La Orden Europea de Detención y Entrega tiene profundas implicaciones jurídicas y políticas que la decisión del tribunal del estado alemán de Schleswig-Holstein sobre Carles Puigdemont ha puesto de relieve. Fue el gobierno español presidido por José María Aznar quien tomó la iniciativa a favor de un ‘Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia’ en la UE a finales de 1996, si bien las primeras negociaciones resultaron parcialmente infructuosas. España consiguió entonces sacar adelante el protocolo disuasor de asilo político, pero no sería hasta después del 11-S cuando el empeño español por un principio de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales se concreta en la definitiva Euroorden, aprobada por unanimidad en 2002.
“La Euroorden es una operación claramente española”, subraya en este Diálogos FAES el diplomático Javier Elorza, protagonista de duras negociaciones en Bruselas junto a los ministros Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes. Y es de su correcto funcionamiento que depende que prospere la actuación judicial contra el expresidente de la Generalitat, recuerda el director de FAES, Javier Zarzalejos.
En este sentido, Elorza afirma que “las autoridades regionales de Schleswig-Holstein se han extralimitado y aplicado la Euroorden de manera incorrecta”. A su juicio, si no prospera el intento de la Fiscalía de revertir la primera decisión alemana aportando nuevas pruebas que demuestren el cariz violento de la rebelión, “el juez Llarena puede pedir una prejudicial a Luxemburgo para que valore la decisión de Schleswig-Holstein”. Porque, apunta, superada la naturaleza bilateral de la extradición, la Euroorden tiene un marcado carácter comunitario: “Este no es un asunto gubernamental, sino una decisión de la UE sometida a control por los tribunales europeos”.
En palabras de Zarzalejos, se trata pues de un “importante test” cuyo posible fracaso “se entendería como un grave retroceso de un gran logro en el proceso de integración europeo”. “Cabe esperar que la decisión de Schleswig-Holstein sea rectificada por el bien de la actuación judicial y de la Unión Europea”, afirma.
