El 11 de febrero de 1873 fue proclamada la I Republica Española. Su instauración no fue consecuencia de un gran movimiento de opinión, ni del quehacer de un partido bien asentado en el país, sino de maniobras de políticos monárquicos que el rey Amadeo de Saboya no supo neutralizar y que hicieron inviable su continuidad en el trono. El partido republicano –federal–, que se había fundado en noviembre de 1868 y conseguido una representación parlamentaria apreciable en las siguientes elecciones, no había hecho sino decaer desde entonces. “Nadie ha destruido la Monarquía en España, nadie la ha matado; la Monarquía ha muerto por una descomposición interior”, declararía el republicano Emilio Castelar.
«Carlos Dardé es catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Cantabria. Autor de Cánovas y el liberalismo conservador (Gota a Gota, Madrid, 2013)
El 11 de febrero de 1873 fue proclamada la I Republica Española. Su instauración no fue consecuencia de un gran movimiento de opinión, ni del quehacer de un partido bien asentado en el país, sino de maniobras de políticos monárquicos que el rey Amadeo de Saboya no supo neutralizar y que hicieron inviable su continuidad en el trono. El partido republicano –federal–, que se había fundado en noviembre de 1868 y conseguido una representación parlamentaria apreciable en las siguientes elecciones, no había hecho sino decaer desde entonces. “Nadie ha destruido la Monarquía en España, nadie la ha matado; la Monarquía ha muerto por una descomposición interior”, declararía el republicano Emilio Castelar.
La I República tuvo una existencia breve y convulsa, en medio de una gran agitación social, minada por dos guerras civiles heredadas –la cubana y la carlista– y, sobre todo, por una tercera, ocasionada por la división de los mismos republicanos en relación con la forma de establecer el federalismo. Su segundo presidente, Francisco Pi y Margall, dimitió al no estar dispuesto a enviar al Ejército a luchar contra quienes en Cartagena proclamaron el Cantón, negándose a reconocer la soberanía de las Cortes. Su sustituto, Nicolás Salmerón, sí recurrió al Ejército para hacer frente a la propagación del fenómeno: Sevilla, Cádiz, Valencia, Almansa y Torrevieja se proclamaron cantones independientes el 19 de julio y, un día después, Castellón y Granada; el día 22 lo hicieron Salamanca, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras. No fueron los únicos. Los enfrentamientos, con numerosas víctimas mortales, fueron numerosos: Utrera se opuso al intento de incorporación por parte de Sevilla; Huelva tampoco quiso cambiar la tutela de Madrid por la de Sevilla y pidió protección al gobierno; lo mismo que Loja, que se negó a integrarse en Granada o en Málaga; el cantón de Castellón cortó las comunicaciones con el de Valencia, por considerarlo rival suyo. Pero el presidente Salmerón dimitió al negarse a firmar las sentencias de muerte de dos soldados que habían desertado y matado a algunos de sus compañeros. El último presidente, Emilio Castelar, restableció el orden. Pero su gestión no fue aprobada y antes de que el poder pasara de nuevo a los llamados “intransigentes”, el general Pavía –sin caballo– entró en el Congreso, la noche del 3 de enero de 1874, y disolvió la Asamblea Constituyente. El proyecto republicano había quedado definitivamente truncado.
Aquella primera experiencia dejó muy mal recuerdo. El republicanismo quedó debilitado en España. Algo parecido ocurría en toda Europa, como constataba el historiador británico H.A.L. Fisher en vísperas de la I Guerra Mundial. Lo que acabó con las monarquías centroeuropeas, en 1918, fue la derrota militar, y con la española, en 1931, la complicidad de Alfonso XIII con la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, lo mismo que en 1873, el fin de la monarquía se debió más a los propios errores que al peso de la tradición republicana.
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