La reducción de la dependencia energética y la ganancia en competitividad industrial pasan inevitablemente por transitar hacia un modelo energético basado en fuentes autóctonas de energía renovables y no emisoras, en detrimento de los combustibles fósiles importados como el petróleo y el gas natural, que, durante el último siglo, y aún hoy, han sido las principales fuentes energéticas europeas y españolas.
Para avanzar, como pretendemos, hacia un sistema con alta penetración de fuentes renovables –que, recordemos, son intermitentes–, es necesario desarrollar tecnologías de almacenamiento como las baterías y las centrales de bombeo hidroeléctrico, fundamentales para la estabilidad del sistema y la seguridad de suministro. También debemos adaptar nuestra infraestructura de redes a la gran expansión de oferta y demanda eléctrica que implica la transición energética, de modo que podamos conectar más potencia y atender las peticiones de conexión de la industria y de sectores como el de los centros de procesamiento de datos, altamente intensivos en energía eléctrica y con necesidades de demanda permanente. Sin embargo, los avances en estos campos son lentos por distintos motivos que hemos analizado recientemente[1], lo que hace que, hoy por hoy, tecnologías de respaldo como la nuclear sean imprescindibles para facilitar la autonomía de la generación eléctrica.
Los acontecimientos energéticos recientes han puesto de manifiesto la importancia clave de la energía nuclear en el proceso de transición energética. Instituciones como la Agencia Internacional de la Energía han llamado la atención sobre su relevancia[2]. El informe Draghi ha planteado la extensión de la vida útil de los reactores nucleares existentes en Europa, la construcción de otros nuevos usando tecnologías probadas y el desarrollo de una nueva generación de reactores modulares pequeños[3]. Por su parte, la Comisión Europea ha determinado, en los llamados mecanismos de taxonomía[4], que las inversiones en energía nuclear pueden ser consideradas medioambientalmente sostenibles, reconociendo así su rol como tecnología contribuyente al logro de la autonomía energética y de la descarbonización. En la práctica, grandes economías mundiales y europeas –entre ellas China y Francia– tienen en marcha programas para mantener y multiplicar sus capacidades nucleares, y gigantes tecnológicos como Amazon o Google están apostando por la energía nuclear para alimentar sus centros de datos e industrias.
En medio de esta oleada nuclear mundial, en España vamos con el paso cambiado. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en su última revisión, estableció la total desaparición de la energía nuclear para el año 2035, empezando por el cierre en 2027 de la Unidad I de la central de Almaraz, situada en Cáceres.
La decisión de cierre nuclear anticipado en nuestro país viene trufada por tres elementos muy claros. En primer lugar, esconde, sin duda, los profundos prejuicios ideológicos y de poca base científica del Gobierno. En segundo lugar, olvida el necesario equilibrio entre la seguridad de suministro, la competitividad económica y la sostenibilidad medioambiental por el que se debe regir cualquier política energética. Y, en tercer lugar, hace caso omiso de las experiencias de otros países. El caso de Alemania es paradigmático. Los alemanes, seguramente llevados por la ingenua expectativa de contar indefinidamente con el gas ruso a buen precio, hicieron del cierre nuclear uno de los principales objetivos de su transición energética –conocida como Energiewende– y hoy están sufriendo las consecuencias. En plena crisis energética, han tenido que reabrir sus centrales de carbón y multiplicar el uso del gas, ahora ya mucho más caro y volátil, con consecuencias que van más allá del mero aumento de emisiones contaminantes nacionales y que se hacen sentir en el conjunto del mercado europeo (como muestra, la crisis de precios energéticos que ha provocado el aumento de la demanda alemana de electricidad desde Noruega, uno de sus principales proveedores, y una crisis industrial relevante).
Más allá de estas consideraciones, existen poderosas razones económicas, medioambientales y de seguridad de suministro que hacen que el cierre nuclear anticipado asumido por el Gobierno carezca de todo sentido. En efecto, la energía nuclear es una tecnología segura, libre de emisiones de carbono, que aporta potencia firme y estabilidad al sistema, y que contribuye a garantizar la seguridad de suministro. Es una tecnología que, además, sería competitiva de no ser por la elevada fiscalidad que soporta en España (sin parangón con los países de nuestro entorno), derivada de los impuestos estatales, autonómicos, locales y la conocida como tasa de ENRESA, el peaje que tienen que pagar las propietarias de las centrales para sufragar su futuro desmantelamiento y que ha sido aumentada recientemente. Una carga fiscal que no ha dejado de crecer en los últimos años –desde 2008 se ha incrementado cerca de un 400%[5]–, que es dos veces superior a la de nuestra vecina Francia y que resulta claramente discriminatoria con respecto a otras fuentes de generación, limpias o no, con el resultado de inviabilizar económicamente las centrales y condenarlas al cierre.
En ausencia de un esquema de almacenamiento plenamente desarrollado, y a pesar del incremento de capacidad de producción renovable, el cierre nuclear supondrá un incremento de costes muy sustancial. Según diversos estudios recientes, el precio mayorista de la electricidad se incrementará unos 37 euros por MWh y la factura eléctrica aumentará un 23% para las familias y otro 35% para la industria. Asimismo, aumentarán las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Se emitirán 21 millones de toneladas más de CO2, puesto que será necesario recurrir a otras tecnologías –fundamentalmente centrales de gas– para sustituir la generación que actualmente proporciona el parque nuclear, que contribuye al mix eléctrico aproximadamente en un 20%. Este aumento de las emisiones podría tener un coste de más de 1.300 millones de euros. En este sentido, el CEO de Enagas afirmó recientemente que se estima que las puntas de demanda de gas aumenten cerca de un 22% sin energía nuclear, provocando un incremento de la dependencia energética nacional. Todo lo cual supondría un golpe adicional a nuestra ya maltrecha industria, que lleva años perdiendo músculo sin apoyo real por parte de las Administraciones, y a nuestra capacidad de alcanzar los objetivos de descarbonización en tiempo y forma. La elevada fiscalidad aplicada a la nuclear hace que la decisión de cierre de las centrales, lejos de ser una decisión empresarial como afirma el Gobierno, sea una decisión forzosa por inviabilidad económica.
Ni que decir tiene, la continuidad de la operación nuclear más allá del calendario de cierre previsto y durante todo el proceso de transición hacia la descarbonización resulta especialmente relevante para un país como España, altamente dependiente energéticamente, pues evitaría la importación de combustibles fósiles, más volátiles y de oferta más incierta por estar sometidos a las tensiones geopolíticas que han venido marcando la escena internacional en años recientes. Las industrias están queriendo venir a España por el atractivo de poder asegurar precios de energía de largo plazo indemnes a los vaivenes de los precios volátiles de gas. Si damos pasos atrás incrementando la demanda de gas por cerrar las nucleares, España perderá su atractivo y será mejor opción para las empresas situarse en países que tengan gas propio.
En fin, el mundo vive una nueva era nuclear. Recientemente, Bruselas ha aprobado 32.000 millones de euros en ayudas a Bélgica para prorrogar dos reactores nucleares; el nuevo Gobierno de Alemania ya ha anunciado que va a analizar la posible puesta en marcha de aquellos grupos nucleares que no hayan iniciado su desmantelamiento; y el Gobierno de Italia ha aprobado el proyecto de ley que establece el marco legal necesario para el retorno de la energía nuclear al país[6].
Sin embargo, en España hemos decretado el cierre temprano de nuestras centrales, a pesar del retraso palmario que acumulamos en almacenamiento y electrificación. Volvemos a ir contracorriente con una decisión contraria a la racionalidad económica, contraria a los requisitos de competitividad y autonomía energética, contraria a las necesidades de reducir emisiones, contraria a la economía de millones de hogares en España, contraria a la evidencia científica, contraria al objetivo de reindustrialización, contraria a la oportunidad de hacer de España un hub digital, contraria, en definitiva, a los intereses generales de España.
[1] Véase, para un resumen somero de ambas problemáticas, “Los cuellos de botella de la transición energética: almacenamiento” (diciembre de 2024) https://fundacionfaes.org/los-cuellos-de-botella-de-la-transicion-energetica-almacenamientoi/ y “Redes eléctricas: la columna vertebral de la transición energética” (septiembre de 2024) https://fundacionfaes.org/dialogos-faes-redes-electricas-la-columna-vertebral-de-la-transicion/.
[2] World Energy Outlook 2024, Agencia Internacional de la Energía (2024).
[3] The future of European competitiveness, Mario Draghi (2024).
[4] Acto delegado de taxonomía sobre el clima de la Comisión Europea para acelerar la descarbonización (2022).
[5] Datos extraídos del informe El papel de la energía nuclear en el marco de la transición energética, PwC (2024).
[6] https://elperiodicodelaenergia.com/italia-allana-el-camino-para-el-retorno-de-la-energia-nuclear/#google_vignette
