Desde su desembarco en el poder, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha hecho un uso partidista y sectario de las instituciones. Incapaz de distinguir entre Estado y Gobierno, apenas quedan parcelas exentas de un deterioro provocado por el afán de mantenerse en La Moncloa, a costa, incluso, del interés nacional. El abuso del decreto-ley convertido en rutina; el intento de colonización de ciertas instituciones clave como el Consejo General del Poder Judicial; el desembarco de afines y militantes en otras: la Fiscalía General del Estado, el CIS, varias sociedades públicas; la inconstitucionalidad de las situaciones de emergencia decretadas; el silenciamiento del Parlamento y la perversión de su funcionamiento y finalidad…

Solo habíamos visto el principio: informes de la Guardia Civil que desvelan un tráfico impropio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los colectivos de apoyo a los presos terroristas de ETA acreditan que, para este Gobierno, no existen límites al deterioro institucional que está dispuesto a provocar en contraprestación de los anclajes que le sujetan al poder. Y todo ello, ejecutado desde “la dirección del Estado” en perjuicio de la Nación y del propio Estado.