España vive una involución institucional y democrática sin precedentes desde que Pedro Sánchez se hizo cargo del Gobierno de la Nación a mediados de 2018. La concatenación de decisiones torpes, malintencionadas y liberticidas es sin duda alarmante, hasta tal punto que hay que tomar un poco de perspectiva histórica para entender que sin la labor de José Luis Rodríguez Zapatero no hubiera sido posible.
Podríamos escribir artículos enteros acerca de las consecuencias del nefasto pacto del Tinell, o del proceso de alimentación de fuerzas comunistas que importan prácticas de Hispanoamérica, pero el objeto del presente artículo es centrarnos en una enfermedad crónica y silenciosa que asola nuestro país: la adicción al gasto público de las comunidades autónomas.
A la hora de abordar este problema, debemos recordar que la estructura descentralizada del Estado español, así como la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas del territorio nacional están recogidas en la Constitución del 78 y se articulan a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que, a su vez, establece que cualquier decisión que afecte a la financiación de las comunidades autónomas ha de tomarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera por unanimidad.
Esto es importante no sólo a ojos del demagógico impuesto de solidaridad a las grandes fortunas y otros movimientos que está intentando el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también para el actual modelo de financiación autonómica que –quién lo iba a imaginar–aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2009… para contentar a sus socios separatistas e independentistas. Han pasado 14 años desde entonces y solamente hay dos aspectos que comparten todas las comunidades autónomas afectadas por esta normativa: el primero es que ninguna está conforme con ella; y el segundo son sus resultados nefastos.
Merece la pena hacer una breve comparativa histórica para entender con cifras lo que está ocurriendo con la administración regional:
- El subsector administración regional lleva al menos 27 años registrando déficit público.
- Entre 2007 y 2022, según CIGAE, el gasto público asumido por las comunidades autónomas ha crecido un 47%, mientras el PIB tan solo ha aumentado un 25%. Es por eso que el peso del gasto público sobre la riqueza regional ha crecido en casi 3 puntos en los últimos 16 años.
- El déficit del conjunto de las regiones en 2019 –antes de la pandemia– era del 0,6%, mientras que en 2022 fue del 1,12%, es decir, casi el doble, a pesar del incremento en la recaudación pública por impuestos y del escaso crecimiento económico en términos de volumen.
La razón de esta gastopatíaes el propio modelo de financiación autonómica: la política regional solamente se hace responsable del gasto público, mientras que buena parte de los ingresos vienen del Gobierno central, bien a través del propio sistema de financiación autonómica, bien a través del Fondo de Liquidez Autonómica y de facilidad financiera, a través de los cuales se han destinado casi 400.000 millones de euros a las comunidades autónomas desde 2012, según el Ministerio de Hacienda.
Lo diré de otra manera: la España contemporánea se articula en base a un modelo de financiación autonómica que impulsa los regionalismos vía gasto público, deja en manos del presidente de Gobierno de turno el modelo de obtención de los ingresos públicos y, lo más importante de todo, forma a toda una generación de políticos y ciudadanos con claros desincentivos a la buena gestión pública y a la responsabilidad a la hora de gastar el dinero de sus ciudadanos y de establecer modelos fiscales.
Si una comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña o Comunidad Valenciana en los últimos años, se dedica a despilfarrar recursos públicos en ingeniería social o identitarismo excluyente, se le premia con recursos a coste cero –FLA– y se le permite establecer sistemas fiscales confiscatorios. ¿O acaso no es confiscatorio tener 15 impuestos propios –como es el caso de Cataluña–, el mayor tipo de IRPF para las rentas altas o una tributación al ahorro que puede detraer hasta el 100% de las ganancias como en la Comunidad Valenciana?
Veamos qué ha pasado con sus principales magnitudes financieras en las últimas décadas:
- La Comunidad Valenciana ha pasado de un nivel de gasto del 15,5% en 2007 al 20,2% en 2022. El déficit público, por su parte, se ha triplicado: del 1,2% al 3,1% del PIB. Y la deuda pública –atención– prácticamente se ha cuadruplicado, pasando del 11% del PIB al 41%, es decir, 30 puntos de diferencia. Y el gobierno regional socialista todavía decía que la región tiene un problema de infrafinanciación. ¿Seguro?
- Cataluña ha tenido una evolución similar: El gasto público ha crecido 3 puntos sobre el PIB hasta casi el 17%, el déficit público se ha disparado hasta el 1,5% y es la región más endeudada de España, siendo el Gobierno de la Nación su principal acreedor a través del FLA.
La solución, a juicio de los dirigentes regionales que han llevado a cabo estas políticas de gasto, pasa por seguir derrochando ingentes cantidades de dinero en ideología y gasto político, por establecer modelos fiscales confiscatorios que ahuyentan la inversión y la actividad privada, y luego volver la vista hacia el Gobierno central para obtener recursos y hacia Madrid para descargar sus responsabilidades.
- Madrid es el ejemplo de que otra forma de hacer política es posible: la región ha conseguido el liderazgo económico y en materia de atracción de inversiones a nivel nacional, siglos después de ser capital institucional. Madrid es la comunidad autónoma que menos endeudamiento público tiene de toda España –y bajando–, es uno de los lugares más atractivos desde el punto de vista fiscal de Europa, la única comunidad autónoma que lleva desde 2012 sin acudir al FLA y la más responsable, pues ha presentado un presupuesto para 2024 con déficit 0%.
Por eso Madrid es importante para la izquierda, porque representa todo lo que hay que abatir para continuar con el modelo autoritario que quieren imponer. La decisión de imponer un 0,1% del PIB de déficit a las comunidades autónomas −por parte de la ministra Montero− es un nuevo ejercicio de irresponsabilidad que ahonda en los graves problemas que atraviesa el sistema de financiación regional. El año que viene, tras dos ejercicios de financiación récord por el impuesto en la sombra que es la inflación, las regiones españolas tendrían que presentar un déficit cero. Y en los casos en los que esto no sea posible, hay que establecer un plan de estabilización de las finanzas públicas en un período máximo de dos años. Todo lo que no vaya en esta dirección va en contra de los ciudadanos. Y gobernar es gestionar a favor de los ciudadanos, no de los intereses políticos… y mucho menos de quien duerme en Moncloa.
Daniel Rodríguez Asensio es viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
