Las palabras vuelan, lo escrito queda. El PSOE acaba de rubricar una capitulación vergonzosa. Descontado todo lo relativo a la amnistía, y sin pretensión de exhaustividad, conviene desgranar y pasar a limpio ese albañal. Despojados del fárrago típico sobre “resolución de conflictos”, los cuatro folios suscritos por el PSOE vienen a decir lo siguiente:
“EL SECESIONISMO TIENE RAZÓN”. No solo en sus pretensiones actuales, sino en su entera trayectoria histórica. Primero, porque a una pretensión política sostenida por la fuerza y la coacción –eso fue el ‘procés’– se le concede rango de “conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”. Segundo, porque se declara como “antecedente” que la redacción original del Estatut buscaba el “reconocimiento de Catalunya como nación” e incorporaba demandas históricas que traen causa en “los Decretos de Nueva Planta (que) abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya”. Tercero, porque se apunta a la responsabilidad del Tribunal Constitucional por haber cumplido en 2010 con su prerrogativa constitucional de “legislador negativo”. Cuarto, porque se apunta también a la responsabilidad de los Gobiernos del PP por haber defendido el orden constitucional en 2014 y 2017: “El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”. La redacción de estos “antecedentes” no solo da la razón al secesionismo catalán desde el siglo XVIII hasta hoy, sino que construye la narrativa en la que se amparará la amnistía de los responsables del asalto a la Constitución y asimilados.
“ESPAÑA NO ES UN ESTADO DE DERECHO”. Eso es exactamente lo que significa normalizar la expresión “lawfare” como categoría política capaz de someter la independencia de jueces y magistrados al arbitrio de unos aventureros que fingen asumir la existencia en España de persecución judicial por motivos ideológicos. Santos Cerdán, en Bruselas, habrá podido explicárselo a sus compañeros de partido en el Parlamento Europeo –quienes, erróneamente, votaron hace unos meses levantar la inmunidad de Puigdemont– y el resto, adheridos a la vieja doctrina de que España era un Estado de derecho.
“QUEDAN ABOLIDAS LAS CORTES GENERALES EN ASUNTOS DE CIERTA TRASCENDENCIA”. Sin duda, desde una perspectiva de progreso y para dejar atrás la tesis medieval según la cual “la Nación en Cortes otorga los tributos e interviene en los negocios arduos”. Visión oscurantista por fin arrumbada: alborea en el texto del acuerdo una nueva etapa histórica en la que la arquitectura fiscal y financiera del Estado, las decisiones sobre su planta territorial y su propia condición nacional se someterán a mecanismos extraparlamentarios (“mesas”) y quedarán garantizadas mediante arbitraje internacional (“mediadores”). Todo con tal de que quede claro que “el diálogo con Catalunya” es “de potencia a potencia”.
“AUTODETERMINACIÓN A LA VISTA”. Siguiendo la técnica ya ensayada en el País Vasco –¿debemos intuir alguna tercería jeltzale?–, que permite acordar a los socialistas haciendo como que eluden lo que facilitan, se reconoce que mientras Junts propondrá la activación fraudulenta del art. 92 CE para propiciar un referéndum de autodeterminación, el PSOE optará por “desarrollar” el Estatut de 2006; es de suponer que reintroduciendo todo lo que el TC declaró inconstitucional y apelando a la muy “kelseniana” doctrina que reza: “es constitucional todo lo que el TC dice que lo es, sobre todo cuando lo controlo yo”. En suma, la vieja aspiración de mutación constitucional fraudulenta recogida en ponencias políticas y declaraciones socialistas durante los últimos diez años. Y eso incluye: reconocimiento nacional, privilegios fiscales, blindaje de la política lingüística nacionalista, bilateralidad y neutralización de cualquier control jurisdiccional que pudiera limitar alguno de esos aspectos. Ese es el “mínimum” desde el que el PSOE se muestra dispuesto a negociar el nuevo… ¿encaje?
“PUIGDEMONT, ÁRBITRO DE LA ESTABILIDAD”. A la espera de conocer el texto de la proposición de ley de amnistía, ya redactada y cuyos últimos “retoques”–según confesión de Santos Cerdán– han retrasado la investidura para eludir actuaciones judiciales recientes, nada de todo esto servirá –así se recoge– para que el secesionismo renuncie a su intención de reiterar un golpe de Estado (“vía unilateral”). Ni siquiera para dar estabilidad a un gobierno comprometido con la traición. El PSOE llega a equiparar la postura que niega validez al “referéndum” de 2017 y la que lo toma como punto de partida. Para gustos, los colores, se viene a decir. Y agota la indignidad en las últimas líneas del acuerdo al reconocer que la legislatura estará “sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones”.
El PSOE no solo ha firmado un finiquito –de muchas cosas: la Transición, el consenso constitucional, la convivencia garantizada por el Derecho–, sino que también ha firmado su finiquito: nadie podrá considerar desde ahora partido de Estado al que acaba de comprometerse a demolerlo.
