Mateo Rosales Leygue es abogado y máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública en IADG
Cada vez que uno escucha las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre diferentes asuntos relacionados con la resolución de la crisis sanitaria y las medidas en materia económica y política que en esta instancia se deben tomar, lo hace sabiendo que el peso ideológico de sus palabras tienen para él una trascendencia aún más importante que la seriedad, el orden y el consenso que la situación actual amerita entre los líderes y las fuerzas políticas.
Que la ideología tenga un peso importante en las toma de decisiones no es malo, el error es pensar que cualquier ideología por el hecho de serla es capaz de asumirse en el debate político, aun cuando esta vulnera los principios más importantes de la democracia y el Estado de Derecho y, peor aún, cuando se aprovecha de las circunstancias excepcionales para llevar a cabo un proyecto político orientado por intereses espurios y mentiras constantes bajo la bandera de una ideología trasnochada que tanta ignominia dio a la humanidad y que pretende reciclarse torpemente en el actual intercambio democrático.
Y es por ello que en pleno debate sobre las consecuencias que ha traído la expansión acelerada de la pandemia en España, se ciernen entre los pasillos del Congreso y en el mismo hemiciclo referencias a una “crisis constituyente” o la necesidad de una reforma constituyente para la consolidación de un proyecto concreto unilateral; se registran ataques verbales de gran calado contra la monarquía, que es la garantía institucional que todavía preserva España; o alusiones a reformas estructurales como la desmilitarización de la Guardia Civil, que lejos de ser una medida oportuna es, más bien, un requisito para la consecución de los objetivos de los radicales que intentan con impericia matizar sus argumentos y actitudes bajo el risible eslogan de: “ante todo, prudencia”. Todo ello bajo la verborrea de los representantes de primera línea del actual Gobierno.
No cabe duda que el vicepresidente segundo tiene en sus manos una parte importante de las riendas del Gobierno y aunque el problema y la responsabilidad recaigan en toda la estructura gubernamental a la cabeza de Pedro Sánchez, lo cierto es que el modelo político defendido por Iglesias durante tanto tiempo y adaptado a lo que él denomina “momento de excepcionalidad”, está cobrando cada vez más tangibilidad dentro y fuera de las instituciones españolas. El error sería esperar una actitud loable, dialogante y autocrítica de alguien que no cree en las instituciones democráticas y que usa la movilización y la revolución social como estandartes para la transformación política.
En ese escenario, se puede observar y establecer que el Gobierno central hace uso intencionado del factor de aprovechamiento que todos los regímenes populistas con tintes autoritarios ejecutan con el objetivo de consolidar su modelo político. Esto significa aprovecharse de la crisis y las circunstancias especiales para desarrollar un programa que se aleja de los principios primigenios de la democracia y el Estado de Derecho. Esto es así, entre otras cosas, porque existe un factor de distorsión implícito en el actual Gobierno de coalición. Es decir, un elemento de anormalidad en el Gobierno que se constituye de forma inevitable y permanente en un factor de inestabilidad continua. Ese elemento lo representa, precisamente, la coalición del PSOE con Unidas Podemos, partido que defiende, como es sabido, las ideas más radicales de la izquierda populista y antidemocrática.
La realidad y la experiencia nos indican que son la crisis política y el retroceso en el sistema institucional los problemas más complicados de resolver a lo largo del tiempo. Y más considerando que, una vez ejecutadas las acciones que llevan a ello, permanecen los resabios de la radicalidad y el extremismo impulsados desde el propio Gobierno tanto en el relato y en los mensajes de una parte de los actores políticos y en el entorno institucional, en cuanto a debate y demandas se refiere, como en la reacción y en el ideario colectivo de la ciudadanía.
La prueba definitiva para unos y otros, Gobierno y oposición, será afrontar el alcance de la crisis económica en los próximos meses. Su resultado puede determinar el fin de un intento frustrado por implantar un modelo alejado de los cánones democrático-institucionales o, al contrario, ser la puntilla que todos los gobiernos de corte populista esperan para imponer definitivamente un modelo político que sigue las corrientes del nefasto socialismo del siglo XXI, cuyos resultados y consecuencias para las instituciones, la democracia y la libertad de los ciudadanos todos conocemos.
