En estos momentos, la economía española ha creado una situación alarmante en alto grado, respecto a la vida futura de España. El conjunto de los déficits que perturban la marcha de nuestra economía ha pasado a agravarse por la confluencia de dos factores. Uno de ellos es la herencia anterior derivada de la etapa abierta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando se cortó el proceso alcista que existía en España, tras la espléndida realidad creada por la decisión adoptada a partir de 1957, de abrir hacia la globalización nuestra economía. Lo cual se ratificó como consecuencia de nuestro ingreso en la Unión Europea y la decisión de participar en ella. Y prosigue hasta ahora mismo, dentro de la nueva situación financiera, presidida por la decisión de Maastricht de crear, en el ámbito europeo, la actual eurozona, que impide el desequilibrio presupuestario. El otro factor para el desequilibrio presupuestario se debe, en grado notable, al auge de tendencias separatistas que, al dividir la homogeneidad del mercado español, generan automáticamente frenos a la producción de bienes y servicios y, consiguientemente, cae la recaudación tributaria y aumenta el déficit.
Las medidas que se adoptaron a partir de la crisis de Lehman Brothers en 2008 crearon la base para la reaparición creciente de este déficit, una situación que, desde el siglo XIX, había preocupado extraordinariamente a todos los políticos españoles, porque convierte a España en una especie de forzoso cliente de las potencias económicas que consiguen marchar aceptablemente, a través de la actual coyuntura económica. Esta realidad pasa a ser alarmante, al encontrarnos dentro de la eurozona y, simultáneamente, con las obligaciones derivadas de tener una política económica basada en el funcionamiento libre del mercado, dentro de la marcha de la situación política económica interior, con multitud de decisiones dispares adoptadas tanto por el Gobierno de la nación como, especialmente, por los gobiernos del País Vasco, Navarra y, de modo creciente, la Generalitat de Cataluña.
El remedio de este déficit obliga a tener en cuenta las consecuencias derivadas de lo que se señala, y eso exige marchar muy en primera línea hacia el equilibrio presupuestario. Sin embargo, se observa que tal cosa es frenada por multitud de obligaciones que la bloquean. Conviene, pues, tener en cuenta esto para elaborar una política económica adecuada, siendo preciso no olvidar que, como ha señalado el profesor Brunet, existe una correlación muy clara entre lo que se puede denominar un infierno fiscal y la exigua política buscada en ese terreno por numerosas autonomías, una de las cuales había alcanzado una importancia clave en la etapa del desarrollo de nuestra economía, Cataluña. Y la consecuencia de ello es que, al generar una ruptura en la homogeneidad del mercado español, como fruto de la marcha adoptada por quienes gobiernan desde Barcelona, esto ha sido capaz de frenar el desarrollo del conjunto de la economía española y, por lo tanto, disminuyen los ingresos derivados del funcionamiento del actual sistema fiscal.
Esa disminución coincide con la aparición de una nueva necesidad de gasto, pues basta tener en cuenta lo que ahora sucede en Ucrania, en los países de la OTAN –uno de los cuales es España– y en Rusia. Esto obliga a un incremento forzoso en el capítulo de los gastos de defensa. España mostraba, en ese sentido, unos porcentajes respecto al PIB minúsculos y, con la realidad actual, se observa por doquier que van a aumentar; o sea, que no surge alivio para el déficit, sino todo lo contrario. Se ha hablado mucho de cómo esta situación, al enlazar con la actual revolución tecnológica, puede provocar un avance en la productividad. Existen multitud de trabajos en este sentido, sobre todo respecto a los Estados Unidos, pero este proceso positivo tiene unas características imposibles de superar con la evolución que actualmente tiene España en los sectores de la educación y la investigación.
Pero si este problema bélico, presente hoy, no se puede olvidar, ocurre lo mismo con el de la reducción de la productividad, realidad obligada por la existencia –ya mencionada– de políticas dispares que rompen la unidad de mercado, como pasa a acontecer en España, a pesar de lo que recomendó ya Adam Smith. Pero esto que, al frenar la producción, frena simultáneamente los ingresos del sector público, se vincula con un serio problema de gasto público. Es el que se refiere a la obligada financiación del Estado de bienestar, una especie de realidad social ineludible que, a partir de 1942, Beveridge convirtió en bandera obligada para el conjunto comunitario en el que se encuentra España. Dentro de ese sistema protector, aparece la complicación que genera nuestra demografía. Por un lado, es preciso atender, a través del gasto público, la salud de los españoles, y eso se ha provocado de modo creciente, a partir de la decisión de Girón, en 1942, del llamado Seguro Obligatorio de Enfermedad. A partir de ahí se contempla un incremento sucesivo de los gastos sanitarios, que originan algo muy positivo: que España se haya convertido en uno de los países occidentales con mayor esperanza de vida. Y esta evidencia se liga automáticamente con otro aspecto del modelo occidental de Estado de bienestar, que concretamente fue uno de los aspectos iniciados en España, ya en la Restauración; surge, así, la cuestión de la jubilación, que se ha convertido en una carga notable adicional del gasto público. No es fácil, precisamente, resolver este problema, solo alterado mínimamente por la llegada de inmigrantes, para que no decaiga la población activa, aunque el problema tampoco se resuelve con facilidad, debido a que, por lo señalado, hasta ahora la productividad de esa mano de obra no es precisamente alta.
Pero el déficit del sector público complica la realidad económica aún más y por ello es obligado cortar esta situación. Lo que podía considerarse evidente sería incrementar las cargas impositivas, pero es ya materia conocida lo que Laffer señala: que, a partir de cierto nivel impositivo, su aumento reduce la actividad productiva y, al caer esta y con ella los ingresos del sector público, estos disminuyen.
Otra solución procede de que el sector público pase a transferir al privado, obteniendo una compensación económica, sus activos. Eso fue lo que explica la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, o lo que alivió nuestra situación económica bastante recientemente, cuando el Gobierno socialista de Felipe González prácticamente pasó a transferir al mundo privado una importante proporción empresarial del INI. Actualmente, ni por el lado de posibles ventas, ni por el de planteamientos empresariales propios o extranjeros, se observa algo semejante.
Para que no se cierren todos los caminos, es obligado señalar un sendero racional. Este se encuentra, en primer lugar, en una reforma radical de los actuales gastos del sector público, admitiendo que ciertas alteraciones, como muchas de las señaladas –que afectan al futuro de España–, no pueden eliminarse; pero sí, por ejemplo, esos “sueldazos” que el profesor Brunet señala que existen en el presupuesto de Cataluña, en la búsqueda de lograr vinculaciones de tipo político. La situación obligada, por lo que acabo de señalar, se orienta hacia un empleo muy serio del Tribunal de Cuentas, siguiendo el ejemplo que nos acaba de mostrar nada menos que S.M. Felipe VI. Su ejemplo extraordinario tiene que ampliarse a todo el conjunto del sector público español, sin excepción alguna.
Pero además de ello, es preciso tener en cuenta lo que se ha señalado de Laffer, porque la disminución de los impuestos se acaba ligando a un incremento en desarrollo productivo de todos los sectores. Una cuidadosa política de rebajas fiscales abre la puerta a un incremento en el PIB, como acabamos de observar, por ejemplo, en la atracción de empresarios de todo tipo, extranjeros y españoles, a Madrid y su huida de Cataluña. De este modo, aumenta, al mismo tiempo, sin necesidad de recargas impositivas, el conjunto de ingresos del sector público.
En el fondo, lo que se acaba de subrayar se encuentra expuesto en cualquier manual de Economía, pero también en la historia política se indica lo positivo que es, como señala la Escuela de Friburgo, cortar el gasto público de modo racional para la mejora de la productividad. Y, desde luego, la liquida el mantener privilegios para grupos políticos o regiones concretas que provocan vinculaciones electorales negativas para quien busca ordenar adecuadamente nuestra economía.
Por eso, se exige crear una realidad política nueva, apoyada electoralmente por una mayoría notable de ciudadanos; porque si eso no sucede, y con la evolución que actualmente preside la política mundial, el desatender esos problemas crea una alta probabilidad de que España pase a correr riesgos sobre su existencia, en cierto grado semejantes a lo que sucedió en el siglo VII, con la invasión musulmana, o a comienzos del siglo XIX, con los planes de Napoleón, Godoy y compañía y nuestro retraso científico, tecnológico y político. Afortunadamente, en el siglo VIII existieron Pelayo y Covadonga; y en el siglo XIX, Jovellanos, el 2 de mayo y el triunfo en la batalla de Bailén, durante la Guerra de la Independencia. Ahora mismo el ambiente lo determina la difusión en España de los puntos esenciales de la ciencia económica, y esa nueva realidad pasa a ser probable con personas clave como Núñez Feijóo y por lo sucedido en Madrid con Díaz Ayuso.
Juan Velarde es catedrático emérito de Economía Aplicada y presidente honor de la RACMP.
