Anotaciones FAES 11
El Gobierno ha anunciado lo que ya sabíamos: su disposición –en el marco del “gran debate territorial que tenemos pendiente”– a considerar la condonación de la deuda autonómica. Lo sabíamos porque conocíamos las contrapartidas de la investidura: desde el verano se viene amagando con una auténtica quita que, en Cataluña, el PSC propuso, ERC aceptó y Sumar aplaudió. Se camuflará ahora como actualización del sistema de financiación autonómica. Pero es lo que es: con una deuda pública explosiva en la contabilidad nacional, el Gobierno obligará al contribuyente a pagar a escote el dispendio de una administración desleal que se proclama “singular”. Lo peor: aceptarlo es dar carta de naturaleza al mito del “expolio fiscal”, una de las mentiras más aberrantes del secesionismo. Además, la “condonación” puede ya adivinarse que será asimétrica: se estará privilegiando la irresponsabilidad fiscal de algunos, mientras se aleja al resto de Comunidades de los mercados financieros –donde impera el ‘se presta a quien devuelve’– y del interés de los inversores internacionales, fomentando así el vasallaje financiero y la docilidad política hacia el Gobierno. Todo esto sin contar con que cualquier decisión en materia de financiación autonómica debe tomarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no en reuniones bilaterales.
Por otro lado, hay que hacer una cautela: en ese “gran debate territorial pendiente” del que hablaba la ministra Montero, avanzar hacia lo que se llamó en su día el “pacto fiscal” –casus belli pretextado por el secesionismo– no es revisar la financiación autonómica, es hacerla inviable. Un “federalismo fiscal asimétrico” es imposible en el actual marco autonómico. No solo constitucionalmente, también financieramente. Cuando en 2012 Artur Mas quiso chantajear al Gobierno de entonces (“o Pacto Fiscal o independencia”), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) concluyó que la asimilación de Cataluña al régimen concertado del País Vasco y Navarra supondría recortar hasta un 12% la financiación del resto de autonomías[1]. Recompensar la deslealtad y privilegiar oligarquías locales: a semejante resurrección feudal se dedica ahora el sedicente “progresismo”.
