusión del proceso legislativo iniciado por la Comisión Europea. Además, la emisión del euro digital no deja de plantear importantes reticencias que el BCE y demás instituciones comunitarias involucradas en el proyecto deberán resolver. Dudas que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que un euro digital que permita la total privacidad de los datos termine facilitando transacciones ilegales vulnerando la normativa en materia de lavado de dinero, o con el debate sobre si los tratados constitutivos de la Unión proporcionan una base jurídica suficiente que amparare la emisión de euros digitales por parte del BCE.
En definitiva, el proyecto del euro digital es una iniciativa loable que obedece a motivaciones de peso, tales como dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas por la era de la digitalización y reducir dependencias de proveedores externos de servicios de pago que dominan el mercado, frenando además la influencia de criptoactivos y otras nuevas formas de pseudodinero privado que carecen de aval público. Pero la decisión sobre la emisión de un euro digital debe ir más allá de estas preocupaciones, asegurando que tiene una utilidad clara para los ciudadanos en su día a día, confiriéndoles ventajas con respecto a otras soluciones y esquemas de pago digitales minoristas ya existentes y suficientemente eficientes, y garantizando, también, que no supone una distorsión de la actividad de intermediación financiera, poniendo en entredicho el statu quo del sector financiero.
