Anotaciones FAES 7
El Tribunal Supremo de Venezuela ha rechazado el amparo que había solicitado María Corina Machado, candidata de la opción democrática, contra su inhabilitación para concurrir a elecciones. A nadie sorprende que un sistema judicial sin garantía alguna de imparcialidad −sino más bien todo lo contrario− convalide las arbitrariedades del régimen presidido por Nicolás Maduro. La raíz del problema es la naturaleza dictatorial de un sistema que se encuentra en plena cubanización, asentado sobre el éxodo de más de seis millones de venezolanos, la miseria de los que quedan y la represión de las voces disidentes.
María Corina Machado arrasó en las primarias de la oposición en las que participaron dos millones de votantes y en las que obtuvo el 92% de apoyo. Una personalidad carismática, popular y solvente que constituía algo más que una amenaza para Maduro de cara a las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año.
El pasado mes de octubre se suscribieron en Barbados los acuerdos entre Maduro y la oposición bajo el impulso de los Estados Unidos. Según estos acuerdos, Washington accedía a reconsiderar las sanciones impuestas al régimen chavista a cambio de un compromiso firme de Maduro para hacer posible un proceso electoral libre y con garantías. La inhabilitación de Machado era la prueba de la buena fe del régimen en el cumplimiento de estos acuerdos. Maduro ha tardado poco en despejar las dudas, incluso las más optimistas. Los acuerdos de Barbados son, otra vez, historia; otra vez han sido dinamitados por el régimen chavista que ahora pone en marcha un movimiento −“Furia bolivariana”− que reviste las características de terrorismo de Estado para acabar con cualquier resto de oposición.
Resulta incomprensible que tanto Estados Unidos como la Unión Europea insistan en una política fracasada de la que sólo Maduro obtiene beneficio. Una política estéril que no sólo no disuade al autócrata venezolano de sus tropelías, sino que lo envalentona. Venezuela forma parte de la triada abyecta de dictaduras iberoamericanas −junto a Cuba y Nicaragua− y ofrece y recibe el apoyo estrecho de Rusia e Irán en su eje de hostilidad a Occidente. El régimen venezolano no ha dudado tampoco en provocar un incendio regional con sus pretensiones amenazantes sobre el territorio del Esequibo en la vecina Guayana.
Estados Unidos ha adelantado que la inhabilitación de Machado llevará a una revisión de su política hacia Venezuela. Pero, más que un cambio, se requiere una reconsideración general de esa política que incluya el apoyo a la oposición democrática y una presión por todos los medios legítimos para que Maduro sufra las consecuencias de sus incumplimientos, que constituyen violaciones groseras e intolerables de derechos fundamentales. Aún resulta peor la posición de la Unión Europea bajo una gestión lamentable como la que protagoniza el Alto Representante Josep Borrell, con el Gobierno español obstaculizando cualquier avance hacia posiciones más firmes y exigentes ante Maduro.
El estomagante compadreo del expresidente Rodríguez Zapatero con los más conspicuos personajes del chavismo es la expresión más deprimente de la política de complacencia del Gobierno socialista hacia la autocracia venezolana. No es posible continuar como espectadores de una escalada represora de Maduro. Se necesita una respuesta adecuada y proporcionada a un desafío que sólo los temerarios pueden ignorar.
