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La nueva Constitución cubana: la petrificación del Estado cuartel

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Enrique Conejero Paz es profesor titular de Ciencia Polític en la Universidad Miguel Hernández de Elche

Aquellos que esperaban que la nueva Carta Magna abriera espacios para la transición democrática se llevarán una gran decepción, puesto que mantiene la retórica comunista y el engranaje de la dictadura. Sin observadores internacionales, sabemos de antemano cuál será el resultado de referéndum.

El próximo 24 de febrero más de ocho millones de cubanos están llamados a votar en el referendo para ratificar o rechazar las modificaciones realizadas a la Constitución de la isla caribeña vigente desde 1976. Aquellos que esperaban que la nueva Carta Magna abriera espacios para la transición democrática se llevarán una gran decepción. Los 229 artículos del nuevo marco constitucional mantienen la retórica comunista y el engranaje de la dictadura tejidos durante 60 años. Nuevas/viejas reglas de juego que intentan adaptarse a los importantes cambios acaecidos en la nomenclatura de Cuba desde la última reforma del año 2002. En este período Fidel Castro tuvo que dejar el liderazgo del país por enfermedad en 2006 y delegarlo en su hermano Raúl que ha ejercido de Presidente oficialmente desde 2008. Fidel fallece en 2016 y en abril del año pasado toma el relevo el neoconservador Miguel Díaz-Canel y así por primera vez en 60 años no hay un Castro en la cúspide del sistema político.

La nueva Constitución mantiene el sistema de partido único, con el Partido Comunista de Cuba (PCC) como eje de vertebración del poder. Compuesto por 670.000 militantes que solo representan el 6 por ciento de la población, son los encargados de nutrir los cargos de la Asamblea Nacional del Poder Popular y sus niveles provinciales y locales, el Consejo de Estado y de Ministros. Por su parte, los derechos de asociación, reunión, libertad de expresión y elección directa de cargos públicos brillan por su ausencia y quedan supeditados a la aceptación de la sociedad comunista. Por desgracia, Cuba seguirá apareciendo como país no democrático según el Índice de Democracia 2018 de The Economist, nada menos que la posición 142 de 167 países analizados.

Por supuesto, los más de 2 millones de cubanos que han tenido que emigrar no tendrán derecho a votar, así las tres grandes olas de emigración que han sacudido a Cuba desde 1959 no solo se han llevado a las personas sino también sus derechos. La primera ola se extendió hasta la década de los años setenta donde casi un millón de cubanos abandona el país, la segunda conocida como la de los marielitos expulsó a más de 100.000 personas en apenas cinco meses de 1980. Y la tercera está marcada por la crisis de los balseros en 1994 y se mantiene hasta hoy. Exilio y diáspora son una triste realidad del socialismo tropical cubano.

La reforma constitucional institucionaliza el modelo de Estado cuartel desarrollado por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell: no solo se mantiene sino que se intensifica la militarización de la sociedad. Los militares forman parte del Consejo de Ministros, tienen dos vicepresidencias y están al frente de los Ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas, así como controlan la principal empresa de turismo (Gaviota) con el exyerno de Raúl al frente. Y si ello no es suficiente, se eleva a rango constitucional las Fuerzas Armadas Revolucionarias y un tenebroso Consejo de Seguridad Nacional. Se mantiene el monopolio estatal de la opinión pública, la movilización popular intensiva y la generación permanente de un discurso de guerra contra “enemigos” internos y externos con un claro tinte schmittiano que salpica la cotidianidad del pueblo cubano.

Las únicas novedades relevantes son la creación de la figura del primer ministro, un cargo para restarle poder y controlar al inexperto Díaz-Canel y a los que vengan después, y se eliminan las Asambleas Provinciales del Poder Popular sustituyéndose por gobernadores provinciales designados. Un poder ejecutivo al estilo chino vigilado por el PCC y los militares.

En el plano económico se reconoce la propiedad mixta y privada, pero siempre controlada por el Estado y haciendo énfasis en que la propiedad pública es la más relevante. Por tanto, solo se ha puesto sobre el papel la realidad económica que viene operando en Cuba desde la década de los noventa. Desde la caída del Muro de Berlín su maltrecha economía ha tenido que recurrir a la inversión extranjera para subsistir: Venezuela, China, España, Canadá, Brasil, entre otros, están presentes en la isla. La incertidumbre, la falta de infraestructuras y la inseguridad jurídica hacen que la inversión extranjera apenas aumente. En 2018 apenas alcanzó los 2.000 millones de euros.

Curioso referendo cuando no hay posibilidad de que los partidarios del NO hagan campaña. Recordemos que hasta la dictadura de Pinochet en Chile permitió la campaña por el NO en el plebiscito de 1988. Para los nostálgicos de la deliberación, tenemos las redes sociales y al menos allí se está librando un interesante debate entre las etiquetas #YoVotoSí, #YoVotoNo y #YoNoVoto, un proceso inédito en Cuba que no sabemos qué impacto tendrá. Al no permitirse observadores internacionales, ya sabemos de antemano cuál será el resultado de referéndum constitucional; solo nos quedará el consuelo de saber cuánto voto en contra, nulo, en blanco o abstención habrá.

Supongo que es fácil percibir que una parte importante de mi vida ha transcurrido en Cuba, ese alegre país que Cristóbal Colón bautizó como “la tierra más hermosa que ojos humanos vieron; si existe un paraíso en la tierra con tanto encanto y riqueza aquí se encuentra”. Paraíso congelado a la espera de que los cubanos de dentro y de fuera sepamos encontrar el camino hacia una verdadera democracia.