La política lingüística de la Generalitat de Cataluña –Estatuto de Autonomía de 1979, Ley de Normalización Lingüística de 1983, Ley de Política Lingüística de 1998, Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, Ley de Educación de 2009, Código de Consumo de Cataluña de 2010, Ley de acogida de las personas inmigradas y las retornadas a Cataluña de 2010, Ley del uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria de acuerdo con criterios pedagógicos de 2022– ha amparado y fomentado el uso del catalán, ha normalizado e impulsado el uso del catalán en la Administración, la enseñanza, los medios de comunicación social, las industrias culturales y el mundo socioeconómico. Una política lingüística que ha impedido y obstaculizado la igualdad de derechos y deberes lingüísticos en Cataluña. Lo contrario es cierto. La política lingüística de la Generalitat de Cataluña es sinónimo de trato desigual. De discriminación. Esa persecución mal disimulada que deviene una acción enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita.
Ejerzamos los derechos que nos quedan y echémosla
Una política lingüística impositiva que, en los últimos meses, ha redoblado sus esfuerzos. Puestos a hablar de los hechos recientes, merece la pena detenerse en un caso paradigmático: el reciente linchamiento público de una enfermera gaditana –que trabaja en un hospital de Barcelona– por haber cuestionada la obligación –el requisito– de dominar el catalán –grado superior de conocimiento– para ser admitida en la oposición que permite acceder a una plaza de enfermería en Cataluña.
Ahí está la actitud del Consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña que –escudándose en la forma poco afortunada de la protesta– anuncia la apertura de un expediente a dicha enfermera por sus “declaraciones intolerables” al tiempo que reivindica –únicamente, claro está– la “lengua propia de Cataluña”. Ahí están, los comentarios de algunos políticos y periodistas que hablan de “catalanofobia”, de “declaraciones contra el catalán” –la enfermera solo cuestiona el certificado exigido para opositar–, de “odio”, de “insulto”, de “ofensa”, de “lingüicidio en marcha”, de “supremacismo lingüístico” y “supremacismo castellano” de una enfermera que no “puede trabajar en ningún servicio público”. Más: las declaraciones de un cantautor de reconocida militancia independentista que exige “ejercer los derechos que nos quedan y echémosla. Tan sencillo como eso”. A lo que hay que añadir los comentarios de una conocida abogada feminista que afirma que la enfermera “tiene pinta de tonta” y de un periodista que sostiene que la chica en cuestión “ha ejercido su derecho a la imbecilidad”. Y el sindicato de clase de orientación y obediencia socialista que deja claro que el catalán es un requisito y no un mérito para opositar y, por tanto, “si no quieren aprenderlo, saben lo que tienen que hacer”. Una invitación a marcharse a su Comunidad. Así defienden las feministas a las mujeres y los sindicatos de clase trabajadora a los trabajadores.
Puño de hierro en guante de seda
Como no podía ser de otra manera, una plataforma de médicos –que quieren convertirse en un think tank “sin voluntad política”–, que responde al nombre de Metges pel Català, publica un decálogo para promover la lengua catalana en todos los hospitales catalanes. Resumen: escribir siempre en catalán la historia clínica y los informes, dirigirse en catalán al empezar la conversación, atender siempre en catalán en primera instancia, mantener el catalán en sesiones y reuniones aunque alguien hable en castellano, redactar los informes en catalán y hacer una copia en otro idioma si se pide, las recetas en catalán, llamar a los pacientes en catalán en la sala de espera, elaborar los informes de derivación y petición de pruebas en catalán, responder en catalán cualquier documento de centros sanitarios catalanes independientemente de la lengua en la cual se nos haya dirigido, promover el catalán normativo y vigilar los anglicismos.
Un decálogo que es el vivo ejemplo de la imposición lingüística en Cataluña. Ese modus operandi que se caracteriza por el puño de hierro del “siempre en catalán” enfundado en el guante de seda del “cambiar de lengua si hay dificultad de comunicación”. Esa burbuja lingüística –la sanidad y el sindicalismo se consolidan como instrumentos de imposición lingüística al lado de la educación, la cultura, los medios o la Administración– que explosiona en el contacto con una realidad que no solo no acepta dicha imposición, sino que crea anticuerpos y negatividad. De ahí, el estancamiento, a la baja, del uso de una lengua catalana que merece un tratamiento más democrático o liberal: hay que respetar el derecho a la libertad de elección de lengua –a nadie le gusta que le impongan por decreto el uso de una lengua– de todos los ciudadanos. En otros términos, el trato desigual que en Cataluña reciben la lengua española y sus parlantes explica –junto a otros factores que tienen que ver con la globalización y la tecnología– la crisis que hoy padece la lengua catalana. Por mucho que la amparen y fomenten. O precisamente por ello.
El presidente de la Generalitat de Cataluña toma la palabra
En el asunto de la enfermera díscola, Pere Aragonès toma la palabra: “A veces nos fijamos mucho en las anécdotas y eso no es representativo ni del personal sanitario de Cataluña ni del personal sanitario de nuestro país, que son gente de otros territorios del Estado o de fuera que han venido a trabajar aquí”. A lo que añade –noten la distinción entre el “personal sanitario de Cataluña” y el “personal sanitario de nuestro país”– la solución del problema: “De la misma manera que se exigiría el conocimiento del inglés para hacer de enfermero en Reino Unido o del francés en Francia, pues en Cataluña del catalán”. El President no acepta que Cataluña forma parte de España, que en España el español es la lengua oficial y que en Cataluña se habla también otra lengua cooficial que es el catalán. En ese no aceptar la realidad se concentra el problema de la enfermera gaditana instalada en Cataluña. Mientras tanto, en Cataluña se necesitan 8000 enfermeras más de la que ya hay y el nacionalismo quiere echar a una enfermera por cuestionar un requisito lingüístico excluyente.
Lo de siempre
La reacción excluyente del nacionalismo catalán obedece a lo de siempre. Esto es, el incumplimiento de la legalidad vigente y de las resoluciones de los Altos Tribunales.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sentencia 772/2015, Barcelona 9 de diciembre de 2015: “el tribunal anula, por ser contrarios a derecho, dos preceptos del Protocol d’usos linguístics per al sector sanitari públic a Catalunya y varias menciones contenidas en otros dos, referidas todas ellas a la obligatoriedad de utilizar exclusivamente la lengua catalana en distintas situaciones que se establece en el citado protocolo… Así, la Sala declara nulos los preceptos 1 y 3, que señalan que la lengua de comunicación entre el personal ha de ser la catalana y que, en las conversaciones con los usuarios de los servicios sanitarios, los trabajadores las mantendrán en catalán, independientemente de que la inicie uno u otro y de la lengua que utilice el interlocutor… también anula las siguientes menciones contenidas en otros dos artículos: ‘Las conversaciones telefónicas siempre han de iniciarse en lengua catalana’, ‘si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continuará hablándole en catalán, salvo que pida ser atendido en castellano. Si tiene dificultades para entender el catalán, se puede continuar en castellano’ y ‘en el caso de que se deba cumplimentar –como la documentación relacionada con la gestión de personal–, también ha de hacerse en esta lengua (en referencia al catalán)’”.
Tribunal Constitucional, sentencia 7/2018, 25 enero 2018: “En lo que se refiere a la vulneración del artículo 3 CE por infracción de la igualdad de trato de ambas lenguas oficiales… este Tribunal interpretó que «el precepto impugnado, que efectivamente prevé una medida de fomento del uso de la lengua catalana, para ser considerado conforme con la Constitución no puede suponer en ningún caso la proscripción del empleo de la lengua castellana… Deber de disponibilidad lingüística que supone, por tanto, la garantía del derecho de los consumidores y usuarios a recibir la documentación e información referida también en castellano»”.
En Cataluña no solo ha enfermado Montesquieu, sino también Hipócrates.
Miquel Porta Perales es crítico y escritor
