Vicente de la Quintana es colaborador de la Fundación FAES
Mala señal cuando en una democracia las cuestiones de seguridad ocupan el primer plano en la controversia política. En España, el desdichado episodio del cese del coronel Pérez de los Cobos da la medida de un Gobierno que huye hacia adelante cuando es sorprendido en flagrante arbitrariedad. No se ha dudado, a la hora de tapar un (nuevo) abuso de poder, en sembrar la sospecha sobre la lealtad de la Guardia Civil a su misión constitucional. Si un día Irene Montero fabula acerca de un supuesto llamamiento de la “derecha” al Ejército “para que actúe”, motivando las aclaraciones de la ministra de Defensa, al siguiente es el presidente del Gobierno quien excusa la incalificable actuación del titular de Interior recuperando las descalificaciones podemitas sobre tramas policiales en la sombra. Y esto no lo aclara ningún ministro. Todavía habrá a quien sorprenda la mimetización de Sánchez. Por falta de familiaridad con el personaje: en absoluto un actor imprevisible; de él siempre puede esperarse lo peor.
Su trayectoria reciente, también en materia de seguridad, lo confirma. Antes de gobernar en coalición, ¿a qué compromisos había llegado libremente el PSOE con otras formaciones en materias de Interior? El único acuerdo explícito, hasta ese momento, era el que tenía suscrito con Podemos en 2018 para aprobar los Presupuestos fallidos de 2019, plasmado en el documento “Presupuestos para un Estado social”. En ninguno de sus 14 epígrafes se aludía ni una sola vez a la seguridad. Salvo para pedir la derogación de la denostada “ley Mordaza”: en el Estado social al que aludían socialistas y podemitas, según parece, la seguridad de los ciudadanos, garantía del ejercicio de sus libertades, no era prioritaria. Estábamos advertidos.
Más tarde, Podemos improvisó una nueva propuesta no incluida en su programa electoral para acabar con las “cloacas del Estado”. Iglesias, teorizador de la “politización del dolor”, intentaba politizar su situación personal tras haberse visto envuelto en el caso Villarejo por el robo en 2016 del móvil de una de sus asesoras personales. Un asunto que acaba de dar un giro inesperado.
Podemos proponía la creación de una unidad especial, que se llamaría Unidad Integral contra la Corrupción Institucional (UCCI), formada por policías, guardias civiles y miembros de policías autonómicas, que no dependiese del Ministerio del Interior “sino de los órganos competentes de la investigación judicial, jueces y ministerio fiscal”. Iglesias fundamentaba la propuesta en el artículo 126 CE, como si estuviera inédito, no tuviera desarrollo orgánico, no presidiera la actuación de toda policía judicial o lo acabase de inventar él. Hoy, ese artículo es la pesadilla de su colega de gabinete, Fernando Grande-Marlaska: “La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que se establezca”.
Esta farsa la interpretaba un partido que, en febrero de 2016, había ofrecido al PSOE una propuesta programática reservando su parte final a una serie de cargos de “especial relevancia” que debían ser seleccionados y elegidos por consenso. Divididos en cuatro grupos –económicos y fiscales, Justicia, Seguridad y Educación–. En el apartado de Justicia, el documento citaba seis puestos: los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, el fiscal especial anticorrupción, el fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía General del Estado.
En el apartado de Seguridad, el documento citaba la Secretaría de Estado de Seguridad, la Subsecretaría de Defensa, la Secretaría de Estado de Derechos Ciudadanos y Libertades Civiles, el Director General de la Policía, el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el director general de la Guardia Civil, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el director adjunto operativo de la Policía y el director adjunto operativo de la Guardia Civil.
El documento sostenía, en su primera redacción, previa al escándalo que suscitó, que “estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar”. Y luego: “La elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”.
Se corrigió la letra, pero, ya se ve, no el espíritu. Estábamos avisados.
