Anotaciones 28
Sendos autos del magistrado instructor de la causa del “procés” y de la Sala II del Tribunal Supremo, como tribunal sentenciador por la intentona secesionista de octubre de 2017, han denegado la aplicación de la ley de amnistía a los delitos de malversación de los condenados en un caso y de los fugados en otro.
El rigor jurídico de los razonamientos del Tribunal Supremo es innegable y los fundamentos de una resolución que, con la ley en la mano, excluye la malversación de los delitos cubiertos por la amnistía son sólidos. No se puede olvidar que buena parte de la disputa jurídica procede de la reforma promovida por el Gobierno para rebajar la malversación cuando -pretendidamente- no haya un enriquecimiento personal. Las resoluciones conocidas esta semana dan una cumplida respuesta a semejante artificio, que tendrá que corregirse cuando se apruebe definitivamente la armonización de los delitos de corrupción en todos los Estados de la UE mediante una directiva que expresamente niega la distinción entre malversación para lucro personal o por otros propósitos.
Pero, más allá del análisis jurídico, llaman la atención dos tipos de argumentos que se están desplegando para deslegitimar las resoluciones que comentamos. El primero es el que se refiere a una supuesta voluntad del legislador de la que los tribunales sólo tienen que ser un disciplinado eco. Lo cierto es que los tribunales están sujetos a la ley, no a los propósitos que una mayoría parlamentaria quiere adherir a un acto de legislación. Ocurrió con la “ley del sí es sí” y vuelve a ocurrir con la aplicación de la amnistía.
Más peligroso aún es la reacción a estos autos en los que de nuevo la decisión de un tribunal vuelve a ser presentada en Cataluña como el obstáculo a la “normalización”. Fue el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de autonomía catalán que secesionistas y socialistas convirtieron en el acontecimiento desencadenante de lo que terminó en sedición. Ahora, ese mismo oportunismo argumental se quiere aplicar a los autos del Tribunal Supremo sobre la amnistía.
Cataluña hace tiempo que vive instalada en una crisis de legalidad en la que el Estado de derecho se ve como una imposición inaceptable; en la que se contrapone democracia con ley y en la que la ley y su aplicación por los tribunales se convierten en el problema. ¿A dónde lleva esta argumentación? Sencillamente a la conclusión inasumible de que solo exonerar de cualquier responsabilidad al nacionalismo y a todo el que se identifique con él es lo que lleva a la normalización. Hay un grupo de políticos que, con el aplauso y el aval de sectores de opinión influyentes, reclaman para sí la pura y simple impunidad. De lo contrario, exigirles responsabilidad por conductas gravísimas conduce al conflicto y a atacar la convivencia. Este argumento se ha convertido en exigencia, y de exigencia se ha pasado a que el Gobierno y el Partido Socialista lo hayan acogido como materia de su pacto con Junts y con ERC. Por supuesto que ni el indulto ni la amnistía han tenido ninguna mínima contrapartida en la rectificación del proceso secesionista. Sus responsables siguen en el primer plano, negocian, imponen sus condiciones para la gobernabilidad de España, desafían a sus instituciones e injurian a sus jueces y, no contentos con ello, resulta que se presentan como víctimas. Basta leer las reacciones del PSOE, las del PSOE a través de sus medios afines, las del Gobierno que vive pendiente del último gesto del prófugo de Waterloo, para darse cuenta de la quiebra política y cívica que España está padeciendo y que sería irreversible si no hubiera poderes constitucionales independientes con pleno sentido de lo que significa la institucionalidad democrática.
