El Parlamento Europeo aprobó recientemente la propuesta de la Comisión para la constitución de un fondo de recuperación como instrumento frente a la crisis económica derivada del COVID-19. En el Parlamento Europeo, la primera fuerza política es el Partido Popular. La iniciativa debe mucho al impulso de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, que pertenece al Partido Popular Europeo. Previamente, la canciller Angela Merkel, también del Partido Popular Europeo, había ofrecido un decisivo aval al plan de la Comisión con el acuerdo con el presidente Macron en apoyo de una respuesta proporcional a la magnitud de la recesión. La clave del reparto de los fondos aplicada por la Comisión hace de España el país más beneficiado ya que podría obtener hasta 140.000 millones de euros, de los cuales la mayor parte serían transferencias directas y una parte sustancialmente menor préstamos a muy bajo interés.
Contra estas evidencias, se ha puesto en marcha una nueva estrategia de desinformación basada en fake news y conjeturas que se hacen pasar por hechos. El entorno mediático de la Moncloa construye una nueva fabulación conspiranoica para tratar de atribuir al PP español un comportamiento antipatriótico. Según esto, el PP en Bruselas se habría alineado con los llamados “países frugales” para dificultar la llegada de fondos a España y endurecer las condiciones que debería cumplir nuestro país. Esta combinación de mala fe e infantilismo va a ser cultivada con mayor dedicación a medida que vayan surgiendo dificultades en la negociación final del fondo de recuperación que requiere el acuerdo unánime del Consejo Europeo y exigirá la posterior ratificación de cada uno de los Estados miembros para aprobar el nuevo sistema de recursos propios que la Comisión ha propuesto para el pago de la deuda en que va a incurrir.
Nadie se está inventando ni ha puesto en cuestión las condiciones para hacer funcionar un plan que representa un esfuerzo económico inédito y que va a requerir que la Comisión acuda a los mercados con deuda europea que tendrá la garantía del presupuesto de la Unión. Lo que el Gobierno y el Partido Socialista deberían hacer es explicar esas condiciones. Simplemente. Veamos. El recurso al fondo será decisión voluntaria de cada Estado, no es obligatorio acudir a él. No será una forma de asistencia presupuestaria, es decir, no podrá ser destinado a reducir el déficit ni a amortizar deuda. El dinero tendrá que ser aplicado a proyectos de inversión en los ámbitos de la transformación digital y transición energética en el marco del Green Deal. Una parte del importe de los proyectos tendrá que ser cofinanciado por el Estado receptor, pero, a cambio, la gran mayoría de esos recursos serán transferencias directas y no préstamos que aumentarían la carga de la deuda. La Comisión controlará tanto la selección de los proyectos como su ejecución. El dinero será desembolsado en entregas sucesivas en función de la evaluación que haga la Comisión sobre su uso. El funcionamiento del fondo estará vinculado al llamado “semestre europeo”, un procedimiento de coordinación dirigido a asegurar el alineamiento de las políticas económicas y presupuestarias de los Estados con los objetivos y directrices de la Unión, lo que exige impulsar reformas estructurales y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas nacionales. Hasta aquí.
Ni condiciones exorbitantes, ni cláusulas secretas, ni conspiraciones europeas. Y si las hay, tendrían que mirar en su propia casa socialista, ya que entre los “frugales”, Suecia, Dinamarca y Finlandia tienen gobiernos socialistas, el de Holanda lo preside un liberal y en Austria gobierna una curiosa coalición del partido democristiano con los Verdes que pasan por ser gente muy solidaria. Así que, en vez de organizar exculpaciones preventivas por si las cosas al final no salen como el Gobierno las ha presentado, Pedro Sánchez podría ponerse a la tarea para que sus amigos “frugales” faciliten el acuerdo. Tampoco vendría mal que nuestros socialistas dejaran de alimentar el peor estereotipo que nos retrata como sureños gastadores y poco rigurosos con el dinero sobre todo si es ajeno. Deberíamos ser los primeros interesados en dejar claro que el dinero se gastará bien. En vez de perder el tiempo en estrategias de desinformación, tan malintencionadas como pueriles, el Gobierno -que no es precisamente un modelo de credibilidad en la Unión Europea- debería esforzarse en demostrar, con su presidente a la cabeza, la madurez y seriedad que se necesitan para defender nuestros intereses. La propaganda les puede parecer divertida, pero viaja mal.
