Las elecciones al Congreso de EE. UU. (aunque también a gobernador en 36 estados) de este martes 8 de noviembre van a estar marcadas probablemente por una división y una competición por los escaños en la Cámara de Representantes y el Senado como no se veía en años. Además, las elecciones se contemplan también como un referéndum sobre la Administración Biden y la acción de un presidente que tiene unas cotas de aprobación por debajo del 40% (y un 55% de desaprobación). Esto puede resultar en un bloqueo del Congreso si hubiera un reparto en cada una de las cámaras (dependiendo de quién controle la Cámara de Representantes y quién controle el Senado) o derivar en un bloqueo de la acción de gobierno si ganaran los republicanos en ambas cámaras.
En términos del Senado hay varios estados que aún no parecen estar “asignados” a ninguno de los dos partidos: Georgia, Pensilvania, Ohio, Wisconsin y Nevada. La elección puede ser tan ajustada que el presidente Biden tuvo que pedir a Barack Obama y a Bill Clinton su participación en diferentes actos de campaña ante una posible debacle en el Senado –sobre todo ante una hipotética pérdida de Nevada y Georgia–, y ante la eventualidad de que los republicanos mantuvieran Pensilvania, Ohio y Wisconsin. Respecto a la Cámara de Representantes, parece más segura la victoria republicana, con una previsión de al menos 20 escaños más.
En el caso de que los republicanos conquistaran ambas cámaras del Congreso, la composición y los presidentes de los Comités de Servicios Armados y de Asuntos Exteriores, entre otros, cambiarían, y los temas principales en discusión seguramente también. En todo caso, se podría esperar un mayor escrutinio de las iniciativas de la Administración Biden, un retroceso del Congreso en ayuda exterior y en propuestas de gasto, especialmente en Ucrania, y posibles investigaciones de decisiones controvertidas como la retirada de Afganistán. Entre ellas se incluiría el intento de aprobar legislación y el proceso de designación de nuevos cargos –que ya está obstaculizado por las reglas del comité– sería aún más difícil.
Es posible que los republicanos no reduzcan la cooperación en política exterior en términos más generales, al menos no antes de que comience la campaña electoral presidencial. Ahí existe un fuerte consenso general para hacer que la política exterior funcione, y probablemente habría una ventana de oportunidad de seis meses para la cooperación entre republicanos y demócratas, siempre que ninguno propusiera políticas inaceptables para el otro partido. A partir de mediados de 2023, es probable que la cooperación se “congele” y el presidente Biden se vea obligado a recurrir a órdenes ejecutivas para avanzar en su agenda.
Un Congreso dividido con una victoria republicana en cualquiera de las dos cámaras (pero no en ambas), y los subsiguientes cambios en los comités, probablemente estancarían la legislación y la actividad del Congreso, a medida que cada Cámara intentara avanzar en su agenda partidista en el período previo a las elecciones presidenciales de 2024. Aún así es probable que haya más cooperación dentro de los comités que están en política exterior que en el Congreso en general. Eso podría cambiar rápidamente si, por ejemplo, la financiación de la guerra en Ucrania pierde popularidad a nivel nacional; sin embargo, la priorización del Indo-Pacífico, tal como muestra la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, seguirá siendo bipartidista. En todo caso, la actividad de unas cámaras divididas depende también en parte de las predilecciones partidistas y personales de los presidentes de los comités y subcomités.
Finalmente, si los demócratas mantienen el control del Congreso no parece que fueran a cambiar los presidentes de comités, y ello permitiría a la Administración introducir políticas y leyes con menor cooperación con los republicanos. Este último partido, probablemente buscaría entonces culpar al Congreso y a la Casa Blanca ante cualquier problema doméstico, ya fuera una recesión económica o una posible escasez de energía. Esa disrupción interna podría extenderse a la preocupación sobre el nivel de apoyo de EE. UU. a Ucrania y hacia la necesidad de equilibrar las prioridades de financiación, de modo que se tuvieran en cuenta las necesidades internas y otros imperativos de política exterior.
Estas elecciones de mitad de mandato son aún de mayor importancia ante el contexto internacional, especialmente por la guerra en Ucrania, las relaciones con la República Popular China –donde el Partido Comunista de China ha elegido a Xi Jinping como líder vitalicio– y ante un contexto económico de inflación desbocada y altos precios de la energía. Todos estos factores aumentarían la probabilidad de un gobierno “dividido” en EE. UU. o incluso que Biden se convirtiera en un presidente “lame duck” el próximo año y medio. No obstante, esto último también podría hacer que se llevara a cabo una política más acordada (bipartisan) como en el “CHIPS Act” (o ley para abaratar costes en las cadenas de producción).
En todo caso, tanto España como los demás aliados europeos y asiáticos deberán tener en cuenta el resultado de estas elecciones para defender sus intereses y mantener su alianza con EE. UU. sea cual sea su resultado.
David García Cantalapiedra es profesor de Política Exterior de EEUU, Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global, Universidad Complutense de Madrid.
