Se suele olvidar con demasiada frecuencia que la Unión Europea, además de una comunidad económica, es una comunidad de derecho. Esta condición parece casar mal con el desorden argumental de la vicepresidenta primera del Gobierno, que lo mismo atribuye al Parlamento una soberanía que solo corresponde al pueblo español, que encumbra al consejo interterritorial de Sanidad a la categoría de órgano que no se sabe por qué designio constitucional puede disponer de las libertades de los ciudadanos. Tampoco el ministro de Justicia parece muy orientado en sus prioridades. No ha dejado de insistir en una supuesta urgencia para alinear nuestros tipos penales de sedición y rebelión con lo que, según él, es la tendencia europea, pero nada ha dicho del verdadero alineamiento europeo que se nos reclama desde Bruselas: garantizar la independencia del Poder Judicial haciendo que al menos la mitad de los componentes de su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) sean “jueces elegidos por jueces”. En rigor, no es que el Gobierno no haya hecho nada en este sentido, sino que ha retrocedido con su pretensión de rebajar las mayorías para la elección del Consejo y, después de que esta pretensión haya fracaso, ha construido arbitrariamente el concepto de Consejo “en funciones” para privarle de sus legítimas atribuciones.
Gracias a la reacción del Partido Popular y su ágil denuncia ante las instancias europeas en la que el presidente del partido se implicó personalmente, el Gobierno se ha visto forzado a desistir definitivamente de sus planes de ocupación del Consejo mediante la rebaja de la mayoría necesaria para la elección de sus vocales. Si socialistas y Podemos hubieran insistido, la Comisión Europea habría puesto en marcha un procedimiento de infracción. Así lo ha confirmado el comisario de Justicia. Ahora, son las asociaciones profesionales que representan a la gran mayoría de los jueces las que se han dirigido a la Comisión para que analice la reforma del Consejo que neutraliza sus competencias hasta que no se renueve.
No se trata solo de elegir a los nuevos vocales del CGPJ. Hay que reformar este órgano, dentro del terreno que señala la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia: la elección de jueces por jueces, la garantía de gobierno independiente y objetivo del Poder Judicial en la disposición de recursos, en el nombramiento y promoción de los jueces, en el régimen disciplinario y la transparencia de su actuación.
Es el CGPJ y no la sedición o la rebelión lo que se necesita “europeizar”. Y no sobran las comillas porque fue la desgraciada reforma de 1985 la que quebró la garantía de independencia del Consejo al disponer la elección parlamentaria de todos sus miembros. Con esa reforma se distorsionó el diseño constitucional del Consejo que, debidamente interpretado, encaja perfectamente con las exigencias que hoy plantea la Unión Europea. Conviene recordar que cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre aquella reforma en la sentencia 108/1986 de 29 de julio, la aceptó siempre que fuera interpretada de manera conforme a la Constitución. Por ello, según el Tribunal, es contrario a la Constitución el que “las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos” (fundamento jurídico 13). Todos los riesgos que el Tribunal advertía que harían inconstitucional aquella reforma se han cumplido.
El Pacto de Estado por la Justicia, que promovió el Gobierno del PP en 2001, inició un camino para la reforma del procedimiento de elección en la dirección correcta que, sin embargo, no tuvo continuidad bajo los siguientes Gobiernos socialistas. Tampoco la reforma en la elección del Consejo llegó a adoptarse en los términos en los que la propuso Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa de ministro de Justicia del primer Gobierno de Rajoy.
Ya no caben trucos ni atajos. Eso de que las cosas se hacen porque sí, cuando esas cosas afectan al Estado de derecho, no tiene cabida en la Unión Europea y quien lo intenta debe asumir las consecuencias. El Gobierno ya lo sabe. Sus jugadas parlamentarias para hacerse con el gobierno del Poder Judicial han quedado al descubierto y ahora solo le queda una opción honorable: sentarse a negociar de buena fe, sin imposiciones sectarias, no solo una lista de nombres sino una reforma del órgano de Gobierno de los jueces. Lo que ahora pide Europa está en la Constitución desde hace cuatro décadas. Se trata de recuperar plenamente lo que dice la Constitución. La Comisión no nos enseña nada nuevo; tan solo nos recuerda lo que algunos han querido que olvidáramos.
